La Diputación amenaza con ir a los tribunales para frenar la cárcel

El titular de Medio Ambiente estudia recurrir a un contencioso contra las obras en Nanclares

L. MONDRAGÓN| VITORIA
Trabajos de explanación de terrenos en Zaballa. / JESÚS ANDRADE/
Trabajos de explanación de terrenos en Zaballa. / JESÚS ANDRADE

«No hay la menor transparencia, ni coherencia, ni sinceridad, ni tampoco honestidad». Con tan rotundas palabras enjuició ayer el diputado foral de Medio Ambiente, Mikel Mintegi (EA), la actitud del Gobierno central de Rodríguez Zapatero -y en concreto del Ministerio de Interior y de Instituciones Penitenciarias- en relación con Álava y el País Vasco al referirse al proyecto de levantar una nueva macro-cárcel en Nanclares de la Oca, en la zona de Zaballa, en terrenos que antaño acogieron un polvorín militar.

Mintegi insistió ayer en la voluntad foral de conseguir la paralización de las obras en marcha para la construcción del nuevo centro de reclusión por el «incumplimiento de las normas medioambientales y urbanísticas». Anunció que quiere lograrlo por la vía política e institucional. En este sentido, hizo especial hincapié en la responsabilidad del alcalde socialista de Iruña de Oca. Si no lo logra por esta vía, planteará ante los tribunales de justicia un recurso contencioso. «Y con solicitud expresa al juez de que proceda a una suspensión cautelar de las obras, sin esperar a que concluya una larga tramitación procesal», dijo el diputado.

Nuevo informe jurídico

Mintegi se mostró enormemente enojado por la resolución adoptada por el Gabinete Zapatero de excluir el trámite de declaración de impacto medioambiental del proyecto, tras alegar razones de urgencia de la cárcel. Esta resolución fue aprobada por el consejo de ministros hace un mes, aunque se conoció ayer gracias a su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

«Nos parece una aberración política medioambiental y urbanística, además de una tomadura de pelo y una muestra de desprecio hacia las instituciones vascas, que habíamos insistido en la necesidad del trámite», insistió el diputado.

El titular de Medio Ambiente avanzó también el resultado de un informe jurídico elaborado por un catedrático y un profesor de la UPV, que presentará en enero ante las Juntas Generales. «Sus conclusiones nos reafirman en que el proyecto no es conforme a derecho, no se ajusta siquiera a las exigencias de la legislación estatal de suelo rural o no urbanizable, porque debe ser obligatoriamente sometido a evaluación medioambiental y cumplir además con todas las exigencias legales», dijo.

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