Desmontando a Madrazo

El Gobierno de Patxi López pone en cuarentena los ejes de la política de Vivienda desarrollada por el departamento de Ezker Batua

JAVIER MUÑOZ| BILBAO
El ex consejero Javier Madrazo, durante la entrega de las llaves de una promoción de pisos de alquiler protegido construidos en Vitoria. / IGOR AIZPURU/
El ex consejero Javier Madrazo, durante la entrega de las llaves de una promoción de pisos de alquiler protegido construidos en Vitoria. / IGOR AIZPURU

La política en materia de vivienda de los gobiernos de Juan José Ibarretxe, un área en la que Javier Madrazo administró 2.919 millones de euros entre 2001 y mayo del presente año, parece haber sido puesta en cuarentena por el Ejecutivo del PSE. Cuando todavía no ha diseñado sus planes concretos, el nuevo consejero del área, Iñaki Arriola, ha suprimido la medida más ambiciosa de su predecesor para ayudar a los parados amenazados de desahucio: la recompra de sus pisos. Además, ha apostado por encarecer las promociones protegidas para buscar compradores de clase media-alta y aumentar la rentabilidad de las operaciones inmobiliarias; ha propuesto «reorientar» el programa Bizigune, que moviliza inmuebles vacíos para el arrendamiento; y, sobre todo, ha desatado una controversia sobre el acceso universal a los pisos de alquiler público. «No hay sociedad que aguante el derecho a la vivienda por la gracia de Dios», resumió gráficamente esta semana el responsable socialista.

A la espera de que se concrete el plan director de Vivienda 2009-2013, los pronunciamientpos de Arriola y de sus colaboradores anticipan un profundo giro en las políticas desarrolladas hasta ahora por Ezker Batua, el socio más a la izquierda del tripartito y el que esgrimió como un estandarte de su política el derecho al alquiler, reconocido en similares condiciones a la sanidad y la educación. Por si fuera poco, el desmarque del PSE respecto a sus predecesores no se ha limitado al área de Vivienda, que ha sido integrada en el mismo departamento que la 'Y' ferroviaria vasca. Sin ir más lejos, la nueva consejera de Empleo y de Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, también se ha apresurado a anunciar la supresión del Defensor del Menor, una figura creada por la consejería de EB.

De todos modos, Iñaki Arriola niega que la celeridad con que ha marcado distancias de la anterior Administración obedezca a una estrategia deliberada. «El ritmo de nuestras intervenciones ha venido marcado por las comparecencias parlamentarias», asegura el consejero. «Queremos mantener en Vivienda aquellas cosas que consideramos aprovechables. Pero, ciertamente, el gran pacto que hemos propugnado representa un cambio respecto a las políticas anteriores, ya que antes no se contaba con todos los agentes implicados; es decir, con los ayuntamientos, los promotores privados y las cajas de ahorros».

Desequilibrio geográfico

El sucesor de Madrazo asegura que la apuesta del PSE por el alquiler es «clara», pues quiere elevar el parque de arrendamiento protegido en 16.000 nuevos pisos para 2013, lo que supondría el 40% de todas las promociones públicas que se edifiquen en ese periodo. Por otra parte, los socialistas quieren corregir el desequilibrio geográfico de las viviendas de protección oficial (VPO), que se han concentrado tradicionalmente en Vitoria porque dispone de más suelo y porque las condiciones de sus terrenos reducen los costes de edificación en comparación con Guipúzcoa y Vizcaya, donde la demanda de pisos es mayor.

Ahora bien, Arriola también se pregunta si merece la pena seguir adjudicando los pisos protegidos en derecho de superficie, pues a los 75 años revierten a la Administración, de modo que, a largo plazo, le añaden nuevas cargas. Tal reflexión le aleja claramente de los postulados de su predecesor, para quien el derecho de superficie es una garantía de que las VPO conservarán su utilidad social una generación tras otra. En cambio, ambos políticos están de acuerdo en que los pisos públicos no se puedan vender nunca en el mercado libre, tal y como dice la Ley vasca del Suelo, que pudo ser aprobada en 2006, gracias al respaldo que los socialistas vascos brindaron a Madrazo frente a las reticencias iniciales del PNV.

«He sido alcalde de Eibar», sub- raya Arriola con indisimulado orgullo. «Así que vengo de una gestión del suelo nada fácil a causa de la orografía. Y, por el hecho de encontrarme ahora en el Gobierno vasco, no quiero perder la política de cercanía que he mantenido siempre». Esta declaración de principios del actual titular de Vivienda, cuyo partido ocupa importantes alcaldías en Euskadi, remite a una visión institucional sustancialmente distinta de la mostrada por Ezker Batua. Y es que cuando esa formación desembarcó en el Gobierno de Ibarretxe hace ocho años, protagonizó un sonado enfrentamiento con los municipios que costó encauzar una legislatura entera, sin contar con el permanente tira y afloja con la Diputación de Vizcaya.

Reactivar la economía

De todos modos, en Ezker Batua sostienen que la «estructura» creada desde entonces en el área de Vivienda permitiría a los socialistas acometer «objetivos más ambiciosos» que los que parecen haberse marcado por el momento y que, a su modo de ver, apuntan en la dirección del plan estatal del Gobierno de Zapatero. «Por un lado -afirma Iker San Román, ex director de Planificación con Madrazo-, ellos contemplan los pisos como un mero instrumento para reactivar la economía y el sector de la construcción. Por otro, como un bien de carácter puramente patrimonial».

Una de las preguntas que lanza San Román es cómo se va a materializar el espectacular aumento del parque de alquiler público anunciado por el Gobierno de Patxi López, que se ha propuesto duplicar su tamaño en cuatro años. El técnico de Ezker Batua argumenta que un objetivo de tal envergadura requerirá un notable esfuerzo presupuestario del Ejecutivo, salvo que «quizá los pisos de alquiler se proyecten con una opción de compra al cabo de un tiempo».

El consejero Arriola, entre tanto, recalca que, en materia de Vivienda, él no es partidario de lo que denomina «brindis al sol». «Los pisos los pagamos todos», repite constantemente. «Existe un derecho constitucional a la vivienda, pero hay que objetivizarlo, hay que determinar cuáles son los requisitos económicos y sociales de acceso». En su opinión, definir los perfiles de ese derecho, teniendo en cuenta los recursos disponibles, será uno de los grandes debates de los próximos tiempos. «Los pisos no vienen del cielo», señala.