El Gobierno vasco cifra en 600 las víctimas de las fuerzas policiales y grupos de extrema derecha

Propone la elaboración de una ley para reconocer y atender a este colectivo

VASCO PRESS |VITORIA

La Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco cifra en 600 las personas muertas o heridas desde el año 1968 como consecuencia de las acciones de las fuerzas policiales en controles de carreteras o manifestaciones, y atentados de grupos parapoliciales y ultras. El informe elaborado reconoce, no obstante, la ausencia de fuentes primarias o incluso secundarias fiables y habla de "casos probables".

El documento, que será presentado el próximo martes en sede parlamentaria, propone en el apartado de recomendaciones la elaboración y aprobación de una ley para reconocer y atender a estas personas, la puesta en marcha de una oficina en el seno del Gobierno Vasco que asista a este colectivo y la constitución de una ponencia parlamentaria para estudiar con más detalle su situación.

El resumen del informe, al que ha tenido acceso "Vasco Press", cifra este tipo de víctimas "en casi un centenar de muertos y medio millar de heridos sin contar las personas que han sufrido torturas y malos tratos, así como las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos en el ámbito penitenciario". Este número no incluye a las víctimas del GAL y otros grupos terroristas. "Se trata de personas que por distintas circunstancias resultaron muertas o heridas en controles de carretera, bajo custodia policial o en manifestaciones, que fueron torturadas y/o agredidas sexualmente o que resultaron muertas o heridas en atentados de grupos parapoliciales o grupos ultras", explica el texto.

La Dirección de Derechos Humanos sostiene que el objetivo de este informe es analizar y reconocer "la realidad de numerosas víctimas que hasta ahora no han sido tenidas en consideración", y precisa que no pretende llevar a cabo un inventario de violaciones para alimentar rencillas o agravios, sino que se dirige a mostrar una realidad olvidad y la empatía necesaria con las víctimas que fueron objetivo de dichas vulneraciones".

Tras considerar que se trata de "una obligación moral y política de la sociedad" y detallar que el trabajo toma como origen temporal el año 1968, el director de Derechos Humanos, Jon Landa, deja claro que habrían necesitado de más tiempo para elaborar un informe exhaustivo, tal y como solicitó el Parlamento Vasco, debido al "gran número de casos a catalogar" y la necesidad de realizar un estudio detenido y detallado de cada uno de ellos. Asimismo, Landa reconoce más adelante "la práctica ausencia de fuentes primarias e incluso de fuentes secundarias fiables en muchos de los casos que impiden la correcta identificación de las víctimas y, sobre todo, el esclarecimiento preciso de los acontecimientos. En la mayoría de los casos la información de que se dispone es fragmentada, escasa y pobre para un análisis profundo".

"Un informe exhaustivo necesitaría la puesta en marcha de un amplio dispositivo de investigación para, primero, aclarar cada caso y, segundo, evaluarlo de cara a un eventual reconocimiento y reparación", añade. El informe se concibe por lo tanto como un documento de partida que "constata la existencia durante un amplio periodo de tiempo de situaciones de vulneración de derechos que no han sido correctamente tratadas por las diferentes administraciones, que identifica casos probables de vulneración de derechos que una investigación posterior mucho más concreta y completa deberá dilucidar y que propone recomendaciones para su reparación".

Finalmente, y tras destacar como rasgo común la "impunidad" de los autores de estas vulneraciones de los derechos humanos, el informe incluye un listado de este tipo de víctimas y testimonios, a título de ejemplo, de "unas pocas personas para conocer cuál es su realidad, qué tipo de impacto le produjeron los hechos, cuál es su situación actual y cuáles son sus demandas". También se incluyen testimonios de otros informes parlamentarios similares.