Vecinos de Berango piden que se anule la licitación del proyecto de construcción de 80 viviendas en la campa de Lanzarte

Denuncian "irregularidades, tanto en la forma como en el contenido, en el proceso de contratación para llevar a cabo la modificación del planeamiento municipal, redactar el proyecto y asumir la dirección de obra"

EUROPA PRESS |BILBAO

La agrupación vecinal Vecinos de Lantzarte ha presentado hoy un recurso ante Bizkailur y la Diputación en el que solicitan la nulidad de las actuaciones hasta ahora realizadas por la sociedad pública dependiente del ente foral para la licitación pública del proyecto de construcción de 80 viviendas en la campa de Lantzarte, cuyo anuncio fue publicado el pasado 2 de abril. Los vecinos denuncian "irregularidades, tanto en la forma como en el contenido, en el proceso de contratación para llevar a cabo la modificación del planeamiento municipal, redactar el proyecto y asumir la dirección de obra".

En primer lugar, indican que el terreno que soporta las viviendas está calificado en la actualidad como "libre y deportivo" y no está permitido en el mismo el uso residencial. En el avance del Plan se plantea el mantenimiento del uso libre y deportivo de dichos terrenos. Sin embargo, los pliegos de la contratación de Bizkailur parten de un documento de planeamiento municipal, en el que se plantearía la recalificación de los mismos. Los vecinos manifiestan que "ni siquiera se ha aprobado inicialmente el PGOU para proponer su recalificación, por lo que no se ha justificado el cumplimiento de las condiciones exigibles para dicho cambio de uso, según establece la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo". "Se está contratando partiendo de algo inexistente", se quejan los vecinos.

Por otro lado, denuncian que la invalidez del procedimiento se deduce también de la inexistencia de un convenio urbanístico entre el Ayuntamiento de Berango y Bizkailur, que justificase el presente contrato, su necesidad o procedencia. En esta misma línea, sostienen que dicho convenio tampoco ha sido publicado en el BOB con anterioridad a la publicación de la licitación, un requisito indispensable según la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo, que posibilite el derecho de acceso y consulta, así como de presentar alegaciones por las personas afectadas por un plazo de 20 días. Por ello, además de la nulidad, solicitan la suspensión del proceso de contratación.

Por último, los vecinos califican de "arriesgado" destinar 720.000 euros de fondos públicos a un proyecto "que puede que nunca vea la luz, teniendo en cuenta que alrededor del 15 por ciento del censo ha firmado en contra del proyecto". Como conclusión, denuncian un proceso que "atenta contra todo principio de legalidad, transparencia y participación" y, por este motivo, se concentrarán mañana frente al Ayuntamiento, a las siete de la tarde.

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