La Diputación vizcaína avisa a Urgell de su «respaldo absoluto» a Vidarte

Un nuevo recurso abre la vía a que el Tribunal de Cuentas vuelva a fiscalizar la ruinosa compra de dólares en el Guggenheim

JON FERNÁNDEZ| BILBAO

Si el Gobierno vasco decide mover ficha para destituir a Juan Ignacio Vidarte al frente del Guggenheim, se topará con un rotundo 'no' de la Diputación vizcaína. El principal socio del Ejecutivo autonómico en el museo se ha apresurado a cerrar filas en torno al actual director general. «Tiene nuestro absoluto respaldo y también el de la Fundación -a la que debe rendir cuentas el máximo responsable-», confirmaron ayer fuentes de la institución foral. Ese apoyo sin fisuras llegó un día después de que la consejera de Cultura, Blanca Urgell, apostara por abordar «cambios en la gestión» del prestigioso centro cultural en una entrevista con EL CORREO. Todo, cuando aún resuenan los ecos del 'caso Cearsolo' y la ruinosa compra de dólares.

Urgell se mostraba partidaria de revisar la estructura societaria de la sociedad encargada de comprar las obras de artes -la Tenedora- y dejaba entrever su visto bueno a una posible sustitución de Vidarte. «Entra dentro de los temas que debemos hablar con la Diputación. Somos socios al 50% y sin duda la decisión tiene que partir de los dos. Yo entiendo que hay que hacer algo en ese sentido», aseguraba la consejera, que se mostró también partidaria de continuar con la investigación de los últimos escándalos.

El gabinete encabezado por José Luis Bilbao no termina de entender «a qué se refiere» la consejera con esas palabras, aunque ha decidido tomar posiciones al cobrar fuerza la posibilidad de que el Ejecutivo autonómico pueda intentar un relevo en la cúpula dirigente del Guggenheim. Al fin y al cabo, los socialistas -que están al mando del Gobierno vasco- apostaron abiertamente por el cese del director en la comisión de investigación del Parlamento vasco que a finales de 2008 estudió las presuntas irregularidades en la gestión del museo.

«Si Urgell se refería a la destitución, debe saber que Vidarte cuenta con nuestro pleno apoyo», zanjó ayer un portavoz del departamento de Cultura en una conversación con este periódico. La sintonía del directivo con la Diputación parece absoluta. Muestra de ello es que ésta firmara con él hace sólo dos semanas el convenio de colaboración para impulsar un segundo Guggenheim en Urdaibai sin contar con la consejería. En Lakua sentó bastante mal el acuerdo. No sólo por el hecho de haberse enterado de él «por la prensa», sino porque considera «prematuro» un movimiento de ese tipo sin tener todavía sobre la mesa los estudios de viabilidad del proyecto.

Sin precedentes

Mientras la relación entre las dos instituciones encargadas de la gestión del museo se enturbia a pasos agigantados, un nuevo recurso ha abierto la vía para que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) revise el informe que sobre el fiasco de la compra de divisas entre 2002 y 2005 aprobó en el último pleno con mayoría del PNV; un informe demasiado 'blando' a juicio de socialistas y PP. La vocal Begoña López Errasti -nombrada a propuesta del PSE- entiende que se debía haber dado la oportunidad de presentar alegaciones al Consejo de Administración de la sociedad Tenedora y no a su apoderado, el propio Juan Ignacio Vidarte. «Hay indefensión», señalaba la experta. El presidente del TVCP rechazó la impugnación por considerar que la legislaciónno otorga a los vocales esa facultad. Pero López Errasti asegura el recurso se refería «al trámite de audiencia a los interesados» y no a la totalidad del dictamen.

Ahora, la decisión de retomar o no la elaboración del informe de fiscalización queda en manos del nuevo tribunal, donde la relación de fuerzas ha cambiado: los socialistas y el PP suman cuatro representantes por tres de los jeltzales. ¿Qué ocurrirá? No existen precedentes conocidos, si bien fuentes de la institución sostienen que cabe la posibilidad de dejar sin validez el trabajo aprobado por sus predecesores. Un informe jurídico del equipo de letrados les puede sacar de dudas, aunque existe también la opción de que los populares y el PSE pidan una revisión en el Parlamento. La solución, tras el verano.