El Supremo ilegaliza y disuelve a ANV por tratarse de un «instrumento» de ETA

El Tribunal Supremo acordó ayer por unanimidad la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y ordenó la inmediata disolución del partido, así como el embargo y liquidación de todos sus bienes. Como ya ocurriera hace cinco años con Batasuna, el alto tribunal aprecia violaciones «reiteradas y graves» de lo dispuesto en los artículos 9 y 10 de la Ley de Partidos para decretar la muerte civil de la formación independentista.

La sala especial del Supremo, según anunció su presidente, Francisco Hernando, requirió sólo 48 horas de deliberaciones para estimar «por completo» las demandas presentadas en enero por el Gobierno y la Fiscalía del Estado, que reclamaron al tribunal la proscripción de ANV por su «total sumisión» a Batasuna y por ser uno de los «instrumentos y herramientas» de ETA para burlar en los últimos años la ilegalización de su «frente institucional». Hernando señaló que los efectos de esta decisión se detallarán «en el trámite de ejecución de sentencia», pero previsiblemente serán idénticos a los habidos en anteriores casos de proscripción de organizaciones de la izquierda abertzale.

La sentencia, de la que sólo se conoce la resolución final, considera probada la tesis de las acusaciones: que la formación aeneuvista ha financiado y soportado desde 2005 la estructura clandestina de Batasuna -en especial a su mesa nacional- y ha defendido los intereses y la estrategia de ETA en el Parlamento vasco, en los ayuntamientos y en las diputaciones forales. El Abogado del Estado y la Fiscalía pusieron de relieve asimismo en sus imputaciones las ocasiones en que representantes de esta fuerza no habían condenado la violencia.

Sin siglas legales

La ilegalización fue acordada con el voto favorable de los dieciséis miembros de la sala especial y anticipa el fallo que en los próximos días ordenará la disolución y desaparición, por motivos y argumentos muy similares, del Partido Comunista de las Tierras Vascas. El tribunal comenzará precisamente hoy la deliberación sobre EHAK y podría dar a conocer el fallo entre mañana y el viernes.

El dictamen que ordena la disolución de ANV podría notificarse a las partes en un par de días. La que afectará a EHAK debería comunicarse antes del próximo 23 de septiembre, fecha en que los nuevos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomarán posesión de sus cargos y designarán a un nuevo presidente de este órgano y del Tribunal Supremo.

Si las previsiones se cumplen, al final de esta semana y tras casi ocho meses de proceso judicial, la llamada izquierda abertzale conformada por las organizaciones del entorno de ETA volverá a quedarse sin una sola sigla legal en el Registro de Partidos. Las sentencias, como ya ocurrió en 2003 con Batasuna, deberán ser revisadas en los próximos meses por el Tribunal Constitucional, al que es previsible que recurran las defensas.

La resolución anticipada ayer por el Supremo convierte en definitiva una situación que arrancó en febrero pasado, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó la suspensión cautelar por tres años de todas actividades de ANV y EHAK, dentro del proceso penal en el que tiene imputados por colaboración o integración en ETA a casi 70 dirigentes de ambos partidos, miembros de la última y clandestina mesa nacional y responsables de organizaciones de la izquierda abertzale.

En el marco de esta suspensión de actividades, el magistrado había solicitado a la Unidad Central de Información (UCI) y a la Policía que identificasen los locales aeneuvistas para proceder a su cierre y precinto. También suspendió todas las ayudas y subvenciones económicas, congeló las cuentas bancarias y ordenó incluso la suspensión de los suministros de electricidad, agua, gas y teléfono a los inmuebles con el fin de garantizar que no fueran utilizados. Finalmente, mandó cerrar la página web de la formación en un auto donde se recogía la prohibición al partido que lidera Kepa Bereziartua de presentar candidaturas o realizar actividades públicas.

Ahora, la ilegalización dictada por el Supremo en aplicación de la Ley de Partidos supone la disolución definitiva de la formación, fundada hace 78 años como escisión del PNV. La sentencia conlleva la proscripción de todos sus símbolos, anagramas o lemas y la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos del Ministerio del Interior, que data de 1977. Desde esa época, ANV había languidecido progresivamente y llegó a carecer totalmente de influencia política, hasta que en 2007, y en plena presión investigadora sobre las listas electorales de la izquierda abertzale, decidió presentarse sorpresivamente a los comicios municipales y forales.

Embargo de Hacienda

Tras la resolución de ayer, el partido deberá cesar permanentemente en todas sus actividades. El Supremo requiere además la clausura de las sedes y páginas web -que ya adelantó Garzón- de ANV y la prohibición de que sea sustituido en el futuro por otra formación, que sería suspendida de forma automática por considerarse un fraude de ley.

El fallo también pondrá en marcha un proceso para la liquidación de todos los bienes y el patrimonio de Acción Nacionalista Vasca, que terminarán embargados y a disposición del tribunal. Este trámite, como ya ocurrió con Batasuna, será realizado por tres liquidadores (inspectores de Hacienda) nombrados por el Supremo y el producto de la venta de los bienes se entregará a la Tesorería del Estado, para que lo destine a «actividades de interés social o humanitario».

La sentencia, según desveló Francisco Hernando, no prevé de manera directa la disolución inmediata de todos los grupos municipales que ANV tiene en ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Sin embargo, el presidente del Supremo aclaró que esta orden se podría dar durante el proceso de ejecución de la sentencia que se inicia ahora, tal y como ya pasó con el grupo parlamentario de Batasuna tras su ilegalización.