Cabreo en el Supremo

La decisión del Constitucional levanta ampollas en el tribunal que anuló la lista de Iniciativa, que se siente «desacreditado»

ANTONIO SANTOS| BILBAO
Casas, presidenta del Constitucional, saluda al del Supremo, Carlos Dívar, en presencia de Javier Rojo. / EFE/
Casas, presidenta del Constitucional, saluda al del Supremo, Carlos Dívar, en presencia de Javier Rojo. / EFE

«Es un buen palo». «Supone la desacreditación más absoluta». «Nos han enmendado la plana». Magistrados del Tribunal Supremo no disimulaban ayer el duro golpe que les ha asestado el Constitucional al rebatir su sentencia sobre Iniciativa Internacionalista (II-SP) y permitir que la candidatura encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre participe en las elecciones europeas del 7 de junio. La sentencia de la Sala Segunda del TC puede abrir uno de los mayores cismas entre dos instituciones judiciales que tradicionalmente nunca han mantenido una buena relación y que se han acusado históricamente de extralimitarse en sus funciones.

El auto dado a conocer apenas una hora antes de que arrancara la campaña electoral es contundente y deja en muy mal lugar a los magistrados de la Sala Especial del 61, encargada de los procesos electorales y de las ilegalizaciones. Les acusa directamente de haber cometido un «grave perjuicio» a II-SP y de haber «lesionado el derecho» de este partido a tomar parte en las elecciones dando más valor del que merecían a indicios sin el «suficiente» peso probatorio. y les recuerda que «no basta» con constatar «la existencia de una intención defraudatoria», sino que deben encontrarse «similitudes sustanciales» entre Batasuna y la candidatura que se pretende anular.

El Constitucional alude, en este sentido, a la necesidad de hallar coincidencias «sustanciales» en las «estructuras, organización y funcionamiento» y en las personas «que los componen, rigen, representan o administran», así como nexos comunes en los «medios de financiación o materiales». Para el más alto tribunal del Estado sus compañeros se han dejado guiar por una impresión -que Iniciativa Internacionalista pondrá sus espacios al servicio de la ilegal Batasuna, con la que mantiene una «coincidencia ideológica», como entienden ambos tribunales- y no por pruebas reales.

Una ausencia de certezas que también provoca en la sentencia la reprimenda de los magistrados a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y las Fuerzas de seguridad del Estado. A ellos y al Supremo les advierte de que «es preciso extremar el rigor a la hora de tener por probada la realidad del fraude».

«Aviva el conflicto»

Esa alusión a la falta de «rigor» ha caído como un «mazazo» entre los componentes de la Sala del 61. Y no se trata, precisamente, de juristas de poca experiencia. El órgano encargado de controlar el cumplimiento de la Ley de Partidos lo integran, además del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, los presidentes de las cinco Salas de ese tribunal, los cinco magistrados con más antigüedad en cada Sala y los cinco con menor trayectoria. «La descalificación no ha sido para una Sala, algo que ha pasado con anterioridad, sino a lo que se puede denominar como el pleno del Supremo. Es innegable que aviva el conflicto institucional», reconocían dentro de ese tribunal.

En esta línea, a los magistrados «desacreditados» -en especial los once que apoyaron la anulación de la candidatura, ya que los cinco que firmaron votos particulares se han sentido aliviados- les ha molestado que la sentencia haya bajado al detalle y haya restado valor a los indicios en los que el Supremo se apoyó en su resolución. «Si nos han valido a nosotros, ¿por qué nos lo corrigen? A nosotros nos toca evaluar las pruebas, a ellos ver si se ha vulnerado algún derecho fundamental. Podían haber sido más generales en sus apreciaciones», explican.

Todas las fuentes consultadas coinciden en que el Constitucional ha marcado «un camino» que la Sala del 61 deberá seguir en próximas convocatorias electorales. Y hará también que la Fiscalía General, encabezada por Cándido Conde Pumpido, tenga que replantearse el procedimiento que ha seguido para intentar anular la candidatura de Iniciativa Internacionalista.