Continuar o retroceder

JAVIER MADRAZO| EX CONSEJERO DE VIVIENDA Y ASUNTOS SOCIALES

La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada en 1948, promueve el reconocimiento del acceso a una vivienda digna como un derecho básico de todas las personas. La Constitución del Estado español, ratificada treinta años después, asume esta definición en su artículo 47 y va un paso más allá al instar a los poderes públicos a que adopten las medidas necesarias que posibiliten el ejercicio real y efectivo del derecho básico a la vivienda.

Cuando me incorporé en el año 2001 al Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco lo hice acompañado de un equipo de profesionales, en su mayoría menores de 35 años, sabedores, por experiencia propia, de las dificultades a las que se enfrentaba su generación, y las siguientes, para encontrar un 'techo' en el que llevar adelante un proyecto de vida independiente. Partimos de aquello que ya estaba hecho, reconocimos los aciertos de quienes nos precedieron e iniciamos un camino nuevo que primaba el carácter social de la vivienda sobre su carácter económico.

Hace ocho años el presupuesto anual de vivienda se situaba aproximadamente en 75 millones de euros; la capacidad de producción a duras penas sumaba 2.000 unidades por ejercicio y el parque de alquiler no superaba las 700 viviendas. Los procesos de adjudicación también debían ser mejorados para garantizar su transparencia e impedir toda opción de fraude. Dos legislaturas después, el presupuesto de vivienda alcanzaba los 625 millones de euros, y se construían más de 7.000 unidades por año. La apuesta por el alquiler fue otro objetivo, y hoy contamos con más de 19.000 viviendas en esta modalidad, 4.500 de ellas movilizadas a través del programa Bizigune.

Somos la única comunidad que ejerce el tanteo y retracto con carácter universal; todas las promociones tienen calificación permanente y se han realizado más de 45.000 inspecciones para evitar irregularidades. Hemos cumplido con nuestra obligación. Nos encontramos en una carrera de fondo, una carrera de relevos, en la que cada equipo pasa el testigo a otro, no para retroceder, sino para avanzar hacia el reconocimiento efectivo y eficaz del derecho a la vivienda. En este caso, como ocurre con la sanidad, la educación o las pensiones, las siglas no deben contar ni tampoco habrían de hacerlo los pactos de gobierno, aunque sean con el Partido Popular.

Afirmar que «no hay sociedad que soporte el derecho a la vivienda para todos por la gracia de Dios», como se ha dicho esta misma semana en el Parlamento vasco, implica un desacuerdo de fondo con el espíritu y la letra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución del Estado español. Sabemos que queda mucho por hacer y sabemos que alcanzar la meta requiere tiempo y esfuerzo, pero el punto de partida es la convicción. No tiene sentido apelar a nuevos derechos de ciudadanía en periodo electoral si después se pone en tela de juicio el derecho básico a un lugar en el que vivir. Soy plenamente consciente de que en el año 2001 no había opciones reales para reivindicar en Euskadi el derecho subjetivo, con tutela judicial, a una vivienda en alquiler. Sin embargo, hoy sí las hay.

En el año 2008 remitimos a la Cámara de Vitoria-Gasteiz el Proyecto de Ley de Vivienda, que tiene su origen en la aprobación de la Ley de Suelo y Urbanismo en 2006. La universalidad, la efectividad y la garantía judicial del derecho a una vivienda en alquiler pueden ser realidad en Euskadi, como lo son, por ejemplo, en Escocia; porque en el año 2012, si el nuevo Gobierno vasco mantiene la estrategia actual, habrá un parque de alquiler de 35.000 viviendas, que serán 50.000 en el año 2016. Los sorteos de vivienda podrían desaparecer en tres años en el caso de los pisos sociales y en cinco en el ámbito de la vivienda protegida en alquiler.

Hay recursos económicos para ello y, además, el lehendakari prometió en campaña duplicar el presupuesto en vivienda. Este anuncio, lamentablemente, no coincide con las reservas actuales de su Gabinete. Me preocupa que después de los avances logrados, muchos de ellos apoyados por el PSE, ahora, no sé si por iniciativa propia o presiones del Partido Popular, el Gobierno vasco actúe como lo hicieron sus compañeros en Navarra cuando votaron junto a UPN y CDN, en abril de 2008, para oponerse al reconocimiento por ley del derecho subjetivo a la vivienda en la comunidad foral.

Miloon Khotari, ex relator de Naciones Unidas para la Vivienda, declaró, tras una visita a Euskadi, que en nuestra comunidad «se trabaja en leyes que garanticen el derecho a una vivienda y pueden ser un ejemplo en España y en el mundo». El Gobierno vasco nunca lo ha tenido mejor para liderar una auténtica política progresista de vivienda. Los cimientos, por una vez, son sólidos. Ha llegado la hora de continuar o retroceder. Si en algo podemos contribuir, que sepan quienes tienen la competencia de vivienda que estamos a su disposición. Lo dicho: ésta es una carrera de relevos, en la que o ganamos todas y todos o perdemos todas y todos.