Las Juntas piden una auditoría sobre los «problemas» del geriátrico Ariznabarra

Evitan realizar un pronunciamiento sobre un conflicto laboral que arrastra dos meses de paros

ADOLFO LORENTE A.LORENTE@DIARIO-ELCORREO.COM
PROTESTAS. Las trabajadores protagonizan movilizaciones desde el 18 de febrero. / EDUARDO ARGOTE/
PROTESTAS. Las trabajadores protagonizan movilizaciones desde el 18 de febrero. / EDUARDO ARGOTE

Cinco años después, el geriátrico Ariznabarra ha vuelto a la primera línea del debate político alavés. Y lo ha hecho por un conflicto laboral que lleva ya dos meses enquistado con sucesivos paros por las supuestas «deficiencias» que existen tanto en la prestación del servicio como en las instalaciones del centro. Pese a ser dos caras de una misma realidad, las Juntas Generales pusieron ayer el foco en esta segunda cuestión para instar a la Diputación a que en el plazo de tres meses realice una auditoría que analice en profundidad el funcionamiento de una residencia de titularidad foral pero gestionado por la firma privada Mapfre-Quavitae. La única de la provincia.

Esta petición fue respaldada por la mayoría de los partidos de la Cámara, desde el tripartito foral (PNV, EA y Aralar) al PP y al PSE. Sólo ANV y EB votaron en contra de una iniciativa que partió de las filas socialistas por considerarla demasiado «escasa», entre otros aspectos, por no incluir reseña alguna del conflicto laboral o por no contemplar la posibilidad de que la Diputación estudie la posibilidad de romper el contrato suscrito en 1998 con Quavitae y que tiene una concesión de 45 años.

Esta cuestión, no obstante, protagonizó gran parte del debate. Más que en la fórmula de gestión, todos los partidos, sin excepción, coincidieron en señalar a la empresa como única responsable de la situación. Si varios portavoces llegaron a tachar de «oscurantismo» el proceder de la firma, el juntero de EA Patxi Martínez de Albéniz fue más allá al denunciar que sus gestores actúan como «cuatreros».

Una inspección al mes

Entre los aspectos más criticados por los partidos, en especial, por la procuradora socialista Loli Escudero, fue la calidad de los menús que se ofrecen a los residentes y el «mal estado» de las instalaciones. Por ello, como luego se reflejó en el texto acordado por todos los partidos, exigió que las inspecciones se realicen mensualmente. Esta cuestión fue objeto de un nuevo rifirrafe entre el PNV y el PP, ya que los jeltzales reprocharon a los populares que sólo hicieran «una» inspección en su último año de gobierno, mientras que la actual diputada de Política Social, Covadonga Solaguren, ha ordenado seis en seis meses.

Desde las filas del PP, Ana Morales, recordó que fue el PNV quien en 1998, «con las prisas de la campaña electoral», optó por este tipo de gestión indirecta que «seguirá trayendo problemas durante los 45 años de concesión».

Mientras se producía el debate, en el salón de plenos del Palacio de la Provincia retumbaban los gritos de protesta de las trabajadoras del geriátrico (128), que llevan protagonizado paros desde el pasado 18 de febrero para exigir que equiparen sus sueldos con los de los otros centros residenciales forales.

Lejos de cesar en sus quejas, las movilizaciones se ampliarán a los fines de semana en el mismo horario que ahora lo hacen los lunes, miércoles y viernes, es decir, cinco horas al día

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