Un llamamiento a la responsabilidad

M añana miércoles comparecen ante las Juntas Generales de Álava tanto Eliseo Gil como una representación de trabajadores de la empresa Lurmen SL. Espero que la cita se convierta en un punto de inflexión a partir del cual se pueda clarificar lo que realmente pasó en el yacimiento de Iruña-Veleia respecto a los así calificados 'descubrimientos extraordinarios' objeto de la polémica durante los últimos tiempos. Sin duda alguna, hay muchas aclaraciones que hacer. Por ello hago un llamamiento directo a los comparecientes para que colaboren y pongan luz en este caso. Nunca es tarde si el objetivo es de ese tenor. Es algo que, no lo olvidemos, debemos a la sociedad, que es quien finalmente ha estado financiando durante años los trabajos realizados.

Escribo estas líneas cuando ha pasado más de mes y medio desde que una representación de la comisión científico-asesora y esta diputada compareciéramos en las Juntas Generales de Álava a fin de explicar las conclusiones del citado grupo de trabajo. Redacto este escrito, asimismo, varias semanas después de poner en manos de la Fiscalía de Vitoria-Gasteiz documentación, datos e informes del asunto. Y lo hago, además, consciente de que la sociedad vasca reclama mayor información respecto al denominado 'caso Iruña-Veleia'. Aclaro ya que en el tránsito que va de la comparecencia en las Juntas y hasta la personación ante la Fiscalía no me parecía lo más oportuno prodigrarme en explicaciones públicas. Y todavía no ha llegado el momento de dar detalles, con el asunto en manos de la Fiscalía, a la espera de su decisión respecto del paso del caso al juez. Pero es imprescindible aclarar algunas cuestiones.

Se nos achaca dar poca información. Primero de todo recuerdo que fuimos a las Juntas con el afán de ser totalmente transparentes sobre lo que había que comunicar: las conclusiones de los expertos de la comisión científico-asesora; pero insisto: de los expertos. Así lo hicimos durante cinco horas, en una cámara que reúne a todos los grupos políticos y a todos los medios de comunicación, desechando, digamos, otros formatos posibles. Y se hizo de esa manera, a sabiendas de que Lurmen iba a poder explicarse cuantas veces quisiese, entre otros foros también en el de las Juntas, como ahora es el caso, y lo celebro.

Aquello no bastó a mucha gente; lo entiendo. Pero creo que la opinión pública debe asumir que en este momento hay dos vías abiertas que, a fuer de ser rigurosos, chocan con una política de transparencia total: el expediente administrativo en curso y la vía activada por mi parte ante la Fiscalía a fin de que se investigue un presunto delito de ataque al patrimonio cultural.

La sociedad requiere mayor información. Y tiene razón. Sé muy bien que la dinámica es, se quiera o no, vertiginosa, con Internet como escenario total, aunque objetaría que el ritmo mediático al que estamos acostumbrados de inmediatez absoluta en el acceso y conocimiento de los acontecimientos no es acorde, muchas veces, con otro tipo de procesos como el que nos ocupa. Esta diputada debe ser respetuosa con las formas, velar por las garantías y ser lo más rigurosa posible, más si cabe en este preciso instante. Así que ahora mismo se puede llegar sólo hasta cierto nivel de detalle. No obstante, llegará el momento de volver a comunicar explicaciones, y no faltaré a esa cita. No he emprendido este camino para quedarme a medias. A ningún nivel.

especto al camino recorrido hasta la fecha, sobre todo en lo que a mi responsabilidad compete, creo francamente que no tenía más alternativa en las decisiones que en cada momento he tomado. Así, llego al Departamento en verano de 2007, y, a la luz de cómo se encontraba el para entonces muy enrevesado 'caso Iruña-Veleia', decido poner en marcha una comisión científica de carácter asesor, que diese o quitase soporte científico a unos descubrimientos calificados como excepcionales un tiempo antes y tomar medidas o no en consecuencia, todo ello porque la situación era insostenible por el incesante ruido que acompañaba todo aquello. Ese grupo funciona durante diez meses sin que se ponga en duda su trabajo, por cierto, y entrega sus conclusiones en noviembre pasado.

Los informes de los expertos resultan, se mire como se mire, aplastantes. Unos hablan directamente de falsificaciones deliberadas y otros no llegan tan lejos pero tienen fundadas dudas sobre la autenticidad de los descubrimientos en cuestión. Trabajan un total de 26 autoridades, y, en general, no se ofrece el citado soporte, sino que, al contrario, se concluye que no hay evidencias científicas que sostengan la veracidad de lo anteriormente comunicado como excepcional, y, por lo demás, se señala un cúmulo de anormalidades y se pone muy en cuestión el método arqueológico desarrollado. Poco resquicio para la duda. ¿Confabulación académica? ¿Epidemia de equivocaciones de carácter internacional?

A la vista de esos informes, tomo la decisión de revocar los permisos a la empresa hasta entonces explotadora del yacimiento. Es una decisión difícil de adoptar, mas no tengo otra alternativa a la vista de lo que se informa y en la medida que me corresponde la tarea de protección de nuestro patrimonio cultural. Por cierto, al hilo de eso, una preguntaría: ¿alguien en su sano juicio no habría hecho lo mismo con esos informes encima de la mesa? Y, posteriormente, ¿alguien no habría puesto en manos de la Fiscalía los materiales relacionados con el caso? Creo que si ese alguien, además, tiene que velar por el buen uso de los fondos públicos, muy pocas dudas caben ya... Además, a la vista de lo que el yacimiento encierra, téngase en cuenta que hablamos de medidas cautelares para la protección y salvaguarda de derechos de todas las partes.

ero quede claro también que mientras todo eso ha ido aconteciendo, esta diputada no ha juzgado ni condenado a nadie previamente. Declaré y ha quedado por escrito que hay que diferenciar entre autor o autores y dirección del yacimiento. Ni prejuzgué en la comisión, ni he juzgado luego a nadie. Antes al contrario, he reiterado que el señor Eliseo Gil Zubillaga tiene todas las garantías y que deseamos fervientemente que se explique en las instancias pertinentes, también, por supuesto, ahora en las Juntas. Porque, lo digo con sinceridad, este es un asunto que no es que me suponga ninguna satisfacción, exceptuando si cabe la que se refiere al cumplimiento de la responsabilidad que me corresponde. Lo cual no es poca cosa en los tiempos políticos que corren.

Todo esto, ni que decir tiene, se plantea en un esquema en el que la institución asume un papel de líder, que, por cierto, se había echado en falta hasta la fecha. Pienso que el 'caso Iruña-Veleia' resulta paradigmático. Porque proyecta la imagen de una institución que toma las riendas de los problemas y plantea soluciones (concretas al yacimiento y generales para la actividad arqueológica). Y porque, además, la institución actúa como garante de que las cosas se hacen bien.

El 'caso Iruña-Veleia' vuelve a las Juntas. Todavía estamos a tiempo. Pongamos todos de nuestra parte para aclarar esto de una vez. Por responsabilidad.

La autora hace un «llamamiento directo» a los implicados en el 'caso Iruña-Veleia' «para que colaboren y pongan luz». Y añade, «nunca es tarde si el objetivo es de ese tenor. Es algo que, no lo olvidemos, debemos a la sociedad, que es quien finalmente ha estado financiando durante años los trabajos realizados»