El Supremo de EE UU ratifica el derecho a portar armas

El alto tribunal considera que es unaconquista constitucional y levanta laprohibición que existía en Washington

JOSÉ LUIS DE HARO| NUEVA YORK
Dos activistas a favor de las armas muestran su satisfacción ante la sede del Supremo. / AFP/
Dos activistas a favor de las armas muestran su satisfacción ante la sede del Supremo. / AFP

Por muy estrambótico que parezca, y pese al cúmulo de masacres que atormentan la historia del país, el Tribunal Supremo de EE UU decidió ratificar ayer el derecho constitucional a poseer armas de fuego, algo que tira por tierra la ley aprobada en Washington DC que las prohibía en su jurisdicción.

Con esta resolución sobre la mesa, la polémica sobre la tenencia de armas vuelve a impactar de lleno en la sociedad norteamericana. De hecho, la ratificación de la decisión sólo fue aprobada por cinco votos a favor y cuatro en contra, algo que pone de manifiesto la delgada línea que divide este espinoso asunto. Es importante tener en cuenta que la segunda enmienda de la Constitución defiende el derecho consagrado que permite la posesión de armas para la defensa personal. El texto asegura que «siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas».

Por esta razón, el juez Antonin Scalia respaldó el acuerdo al afirmar que la Carta Magna apoya ese derecho, incluso antes de que se adoptara la segunda enmienda en 1791. Además añadió que en ningún momento la Constitución prohíbe «de forma absoluta la tenencia y uso de pistolas en casa para la autodefensa». Curiosamente, esta interpretación coincide con la ofrecida por los millones de miembros de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), uno de los 'lobbies' más importantes entre las filas republicanas. A partir de ahora, la NRA pretende demandar a ciudades como San Francisco o Chicago, dadas las restricciones que tienen para el uso de armas de fuego.

El jefe de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, John Boehner, no dudó en alabar la decisión y explicar que «los estadounidenses, incluidos los residentes de la capital, deben tener la capacidad de defenderse y en términos de la Constitución ese derecho está claramente reconocido».

El malestar entre algunos segmentos sociales se hizo evidente ya que el Supremo también anuló el requisito de Washington de que las armas contengan seguros para el gatillo. Desde 1976, el distrito de Columbia, donde se asienta la capital, prohibía poseer armas de bajo calibre, aunque permitía tener toda clase de dispositivos no ensamblados y que, además, tuvieran un seguro en el gatillo.

Requisitos complicados

Aun así, y pese al revuelo despertado, esta decisión no da carta blanca a los ciudadanos para comprar armas. De hecho, cada estado establece sus propias normas adicionales para su adquisición. Por ejemplo, en Massachusetts o Maryland, los requisitos son más complicados. Lo mismo ocurre en algunas grandes ciudades como Washington DC o Nueva York. La ley de Control de Armas de 1968 únicamente establece que la persona que vaya a adquirir una tenga al menos 18 años, para armas largas, o 21 años, en el caso de pistolas y revólveres. Además, sobre el comprador no debe pesar la prohibición expresa de tener armas ni haber falsificado los documentos presentados para la obtención. En algunas ocasiones es necesaria la presentación de un certificado psicológico que garantice las facultades mentales del nuevo propietario.

Una vez aprobados los requisitos, el comprador debe rellenar un formulario de la oficina para el control de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, y dejarse tomar las huellas dactilares para determinar si cuenta con antecedentes penales o si reside de forma legal en el país. Según las estadísticas, al menos existen 200 millones de armas de fuego circulando por EE UU, por lo que aproximadamente el 45% de los hogares cuenta al menos con una.

La decisión del Supremo obedece a un recuso interpuesto en 2003 por Dick Heller, quien demandó a la ciudad de Washington por violar su derecho constitucional a portar armas. Aunque la denuncia fue rechazada en primera instancia, Heller ganó en marzo de 2007 la demanda ante un tribunal federal de apelaciones.