La Fiscalía reclama al Supremo que bloquee las finanzas de EHAK y le excluya de las elecciones

Destaca la «estrecha colaboración» y la «íntima conexión» entre la formación legal y Batasuna, a la que ha dado un «apoyo económico constante»

MELCHOR SÁIZ-PARDO
A LA ESPERA. Los nueve representantes del grupo de EHAK, con su portavoz Nekane Erauskin en el centro, durante una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento vasco. / BLANCA CASTILLO/
A LA ESPERA. Los nueve representantes del grupo de EHAK, con su portavoz Nekane Erauskin en el centro, durante una comparecencia en la sala de prensa del Parlamento vasco. / BLANCA CASTILLO

La Fiscalía pidió ayer al Tribunal Supremo que, de manera cautelar y antes de decidir si procede su ilegalización, embargue todas las cuentas y demás activos económicos del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK), e impida su participación en las próximas elecciones generales por su «estrecha colaboración» e «íntima conexión» con Batasuna. El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido presentará una iniciativa similar contra Acción Nacionalista Vasca (ANV) en cuanto concluya el análisis de los últimos indicios aportados por la Guardia Civil.

El fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, Antonio Narváez Rodríguez, fue el encargado de registrar en la secretaría de la sala especial que en su día ilegalizó a Batasuna el escrito de 200 folios que reclama igual condena para EHAK. Fue a las 9:00 horas, pero el grueso estaba por llegar. Una furgoneta conducida por un funcionario del Ministerio Público aparcó frente a la sede del tribunal a las 11:15 horas tras recorrer los 805 metros que separan el número 4 de la calle Fortuny, domicilio de la Fiscalía General, y la Plaza de Villa París donde se ubica el Supremo. El ujier descargó siete cajas y siete archivadores con las pruebas que apoyan la demanda. En los bultos se leía con claridad el rótulo «documentación respaldatoria».

Tras días de análisis y estudio, la Fiscalía ha optado por el proceso ordinario de ilegalización, no el más breve, que sería aplicar a EHAK la sentencia dictada contra Batasuna. Su demanda esgrime el artículo 9 de la Ley de Partidos porque entiende que la formación hoy presente en el Parlamento vasco «colaboró de manera habitual con una organización que de forma sistemática apoya el terrorismo», en referencia a la coalición abertzale.

Dado que este procedimiento podría alargarse durante más de un año, el Ministerio Público, tal y como hará la Abogacía del Estado, pide varias medidas cautelares inmediatas. Entre ellas, la suspensión de la actividad política del partido, el cierre provisional de su sede y de todos sus inmuebles, la prohibición de presentar candidaturas a las próximas elecciones generales y el bloqueo de todas sus cuentas. Idénticas medidas preventivas demandarán el Gobierno y la propia Fiscalía en el caso de Acción Nacionalista Vasca.

El departamento que dirige Cándido Conde-Pumpido quiere evitar que Batasuna siga parasitando las cuentas de EHAK, como ha hecho hasta ahora. El informe recuerda que el pasado diciembre este partido llegó a la bancarrota («descapitalización fraudulenta») con sólo 6.000 euros en sus cuentas, después de que entre octubre y diciembre de 2007 entregara a personas de Batasuna en España 567.000 euros en 21 transferencias y otros 197.000 euros a nueve dirigentes de la coalición proscrita en Francia y Bélgica, a través de otras 19 transferencias internacionales. Estas operaciones, para la Fiscalía, demuestran la «estrecha conexión» financiera entre ambas formaciones.

Según el Ministerio Público, los informes de los servicios de Información de la Guardia Civil y de la Policía dejan claro el «apoyo económico constante por parte de EHAK a Batasuna». Esa estrategia, destaca el informe, quedó al descubierto gracias al hallazgo del documento suscrito el 13 de junio de 2007 por Batasuna, ANV y EHAK «que establecía las pautas para la creación de una caja común que sirviera para centralizar los ingresos y gastos de todas las estructuras de la izquierda abertzale».

La demanda no olvida que EHAK pagaba desplazamientos internacionales de los líderes de la coalición, que corrió con los 2.500 euros de gastos del funeral de ex dirigente abertzale Jokin Gorostidi o que pagó de su bolsillo el alquiler de salas de prensa en hoteles de Bilbao y en San Sebastián en noviembre de 2006 y febrero de 2007.

Todo ello, después de pagar nóminas a 49 personas relacionadas con la coalición, entre miembros de la mesa nacional, directores provinciales, candidatos electorales, tesoreros, cargos de confianza o cuadros de la estructura interna.

«Presencia pública»

El dinero no lo es todo. También está la subordinación política del partido a la coalición disuelta. La Fiscalía habla de «estrecha colaboración» e «intima conexión» entre ambas formaciones, que mantienen una «relación habitual» que se plasma en el «apoyo político» de EHAK a Batasuna.

El partido demandado presta «su propia sede» a Batasuna y pone a «disposición» de la coalición toda «su capacidad de comunicación y presencia pública», relata el escrito. Es más, su grupo parlamentario «hace depender el contenido de sus decisiones políticas a las concretas instrucciones y directrices de los dirigentes del partido ilegal».

Explica la Fiscalía que esa sumisión política queda patente en la estrategia de EHAK en relación a la implantación de la alta velocidad ferroviaria en el País Vasco. El partido «secunda y hace suyas las consignas impartidas por la banda terrorista ETA para impedir que estas infraestructuras llegue a ser realidad» y «asume la campaña dirigida a imponer, mediante la intimidación y la coacción, el rechazo a su construcción».