El PNV propone los acuerdos del proceso de paz como base de un pacto con el Estado

El documento negociado en Loyola con Batasuna y el PSE y el plan Ibarretxe permitirán «avanzar hacia la solución» Urkullu acusa al PSOE de crear un «cordón sanitario» con las ilegalizaciones para que no le suceda «como al PP el 11-M»

OLATZ BARRIUSO O.BARRIUSO@DIARIO-ELCORREO.COM
PRECAMPAÑA. Urkullu iza la ikurriña en la plaza de Loiu, donde el PNV celebró el X Alderdi Eguna del Txorierri. / IGNACIO PÉREZ/
PRECAMPAÑA. Urkullu iza la ikurriña en la plaza de Loiu, donde el PNV celebró el X Alderdi Eguna del Txorierri. / IGNACIO PÉREZ

Conforme a la 'hoja de ruta' trazada por el lehendakari Ibarretxe, el PNV descubrió ayer parte de sus cartas para tratar de alcanzar un acuerdo sobre el estatus de Euskadi con el Gobierno central que salga de las urnas el próximo 9 de marzo. El presidente peneuvista, Iñigo Urkullu, planteó, durante su intervención en un acto político con militantes del Txorierri en Loiu, la necesidad de acometer una reforma «estructural» del Estado que permita superar la «crisis» del modelo autonómico y canalizar la «normalización política» vasca. Ese nuevo pacto debería asentarse, según dijo, en el preacuerdo alcanzado entre el PNV, el PSE y la izquierda abertzale durante sus conversaciones en el santuario de Loyola en otoño de 2006, que se hizo añicos después ante el drástico cambio de postura de Batasuna y las crecientes exigencias de ETA, según la versión de jeltzales y socialistas.

Urkullu rescató los acuerdos de Loyola -que básicamente contemplaban el reconocimiento del derecho a decidir y la creación de un órgano común entre Euskadi y Navarra- como respuesta también a las informaciones publicadas en los últimos días por el diario 'Gara', que sostienen que las negociaciones se fueron al traste por la negativa de PSE y PNV a incluir en el borrador una mención expresa a la independencia y a aceptar la exigencia de que el futuro ente de cooperación vasco-navarro elaborase un Estatuto de Autonomía conjunto.

El líder del EBB prefirió soslayar los aspectos relativos al contenido del documento, pero insistió en la versión que ya ofreció en su día Josu Jon Imaz: el PNV dio por rotas las conversaciones porque ETA «puso las pistolas encima de la mesa» de negociación, «igual que en Txiberta y en Lizarra». Urkullu recalcó que, efectivamente, fue el PNV el que «se levantó de la mesa» -lo mismo que los socialistas- «porque como nacionalistas vascos y como demócratas no podíamos aceptar la amenaza y el chantaje de ETA, que decidiera por nosotros».

La auténtica novedad que deparó el discurso del líder jeltzale estriba, no obstante, en la validez que otorgó al preacuerdo de Loyola como «herramienta suficiente» para «avanzar hacia la solución» en el corto o medio plazo y «profundizar» en la propuesta soberanista que Ibarretxe lanzó en septiembre. «Allí se produjeron grandes avances que sin duda van a poder utilizarse en el futuro, quizás antes de lo que mucha gente se piensa», subrayó, significativamente, Urkullu. De hecho, dijo estar «seguro» de que «en los próximos meses, aquellas bases servirán para caminar hacia la solución» y confió en que lo avanzado entonces «no caiga en saco roto».

El listón del PNV no radicará sólo en el compromiso en torno al derecho a decidir alcanzado -y malogrado- en Loyola, sino también en los contenidos del conocido como plan Ibarretxe, aprobado por mayoría absoluta en el Parlamento vasco y rechazado después sin paliativos en las Cortes Generales en febrero de 2005, según puntualizó el líder peneuvista. Esos serán, avanzó, los mimbres en los que se apoyará el PNV para negociar tras el 9-M su apoyo al nuevo presidente español.

Cinismo sin precedentes

Más allá de este mensaje, la intervención de Urkullu se movió en claves estrictamente preelectorales, salpicada de reproches a Batasuna, al PP y, sobre todo, al PSOE, a quien fueron dirigidas las mayores cargas de profundidad. Urkullu acusó a José Luis Rodríguez Zapatero de caer en «un ejercicio de cinismo sin precedentes» al «rasgarse las vestiduras» por el llamamiento implícito de los obispos a no votar a los socialistas por sus negociaciones con ETA y acusar a la Iglesia de «utilizar» el terrorismo para hacer campaña.

Urkullu -que dijo estar de acuerdo en que «las altas jerarquías de la Iglesia española se han pasado de la raya»- se confesó «atónito» ante la afirmación del presidente del Gobierno, a quien acusó de «utilizar» igualmente la violencia etarra en función de sus intereses y de la coyuntura del momento. Así lo hizo el Ejecutivo, según el dirigente del PNV, cuando «permitió» que algunas listas de la izquierda radical pasasen el filtro de los tribunales en los pasados comicios municipales y forales y así lo hace ahora al «abordar con ilegalizaciones las expectativas frustradas de paz».

Fue incluso más lejos al acusar a los socialistas de promover las medidas legales contra el entorno de Batasuna para crear un «cordón sanitario» que evite que les ocurra «lo mismo que al PP el 11-M». Es decir, que minimice el impacto negativo en las urnas de un eventual atentado de ETA en campaña.