El Gobierno busca estabilidad en el Congreso a través del pacto de financiación autonómica

Aspira a cerrar antes del verano un pacto que despeje el camino a futuras alianzas parlamentarias que mitiguen su soledad

P. DE LAS HERAS| COLPISA. MADRID
Ridao y Tardá, de ERC, en el Congreso. / EFE/
Ridao y Tardá, de ERC, en el Congreso. / EFE

José Luis Rodríguez Zapatero necesita que la financiación autonómica se resuelva cuanto antes, y que se resuelva bien. El deseo de que el nuevo acuerdo esté cerrado tan pronto como lo permita la constitución del nuevo gobierno gallego obedece a un objetivo: acabar con la sensación, cada vez más extendida, de que el Ejecutivo central está abocado sin remedio a la parálisis en todos los frentes que requieren de consenso, y despejar el camino a futuras alianzas parlamentarias que garanticen una mínima gobernabilidad.

Con Convergencia i Unió y el Partido Nacionalista Vasco dispuestos a hacer pagar a Zapatero su expulsión del poder en Cataluña y Euskadi pese a ser las fuerzas más votadas, las miradas del PSOE se han vuelto hacia una dirección a la que muchos en el partido habrían querido no tener que recurrir. Sobre todo, después del infausto recuerdo que la amistad con los independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) dejó en los sectores más jacobinos del partido. El PP ha sacado el debate político del terreno del «España se rompe», y eso facilita mucho las cosas.

Los socialistas cuentan con que antes del verano, pero después de las elecciones europeas, el Tribunal Constitucional logrará resolver el recurso presentado por el principal partido de la oposición contra el Estatuto de Cataluña, y que lo hará con una sentencia que, más que anular artículos, acote su interpretación y fije criterios legales de actuación.

Por las mismas fechas se habrá celebrado ya el Consejo de Política Fiscal y Financiera que debe dar el visto bueno al nuevo modelo de financiación autonómica. «Si es así, podremos afrontar la negociación de Presupuestos con otro espíritu», dice un miembro de la dirección del grupo parlamentario. Pero las cosas no son tan sencillas.

El Constitucional

La Generalitat catalana aún no está conforme con el sistema propuesto por el vicepresidente económico Pedro Solbes. El ministerio asegura que el modelo está cerrado en un 98% y que sólo queda pendiente de consensuar un 2%. «Detalles técnicos», aseguran. La consejería de Antoni Castells concede en cambio mucha importancia a esos flecos. Entre ellos, el famoso 'principio de ordinalidad' que debería garantizar, a juicio de los catalanes, que el ranking de renta per cápita entre comunidades no se altera.

Otra cosa será lo que ocurra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Aunque la llegada del PP al Gobierno de Galicia ha alterado la correlación de fuerzas en este órgano, el ministerio está tranquilo porque para que el nuevo sistema salga adelante bastan los 19 votos de la Administración General del Estado más los siete de las comunidades autónomas socialistas.

Una variable fuera de control es el Constitucional. La hipótesis a la que se aferra el Ejecutivo es la de la sentencia interpretativa, que salvará el Estatuto de Autonomía aunque vinculará su aplicación al uso de un corsé jurídico que levantará ampollas. Pero no deja de ser una hipótesis que se tambalea porque los meses pasan sin que la corte sea capaz de cerrar el asunto.

Pese a todo, los socialistas entienden que el asunto acabará por resolverse. Lo inquietante es, a sus ojos, lo que después ocurra en el Congreso. Porque para que el nuevo modelo se ponga en práctica es necesario modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades y para hacerlo es preciso contar con la mayoría absoluta, 176 diputados. Está por ver la posición del PP (153), pero parece seguro que CiU no se sumará (10) y el PNV tenderá a ser solidario con la coalición catalana (6). Es vital, pues, que ERC quede contenta, porque sus 3 escaños, más los dos de IU y los 2 del BNG, son la combinación que salvaría la reforma. Aunque no es fácil.