Los talleres de Zorrozaurre buscan una salida

La falta de alternativas para el traslado sume en la incertidumbre a las pequeñas empresas

TERESA ABAJO| BILBAO
Panorámica de Zorrozaurre, donde hay un centenar de empresas en activo con más de mil trabajadores. / FOTOS: F. GÓMEZ/
Panorámica de Zorrozaurre, donde hay un centenar de empresas en activo con más de mil trabajadores. / FOTOS: F. GÓMEZ

Zorrozaurre se ve de otra manera desde los talleres que levantan la persiana a partir de las seis, tal como han hecho día a día en los últimos años pero con menos bullicio alrededor y menos futuro. Desde esta perspectiva, el desarrollo urbanístico del principal espacio de oportunidad de Bilbao no tiene la silueta de Manhattan, sino la forma de un signo de interrogación. «¿Adónde vamos?», resume Joseba Langarica, gerente de la fábrica de cadenas Lar, 'hermano pequeño' de Vicinay. Es la pregunta que se plantean las más de cien empresas que siguen en activo en la zona, con unos 1.200 trabajadores, y pocas han encontrado una respuesta.

Las grandes firmas como Vicinay y Cromoduro ya tienen una ubicación alternativa, en Sestao y Amorebieta respectivamente. La incertidumbre se cierne sobre los talleres y pequeños negocios, que se sienten «desamparados» en este inmenso escenario. Los que han hecho números se llevan las manos a la cabeza. «Por un terreno en Zamudio me piden 1.200 euros el metro cuadrado y esto no me lo han tasado ni en 600», explica Langarica. El valor de cada metro cuadrado de Zorrozaurre en su estado actual, antes de la gran transformación, es de 585 euros, según un estudio realizado en febrero de este año.

«El parón es brutal»

«Nos están dejando en una situación de quiebra técnica», denuncia el gerente de la empresa, con doce trabajadores. A su juicio, las instituciones han «discriminado» a los empresarios de la zona frente a los vecinos, «que reciben ayudas a fondo perdido para rehabilitar sus casas. A nosotros nos imputan los costes de inertización de los terrenos y las cargas de urbanización», que en una zona donde está previsto construir ocho puentes, entre otras infraestructuras, no son desdeñables. Y la mitad de los pisos que se edifiquen serán de protección oficial, lo que «resta valor al suelo».

La comisión gestora ya ha visitado el pabellón de Lar y otros muchos negocios para fijar el importe de la indemnización por derribo, que se calcula teniendo en cuenta el espacio y la actividad económica. La entidad también sufraga el traslado de las instalaciones, pero la clave está en el terreno. En teoría, a cada propietario le asignarán una parcela de la misma superficie que la que tiene y él deberá encargarse de venderla y de comprar otra para continuar su actividad. Pero todos son conscientes de que esta fórmula tan simple no funciona. En primer lugar, porque la crisis se ha cruzado en su camino y el suelo se está devaluando. Hace tiempo que las inmobiliarias no recorren la ribera de Zorrozaurre en busca de jugosas inversiones. «Hace dos años nos ofrecían 1.000 o 1.200 euros por metro cuadrado», recuerdan en un taller de almacenaje y transporte. «Ahora no hay movimiento».

Aunque lograran cerrar un buen trato, se enfrentarían a otro problema. «En Vizcaya no hay suelo industrial, sólo para empresas de 500 metros cuadrados, y lo que encuentras tiene precios disparatados. El único sitio donde parece que hay algo es en Vitoria, pero la gente quiere quedarse aquí», afirma Feliciano Fernández, gerente de Productos Vulcanizados. Él lleva 53 años en este pabellón, un observatorio privilegiado de la situación económica porque se dedica a fabricar cables eléctricos «para el sector de la vivienda y la industria. No hay un duro y el parón es brutal. En las grúas para la construcción, los pedidos están al 10%. Esto no va a arrancar tan fácilmente», augura asomándose a la ribera de la futura isla.

«Bastantes problemas tenemos con intentar salir del agujero», se lamenta Jaime Uriarte, de Cisidel, que produce herramientas de corte para madera. Son catorce empleados «y el año pasado éramos 22, algunos se han prejubilado». La comisión gestora ha fijado en 330.000 euros la indemnización por el derribo. «¿Adónde vamos con eso?», se pregunta. «Hemos intentado vender el terreno a constructores y nadie quiere comprar porque no está nada claro. Nosotros trabajamos a gusto aquí, y sólo queremos que nos den una nave en las mismas condiciones. No buscamos lucrarnos ni ganar dinero con esto. Lo único, salir vivos».

En los callejones de Zorrozaurre hay más vida de lo que parece. En la distancia la península se ve como un desierto con cubiertas en forma de diente de sierra, pero en primer plano hay máquinas que pesan toneladas, herramientas de precisión, manos curtidas, un camión cargado de colchones, menús del día. Incluso estatuas, las que adornan la entrada a la marmolería El Abra. «Llevamos diez o doce años mentalizados para marcharnos y aún no tenemos nada claro», dicen. «No hay una oferta seria, y no queremos especular ni que otros especulen».

Los afectados han mantenido algunas reuniones aunque no acaban de unirse para reivindicar una salida organizada, quizá porque aún no hay una fecha creíble para el desalojo. «En 2004 nos dijeron que para 2010 tendríamos que estar fuera, y ya ves», comenta una empleada junto al depósito de vehículos, donde hay muchos negocios de alquiler. «Mientras no se muevan los grandes, Vicinay, Cromoduro y Matricerías....» La piqueta llegará antes o después y si no hay alternativas «nos están condenando al cierre o a marcharnos a Burgos y Cantabria, los que puedan», concluye Langarica. «Esto sería una pérdida para Bilbao. Son empresas familiares que redistribuyen mucha más riqueza que una constructora».

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