El PP niega haber recibido financiación ilegal y acusa a Rubalcaba del «montaje»

El PP niega haber montado una Filesa -similar a la que creó el PSOE en los años ochenta- para financiarse ilegalmente en Valencia, como sostiene un informe de la Brigada contra el Blanqueo de la Policía. Francisco Camps y Ricardo Costa, con el apoyo del PP valenciano y de la cúpula del partido se atrincheraron en el desmentido a las acusaciones, al tiempo que acusan al ministro del Interior de haber orquestado un «montaje». Mariano Rajoy ha dado carta blanca al presidente de la Generalitat para impulsar esta estrategia defensiva a la que él mismo colaboró aplazando cualquier decisión hasta las resoluciones judiciales. Pero en las filas del partido bulle el malestar de muchos miembros de la dirección nacional que consideran la situación insostenible mientras Costa, secretario general del partido regional y supuesto gestor de la financiación ilegal, y el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Vicente Rambla, no dimitan.

El hecho de que no existan actuaciones judiciales ha permitido a la dirección del PP culpar a Alfredo Pérez Rubalcaba de urdir una operación de descrédito a partir del informe policial que revela la existencia de operaciones irregulares en la financiación de la organización en Valencia, a través de la contratación de Orange Market, la empresa valenciana del entramado de Francisco Correa. «Yo me atengo a lo que digan los tribunales», dijo Rajoy el jueves por la noche, tras apuntar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó investigar el asunto. «El tribunal ha dicho que, para ellos, este caso no existe», sostuvo el líder de la oposición.

Querellas

Todos los dirigentes de la cúpula nacional salieron ayer en tromba a apoyar la tesis negacionista que lidera Francisco Camps y que también sostuvo en la Comunidad Valenciana durante una larga rueda de prensa su secretario general, Ricardo Costa, uno de los protagonistas de las conversaciones interceptadas por la policía. Según Costa, se trata de «un claro montaje instigado por el Ministerio del Interior», argumento apoyado con idéntica contundencia por el coordinador de Libertades y Justicia del PP, Federico Trillo, quien aseguró que se trata de «un montaje urdido por la policía gubernativa», la «policía de confianza» del ministro.

Por elevación, otros dirigentes acusaron al presidente del Gobierno de promover este tipo de actuaciones, que los populares enmarcan en la persecución que llevan denunciando desde el pasado agosto y que ahora Trillo resume como una situación de «indefensión y opresión política» sobre su partido. Camps no quiso pronunciarse, y se limitó a suscribir las palabras de Costa, quien desveló además que sus abogados ya tienen preparada una denuncia contra los autores de un documento que calificó de «sesgado, intencionado y sin pruebas». También Vicente Rambla, presunto intermediario ante la Administración para la concesión de contratos a empresas que supuestamente pagaban gastos del PP a través de Orange Market, se querellará por injurias contra su honor.

La dirección nacional del partido conocía el polémico documento desde hace unos diez días, cuando las partes del 'caso Gürtel' fueron informadas. Tenía asimismo noticias de que la policía investigaba las finanzas del partido en Valencia desde antes del verano, y preparó una estrategia para hacer frente a sus efectos políticos. En cuanto a los cargos aludidos, el PP no hará nada hasta que un tribunal se pronuncie en su contra.

La secretaria general del partido, Dolores Cospedal, y el vicesecretario, Javier Arenas, se encargaron de desmentir la existencia de una financiación ilegal, a la que apuntan tanto los datos del informe como las conversaciones grabadas entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez, 'el Bigotes'. «El PP no ha construido ni inventado ningún tipo de operación que conduzca a la financiación ilegal», aseguró en RNE Arenas, que se aferró a las auditorías del Tribunal de Cuentas y añadió que si hay «empresas que puedan tener dos contabilidades será responsabilidad de esas empresas».

Precisamente, las informaciones que relacionan a las firmas adjudicatarias de los contratos de la Generalitat con la financiación del PP son las que más teme la dirección del partido, que ya conoce los contenidos del informe policial aún no publicados por los medios de comunicación.