Consulta popular y referéndum

XABIER GURRUTXAGA

Decía el lehendakari que la consulta popular prevista en su proyecto de ley es legal sin la autorización del Estado, porque al ser sólo consultiva no estábamos ante un referéndum. Uno había escuchado esta opinión en ocasiones anteriores y albergaba la esperanza de que alguien haría llegar al lehendakari la necesidad de ajustar la argumentación a la realidad. Sin embargo, tras la lectura del proyecto de ley, uno observa que la distorsión entre conceptos y realidades impregna la propia iniciativa del Gobierno.

En primer lugar, la consulta popular es un instrumento jurídico expresamente previsto en el ordenamiento jurídico para posibilitar el ejercicio del derecho constitucional de participación directa de la ciudadanía en los asuntos públicos. No es ningún tabú, ni cosa rara. Como se sabe, existen distintas modalidades o vías para llevarla a cabo. La más relevante, tanto social como políticamente, es el referéndum. Existen otras modalidades, como son las encuestas, las audiencias públicas, foros de participación u otros instrumentos de participación que se pueden habilitar. Por consiguiente, la primera conclusión a resaltar es que no hay contraposición jurídica entre el concepto de referéndum y el de consulta. Al contrario, el primero es una de las vías previstas para celebrar la segunda. No hay referéndum que quede fuera del concepto de consulta popular.

Por eso cuando desde el tripartito se distingue entre ambas, argumentando que el referéndum es vinculante y la consulta no, no se está expresando la realidad material y formal de tales conceptos jurídicos. La explicación es bien sencilla: existen en el ordenamiento referendos que no son vinculantes. Es decir, que son consultivos. Acordémonos del de la OTAN o los celebrados por muchos municipios sobre asuntos de especial relevancia para los vecinos. La cuestión central no reside en lo que dice el tripartito, sino en la respuesta a la siguiente cuestión. ¿Es un referéndum consultivo la consulta que se contiene en el proyecto de ley remitido al Parlamento?

Desde mi punto de vista, reúne todos los requisitos para ser calificada jurídica y políticamente como un referéndum. No hay más que analizar la formulación de las preguntas y la Disposición Adicional del proyecto. Por eso mismo, llama poderosamente la atención cómo se fundamenta en la exposición de motivos la cuestión de legalidad. Se dice que al no tratarse de una consulta popular vía referéndum, ni ser jurídicamente vinculante, no precisa de la previa autorización del Estado para su convocatoria.

Sin embargo, en el mundo del Derecho las cosas no tienen la denominación jurídica que uno les da, sino que ésta es consecuencia de lo que realmente son. Desde mi punto de vista no hay duda que lo que pretende Ibarretxe, jurídicamente, no tiene más nombre que el de 'consulta popular vía referéndum'. En ese sentido es obvio que tal proyecto debería contemplar como cumplimiento del requisito de legalidad, la previa autorización del Estado a efectos de garantizar la eficacia jurídica de la convocatoria.

En contra de lo que se piensa desde otros ámbitos de opinión, el acuerdo de celebrar una consulta como la que se pretende no constituye en sí mismo un acto ilegal ni inconstitucional. Al contrario, no hay en la Constitución reserva alguna a favor del Estado que impida a una comunidad autónoma adoptar, en el ámbito de sus atribuciones, acuerdos relativos a la celebración de referéndum. Porque lo importante, a efectos de nuestro debate, no es tanto si esa competencia está expresamente recogida en nuestro Estatuto, que no lo está, cuanto si existe o no reserva constitucional sobre la materia a favor del Estado.

Lo que sí existe en la Constitución es una competencia exclusiva del Estado para autorizar la celebración de consultas populares vía referéndum, pero dicha competencia no se extiende sobre los acuerdos de celebración de la consulta. Sería un paso de gigante si el lehendakari mostrara su decisión de solicitar la autorización del Estado, caso de que el Parlamento aprobara la iniciativa. Sería suficiente que en el proyecto se recogiera la expresión 'previa autorización del Estado' para que el requisito de legalidad no fuera el motivo esencial de la negativa y para que el debate se centrara en el verdadero terreno del desencuentro, que no es otro que el de la profunda discrepancia política existente entre lo que defienden quienes representan las instituciones vascas y lo que pretenden los que ostentan la representación del Estado. Es obvio que dicha discrepancia también atraviesa buena parte de las sociedad vasca. Sería todo un ejercicio de clarificación.

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