La liquidación de la sociedad forestal Oihanberri destapa irregularidades

El Tribunal Vasco de Cuentas (TVC) ha detectado irregularidades en el largo proceso de liquidación de la empresa forestal Oihanberri, creada por el Gobierno vasco y las instituciones forales en 1989 para producir semilla de calidad mejorada genéticamente. Tras 15 años de trayectoria, el Ejecutivo autonómico decidió dejar esta tarea en manos de los viveristas para evitar la competencia desleal y comenzaron los trámites de disolución. La entidad devolvió a la Diputación de Vizcaya los terrenos que ocupaba, 18 hectáreas en Laukiz que hoy permanecen en desuso.

Al quedar desocupadas, las instalaciones necesitaban un servicio de vigilancia que se adjudicó sin publicidad ni concurrencia como un contrato menor -de hasta 12.000 euros-, aunque acabó costando 38.000. Tampoco se respetaron los principios que exige la normativa en la contratación de asistencia jurídica para el proceso de disolución, por importe de 26.000 euros, algo que Oihanberri justificó por «la escasa oferta de trabajadores» para un puesto que requiere «experiencia y cualificación específica».

Son sólo dos de las irregularidades detectadas por el organismo fiscalizador en su informe sobre los ejercicios de 2004, 2005 y 2006. En 2005, las «salvedades» son tan importantes que las cuentas «no expresan la imagen fiel del patrimonio ni la situación financiera de la sociedad», advierten los auditores. De hecho, no pudieron comprobar los «recuentos físicos de existencias» al cierre del ejercicio ni reconstruir los movimientos de este periodo. Algunos datos se anotaron de forma incorrecta, como el valor de los terrenos de Laukiz, y se registraron operaciones «en ejercicios diferentes a los que corresponde».

El campo de golf

Tampoco se ha cumplido el calendario que marca la ley. Las cuentas de 2004 y 2005 se presentaron en el Registro Mercantil fuera del plazo establecido, y las declaraciones del Impuesto de Sociedades de ambos ejercicios llegaron a la Hacienda pública en junio de 2007. Tres consejeros nombrados en junio de 2004 no fueron inscritos hasta marzo de 2006. Otro retraso. La relación de «incumplimientos», a la que la entidad apenas ha presentado alegaciones, incluye un contrato laboral que acabó siendo indefinido y en el que no se respetaron los principios de «igualdad, mérito y capacidad».

«Es una desgana absoluta», denuncia el apoderado del PP Arturo Aldecoa, que ha pedido la comparecencia de la diputada de Agricultura para que explique en las Juntas Generales «qué medidas va a tomar para aclarar estos hechos». La Diputación de Vizcaya fue la única que votó en contra de la disolución de Oihanberri, que se acordó el 14 de abril de 2005 y supuso «necesidades adicionales de fondos». El Gobierno vasco y las tres diputaciones aportaron 320.000 euros -a la de Vizcaya le correspondieron 53.000- para liquidar los pasivos de la compañía y afrontar las indemnizaciones por despido -reconocido como improcedente- de los seis trabajadores, cinco de ellos con contrato indefinido. Como no cumplió con el preaviso, la empresa tuvo que pagarles 11.000 euros más.

Además de pedir explicaciones, Aldecoa exigirá en las Juntas que se de una utilidad a los terrenos de Laukiz. En pleno proceso de disolución de Oihanberri, una promotora propuso una permuta para destinarlos a un campo de golf, pero el proyecto quedó aparcado. El apoderado popular cree que lo ideal sería convertirlos «en un parque periurbano».