Los políticos arroparon un fraude que terminará en los tribunales

M. J. C.| VITORIA

El PNV perdió, en 1999, la Diputación alavesa en favor del PP. Desde ese momento, los dos partidos se enzarzaron en una disputa sin tregua. En este marco, el Gabinete Rabanera reivindicó sin éxito ayudas de EuskoTren para el transporte rural.

Ante la falta de acuerdo, en abril de 2001, el entonces consejero de Transportes y Obras Públicas, el peneuvista Álvaro Amann, firmó un acuerdo de mecenazgo de EuskoTren con Eliseo Gil para que la empresa de éste trabajara en el yacimiento durante diez años a cambio de 3,7 millones de euros. Se trataba de demostrar que EuskoTren invertía en Álava. La cifra era golosa, comparada con los 18.000 euros que la Diputación dedicaba anualmente a la excavación. Pero el acuerdo era ilegal al carecer del plácet de la Administración alavesa, titular del terreno.

La polémica se cerró con un nuevo pacto que rubricó el director general de EuskoTren, José Miguel Múgica, curiosamente natural de Iruña de Oca, donde se ubica la ciudad romana. La Diputación logró el dinero, pero hizo dejación de su capacidad de control de la excavación. En 2006 se anuncian los hallazgos. El Ejecutivo foral del PP los arropa con el mismo entusiasmo que los responsables nacionalistas de EuskoTren. El PSE, con alcalde en Iruña de Oca, se suma al alborozo y logra 200.000 euros del Gobierno central para el yacimiento.

Dos años después, Iruña-Veleia cambia de escenario. Deja la política y se va a los tribunales, que deberán investigar el fraude.