El PNV asume que Izaskun Bilbao está abocada a enfrentarse al Supremo como Atutxa

El tripartito es consciente de que la maniobra para 'blindar' a la Mesa podría desembocar en un conflicto entre poderes sin precedentes Estudiará una «respuesta conjunta» a la ilegalización en las instituciones

OLATZ BARRIUSO O.BARRIUSO@DIARIO-ELCORREO.COM
PROTESTA. Gorka Knörr, Juan María Atutxa e Izaskun Bilbao, durante la manifestación de la pasada semana en Bilbao. / BORJA AGUDO/
PROTESTA. Gorka Knörr, Juan María Atutxa e Izaskun Bilbao, durante la manifestación de la pasada semana en Bilbao. / BORJA AGUDO

La trayectoria de Izaskun Bilbao corre paralela a la de Juan María Atutxa. Formó parte de su equipo en su etapa como consejero de Interior, le sustituyó al frente del Parlamento vasco cuando un empate irresoluble obligó al PNV a cambiar de candidato y, ahora, como presidenta de la Cámara, podría tener que enfrentarse a la misma 'patata caliente' que le ha costado al presidente de la Fundación Sabino Arana un año y seis meses de inhabilitación. El inicio del proceso de ilegalización de EHAK ha puesto en alerta a los jeltzales, que ya han interiorizado que, llegado el caso, Bilbao -quien, en dos años y medio, ha logrado reconducir el clima de perpetua bronca en el hemiciclo y se ha labrado una imagen de prestigio entre los grupos de la oposición- no tendrá más remedio que seguir los pasos de su predecesor y alegar su incapacidad para disolver el grupo de la izquierda abertzale, en el caso de que el Supremo así lo ordene. La diferencia con el tortuoso 'caso Atutxa' no es, en absoluto, baladí: ahora existe una sentencia del alto tribunal que desecha todos los argumentos a los que se aferró el anterior presidente para desobedecer el mandato judicial, lo que con toda probabilidad aceleraría y agravaría las eventuales condenas.

Fuentes del PNV consultadas por este periódico coinciden en que acatar ahora la hipotética orden de disolución del grupo de Ezker Abertzalea resulta políticamente inasumible, porque sería tanto como reconocer «que lo que hizo Atutxa no ha servido para nada» y supondría «enmendar la plana» al ex presidente del Parlamento, recién condenado junto a Gorka Knörr y Kontxi Bilbao. La airada reacción de los nacionalistas al fallo, con durísimas acusaciones al Supremo y una manifestación por las calles de Bilbao, reduce al mínimo el margen de actuación de la presidenta. Darle luz verde ahora para cumplir las resoluciones de los tribunales equivaldría a desdecir todo el discurso del partido y de Atutxa en torno a la soberanía del Parlamento y a la imposibilidad de disolver un grupo sin vulnerar la normativa interna.

El propio presidente del PNV, Iñigo Urkullu, subrayó ayer mismo que el Parlamento vasco «por supuesto» actuará con EHAK igual que lo hizo Atutxa en su día con Sozialista Abertzaleak, como institución «soberana» con capacidad para «autorregularse y autoorganizarse». Pero, aunque no existan dudas sobre el camino a seguir, el asunto preocupa, y mucho, a la dirección peneuvista y a la propia Izaskun Bilbao. Según apuntan distintos medios próximos a su entorno, la presidenta afronta con «incomodidad» la complicadísima tesitura en que podría colocarla la proscripción del partido abertzale, vislumbra en el horizonte una posible pena de inhabilitación que le obligaría a hacer un brusco parón en su carrera y teme además que la tensión se apodere de nuevo de las relaciones parlamentarias, ahora normalizadas.

Medida 'preventiva'

En círculos del tripartito se cree que Bilbao sería personalmente partidaria de enviar a los nueve parlamentarios radicales al Grupo Mixto si recibe el requerimiento del Supremo y evitar así males mayores, aunque es consciente de que tiene las manos atadas.

Descartada esa opción, su partido y los socios en el Gobierno vasco han comenzado a mover sus hilos para intentar 'blindar' a la presidenta y a sus compañeros de EA y EB en la Mesa y exonerarles de eventuales responsabilidades penales, mediante un cambio en el Reglamento que haga recaer en el Pleno la responsabilidad de disolver grupos parlamentarios. La proposición de ley registrada por el tripartito y Aralar abre múltiples escenarios posibles, todos ellos plagados de incógnitas, y constituye, en todo caso, una medida 'preventiva' ya que los tribunales ni siquiera han dictado todavía las sentencias de ilegalización de EHAK y ANV. Eso sí, su posible reflejo en las instituciones -ayuntamientos y Juntas alavesas incluidos- es hoy por hoy una de las «grandes preocupaciones» del PNV y sus socios, según Urkullu. De hecho, las tres fuerzas políticas tienen previsto reunirse esta semana para estudiar y preparar una «respuesta conjunta» a las ilegalizaciones, sobre todo cuando se dicten medidas cautelares contras los grupos proscritos que obliguen a los demás a moverse.

Lo cierto es que, si siguen la senda trazada con SA, los jueces no exigirían la disolución de EHAK hasta la fase de ejecución de sentencia, que, según distintos medios, podría demorarse hasta el verano. Se podría dar, por lo tanto, la circunstancia de que, para cuando el Supremo estuviera en condiciones de ordenar el paso de Nekane Erauskin y sus compañeros al Mixto, Ibarretxe ya haya disuelto el Parlamento si, como se creía, convocase elecciones anticipadas en octubre. No obstante, distintas fuentes apuntan ahora como más probable que los comicios pudieran celebrarse a principios de 2009.

Por el momento, lo único que está claro es que la modificación legal no se debatirá el próximo día 15, sino que deberá esperar al menos hasta el próximo jueves 21 -en vísperas del arranque de la campaña-, porque la Mesa, encargada de admitirla a trámite, no se reunirá esta semana al estar de viaje oficial en Irlanda del Norte. Una vez se lleve a Pleno, el destino de la iniciativa quedará en manos del propio grupo de EHAK, que, paradójicamente, deberá decidir si contribuye a obstaculizar su propia disolución a costa de entrar en un debate que por principio rechaza.

Los peneuvistas, EA y EB no han negociado ni negociarán el apoyo de Erauskin y los suyos a su maniobra, rechazada sin contemplaciones por PSE y PP. No obstante, el tripartito escudriña expectante las reacciones de la izquierda abertzale, que, como es habitual, no suelta prenda sobre sus intenciones. Las opiniones están divididas entre quienes creen que se opondrán para endosar así toda la responsabilidad a la Mesa y quienes aventuran que harán lo contrario, si las posibles ausencias en la Cámara no se encargan por sí solas de desbaratar el posible empate a 33. El hipotético voto negativo de EHAK supondría mantener exactamente el mismo panorama que encaró Atutxa, una posibilidad que nacionalistas y EB contemplan con inquietud y malestar. Un bloqueo por parte de EHAK podría servir incluso de justificación al tripartito para actuar contra ellos, aunque ésa es sólo una hipótesis informal que no ha sido objeto de discusión.

De segunda categoría

De lo que sí son conscientes los partidos que apoyan a Ibarretxe es de las consecuencias que acarrearía la reforma del Reglamento. Una maniobra que, según se admite en el entorno de sus muñidores, no garantiza automáticamente los fines perseguidos sino que sirve sobre todo para «ganar tiempo». Urkullu reconoció, en declaraciones a Europa Press, que los grupos que apoyan a Ibarretxe asumen que esa vuelta de tuerca podría acabar con más de la mitad de los diputados vascos procesados y condenados por desobediencia. Según dijo, el rechazo de PSE y PP obedece a un intento de «esconder sus propias vergüenzas» porque la votación «servirá para retratar a quienes consideran al Parlamento soberano y quienes creen que es una institución de segunda categoría».

Las palabras de Urkullu encendieron las luces de alarma en las organizaciones judiciales. La conservadora APM coincidió ayer con el PP al apreciar un «llamamiento a la desobediencia» en sus declaraciones; la progresista Jueces para la Democracia no fue tan lejos y le emplazó, únicamente, a «no caldear el enfrentamiento entre poderes».

Exactamente eso es lo que se producirá -nadie lo oculta- si el Pleno asume la responsabilidad y se niega por mayoría absoluta a disolver EHAK. Urkullu habló de «caos» para referirse a ese hipotético escenario. Otros medios del tripartito prefieren hablar de un conflicto «sin precedentes» entre el Legislativo vasco y el Judicial, mucho más largo, peliagudo y de difícil solución.