Garzón detiene por supuestos pagos a ETA a un industrial secuestrado en 1983

El industrial guipuzcoano Jesús Guibert Azkue, de 81 años, fue detenido ayer en Azpeitia dentro de la investigación abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre supuestos pagos a ETA del denominado 'impuesto revolucionario'. El empresario, ligado a firmas emblemáticas de la siderurgia vasca como Laminados Marcial Ucín, fue secuestrado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas en 1983 y puesto en libertad después de haber pagado una cifra cercana a los 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros).

Guibert fue arrestado a primera hora de la mañana cuando se dirigía a un centro de talasoterapia. Agentes del instituto armado le trasladaron a su domicilio en el centro de San Sebastián para buscar, según fuentes policiales, datos de su documentación bancaria y copias de las supuestas cartas de extorsión que la banda le había hecho llegar. Tras el registro de su vivienda, los expertos de la Guardia Civil le interrogaron sobre su relación con presuntos pagos a la banda y posteriormente le dejaron en libertad. Según fuentes judiciales, en los próximos días será llamado a la Audiencia Nacional para que complete su declaración.

La operación se encuadra en el dispositivo puesto en marcha por Garzón a raíz del hallazgo en casa del jefe etarra Francisco Javier López Peña, 'Thierry', -detenido en Burdeos el 20 de mayo- de documentación sobre el chantaje terrorista. Dentro de estas pesquisas ya han ingresado en prisión dos empresarias guipuzcoanas por haber pagado, supuestamente de manera voluntaria, 6.000 euros a ETA. El martes fue retenido durante trece horas en Bilbao José Antonio Jainaga, consejero delegado de Sidenor. Los arrestos han creado una fuerte conmoción en el mundo empresarial y en la clase política, hasta el punto que el Gobierno vasco ha reclamado la libertad de las dos empresarias encarceladas. Ayer, las protestas se repitieron.

En el centro de la polémica se encuentra la práctica abierta por la Audiencia Nacional en 2004 de no priorizar la discreción a la hora de llevar a cabo las investigaciones sobre los pagos a ETA por empresarios chantajeados, partiendo de la base de que el pago a la banda es un delito. Hasta ese momento, los casos conocidos de industriales que habían cedido al chantaje se trataban de manera más silenciosa y con las mayores garantías posibles de que su nombre no iba a ser difundido.

El primero de los asuntos que saltó a la palestra tras una investigación de este tipo fue el de la compañía navarra Azkoyen, dedicada a la fabricación y distribución de máquinas expendedoras. Garzón llamó a declarar como imputados a cuatro miembros de su consejo de administración, a los que impuso una fianza de 20.000 euros. Ese mismo año, el juez Fernando Andreu citó como imputados a los cocineros Juan María Arzak y Pedro Subijana, acusados de un delito de colaboración con ETA por haber pagado, presuntamente, el 'impuesto revolucionario'. Los restauradores Karlos Argiñano y Martín Berasategui comparecieron como testigos. En este caso, los partidos nacionalistas y el propio lehendakari Ibarretxe se volcaron a la hora de apoyar a los restauradores y coincidieron en señalar que estaban siendo víctimas de una supuesta campaña de linchamiento.

Bar Faisán

El último caso público de una investigación a empresarios por haber abonado la extorsión etarra se produjo en 2006, en las primeras semanas de la tregua de ETA. El magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ordenó la detención de dos constructores navarros después de que, en la desarticulación de una de la redes de extorsión de ETA que actuaba desde el bar Faisán de Irún, se hubiera localizado documentación sobre pagos a la banda. Ambos empresarios quedaron en libertad después de que el fiscal no reclamara ninguna medida contra ellos.

Una de las características de todas estas operaciones es que han tenido su origen en documentación incautada a ETA en detenciones llevadas a cabo en Francia, y en el caso de los cocineros, en la declaraciones de miembros o colaboradores de la banda relacionados con el cobro del impuesto revolucionario. Las detenciones, en este sentido, no forman parte de investigaciones puestas en marcha en suelo español. En el caso de las últimas operaciones de Garzón, el nexo es la documentación hallada en un piso de Burdeos donde se escondía el jefe político de ETA, Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. Este miembro de la cúpula de la organización se encontraba en el momento del arresto junto con el ex parlamentario de EH y miembro de la mesa nacional Jon Salaberria, quien en el pasado ya había sido investigado por su papel de enlace entre ETA y los responsables del cobro del chantaje. Ambos guardaban papeles sobre la extorsión, dinero pagado por empresarios, así como numerosos archivos digitales que están siendo analizados. El importante volumen de información incautado permite pensar que las operaciones sobre el 'impuesto' tendrán continuidad, por lo que no se descartan nuevas detenciones en los próximos días.

«Vía» con ETA

El primer de los arrestos fruto de los documentos de 'Thierry' fue el de las hermanas María Isabel y Blanca Bruño Azpiroz vinculadas a una empresa de Orio dedicada a la distribución de marisco y pescado. Una de ellas había sido candidata de EH en las elecciones municipales de 1999. Al dirigente de ETA se le encontró una carta dirigida a las Bruño en la que les agradecía la entrega de 6.000 euros y se le recordaba que «la vía» para hacer llegar más dinero a la banda continuaba abierta. En una decisión sin precedentes, el magistrado ordenó su ingresó en prisión al acusarles de colaborar con ETA ya que, según el auto judicial, habían pagado el 'impuesto' de manera voluntaria. El juez, además, les acusó de obstrucción a la Justicia por haberse negado a explicar cuál era el contacto con la organización que, según el propio 'Thierry', continuaba abierto.

Según distintas fuentes consultadas por este periódico, uno de los objetivos de todas las investigaciones abiertas sobre la extorsión etarra es desentrañar los cauces que utiliza la banda para ponerse en contacto con sus víctimas y, más tarde, para cobrar el dinero en el caso de que los chantajeados accedan a pagar.