El Constitucional avala penas más duras para los hombres en casos de maltrato

El punto más polémico de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aquel que endurece las penas para determinadas agresiones o amenazas si las comete un hombre sobre su mujer, su novia o su ex pareja, se ajusta a la Constitución y no quiebra el principio de igualdad consagrado en la Carta Magna. El pleno del Tribunal Constitucional avaló ayer este trato penal diferenciado en materia de agresiones machistas por un margen de 7 votos a favor y 5 en contra, estos últimos provinientes del ala más conservadora de la judicatura.

La resolución del Constitucional viene a resolver las dudas planteadas por el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia acerca del artículo 153.1 del Código Penal. Además, su pronunciamiento fija la doctrina que servirá para dar respuesta en las próximas semanas a las casi doscientas cuestiones similares planteadas por otros 25 juzgados españoles.

Dos años largos ha tardado el Tribunal Constitucional en despejar al mayor interrogante jurídico planteado por la Ley Integral contra la Violencia de Género. ¿Es lícito castigar con penas distintas un mismo hecho según el sexo de quien lo ejecute? Para la mayoría que conforman la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas; el vicepresidente, Guillermo Jiménez; y los magistrados Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez-Tremps, sí lo es. Una opinión contraria mantuvieron los cinco magistrados restantes, Javier Delgado, Vicente Conde, Jorge Rodríguez-Zapata, Roberto García-Calvo y Ramón Rodríguez-Arribas.

La sentencia íntegra se conocerá en los próximos días y con ella se hará público su argumentario jurídico, pero el fallo no deja lugar a dudas. Interpreta que el tratamiento penal es distinto porque también lo es el fenómeno del maltrato de género respecto de otros tipos de violencia.

Realidades distintas

Las víctimas, vinculadas al agresor por relaciones afectivas, están particularmente indefensas. Son mujeres en un 90% de los casos. El maltrato de mujeres a hombres es muy minoritario y no constituye una lacra sociocultural arraigada, como sí ocurre con la violencia machista. Por todo ello, desde un principio el Gobierno apostó por dar un trato penal desigual para realidades radicalmente diferentes.

La Ley Integral contra la Violencia de Género aprobada en 2004 modificó el Código Penal y consolidó tipos penales propios, más severos, para los agresores varones. Las amenazas o coacciones leves, tipificadas de ordinario como faltas y castigadas sólo con multas, se convierten en delitos -por lo que acarrean de seis meses a un año de cárcel o trabajos sociales sustitutivos- si las comete un hombre sobre quien «sea o haya sido su esposa, o mujer que haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia».

Si quien amenaza o coacciona es la mujer, es una falta. En lesiones y agresiones mayores se considera agravante que el violento sea el compañero o ex pareja de la mujer, como ocurre cuando la víctima es menor, discapacitada o particularmente indefensa.

La nueva redacción suscitó un encendido debate político y académico sobre la posible quiebra de principios constitucionales como la igualdad ante la ley y la no discriminación en razón de sexo, y también generó dudas prácticas de aplicación en los tribunales. La primera en plantear al Constitucional una cuestión o pregunta acerca de la legalidad del precepto fue la titular del Juzgado de lo Penal 4 de Murcia, María Poza, en verano de 2005.

Reacciones

Hasta el 6 de marzo de este año habían llegado al Constitucional 126 cuestiones más de otros once juzgados españoles sobre el mismo punto y otras 60 vinculadas. El fallo del Constitucional desbloquea por tanto numerosos procesos judiciales sobre violencia de género atascados a la espera del veredicto.

La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, declaró su «enorme satisfacción» por el fallo, que despeja dudas y procedimientos, y debe servir para mejorar «la protección» que reciben las víctimas.

Para la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Montserrat Comas, la decisión del Tribunal constituye «un hecho histórico de extraordinario magnitud». Vocal del Consejo General del Poder Judicial, Comas cree que contribuirá a «desactivar la respuesta organizada de algunos sectores de la sociedad deseosos de impedir la consolidación de los derechos reconocidos a las mujeres», afirmó en un comunicado.

También el PSOE se felicitó por el fallo del Constitucional, mientras que los populares dijeron «respetarlo escrupulosamente», pero reclamaron «soluciones para evitar que las mujeres sigan muriendo». Voces críticas llegaron desde la Confederación de Madres y Padres Separados, que manifestó su «indignación» por el fallo, que a su juicio es «discriminatorio» y «perpetúa el estereotipo de la mujer desvalida».