El plan vasco de educación para la paz busca deslegitimar a ETA y «otras violencias»

El plan de educación para la paz del Gobierno vasco persigue la «deslegitimación radical del terrorismo» de ETA, partiendo de la base de que también existen en la sociedad «otras violencias y violaciones de Derechos Humanos» que deben ser «objeto de atención». Apoyado en esta premisa, el Ejecutivo autónomo presentó ayer en Vitoria un proyecto que se ha gestado entre las críticas de distintos colectivos sociales y de damnificados por el terrorismo, y que contempla, entre otras medidas, cursos de formación en derechos humanos para funcionarios de prisiones y policías y un programa educativo que llevará el testimonio de las víctimas a las aulas de segundo ciclo de la ESO. «No estamos ante un plan antiterrorista de educación, ya que abarca el conjunto de intervenciones que demanda la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos», subrayó ayer el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga.

El plan -aprobado en el último Consejo de Gobierno y presentado ayer por el propio Azkarraga, por el consejero de Educación, Tontxu Campos, y por el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa- nace con el objetivo de establecer las «bases seguras» para que las nuevas generaciones «crezcan y se desarrollen en el respeto» a los derechos fundamentales. En este contexto, el programa parte de la consideración de que «la sociedad vasca vive todavía lastrada por el terrorismo de ETA» y recalca que, «si bien el apoyo social al terrorismo es hoy en día muy reducido, su persistencia genera múltiples efectos no deseados y vicia la convivencia».

Acto seguido, en el apartado donde se analiza el contexto social en el que tendrá aplicación, se indica que el terrorismo de ETA «no agota, sentadas las afirmaciones anteriores, ni toda la violencia terrorista que históricamente se ha producido en nuestro país, ni otras violencias ilegítimas y graves violaciones de derechos humanos». Estas últimas, según se indica en el texto, también deben ser asumidas en un documento de estas características.

El proyecto pretende convertirse en el eje central que permita diseñar políticas públicas de paz y definir objetivos comunes. En este sentido, siguiendo una «vocación de consenso», se han incorporado al texto definitivo algunas propuestas previas de colectivos sociales y políticos, como la eliminación de la expresión «violencia de motivación política», planteada por el PSE.

Sin embargo, en el informe no se han admitido otras reclamaciones de socialistas y populares, que han criticado en varias ocasiones los borradores previos por no contemplar la participación de las víctimas en el órgano de control y seguimiento del plan. El tripartito también ha rechazado la demanda socialista que hacía referencia al derogamiento de las subvenciones públicas a las asociaciones que no muestran un rechazo explícito del terrorismo. Azkarraga, a este respecto, subrayó el «esfuerzo» realizado para incorporar distintas proposiciones, expresó su confianza en que el PSE apoye el plan e hizo un llamamiento a «acercar posturas y lanzar puentes en una materia en la que todos debemos afanarnos por arrumbar debates estériles».

Unidad didáctica

En todo caso, el plan, que contará con un presupuesto de casi 6,5 millones de euros (el Ejecutivo de Vitoria aportará 5,6 millones y los entes forales, 850.000 euros), será remitido la próxima semana a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara vasca para que los grupos realicen sus aportaciones antes de proceder a una tramitación parlamentaria.

El proyecto abarcará el periodo 2008-2011 e incluye más de 90 actuaciones concretas (70 de las mismas serán llevadas a cabo por el Gobierno vasco y el resto por las diputaciones forales y los ayuntamientos). El Ejecutivo tiene previsto empezar durante el próximo mes una nueva experiencia piloto en una serie de centros escolares -impulsada por la Dirección de Atención de Víctimas del Terrorismo- que, bajo el título 'Historias que nos marcan', estará destinada a aumentar la sensibilidad y empatía hacia los damnificados por la violencia terrorista y en la que, a través de distintos medios, se recogerán los testimonios de las propias víctimas. Una vez finalizado este programa piloto, se realizará una evaluación del mismo y se comparará con los resultados obtenidos en una unidad didáctica anterior, en la que se trasladaba a las aulas el testimonio de damnificados por ETA y el GAL. Con estos resultados, el Gobierno creará durante el próximo curso para todos los centros -públicos y concertados- un programa definitivo de educación que se extenderá al segundo ciclo de la ESO.

Además de esta unidad, entre las actuaciones previstas se incluye la creación de «programas de capacitación» en materia de educación para la paz y los derechos humanos destinados al «funcionariado de Policía, de la Administración de Justicia y de Prisiones». Estos cursos se extenderán a otros colectivos, como al personal sanitario y a políticos y cargos públicos. El director de Derechos Humanos, Jon Landa, aseguró al respecto que estos colectivos son «los destinatarios naturales» de este tipo de protocolos «según todas las recomendaciones internacionales, como las de la ONU, que tienen líneas específicas para capacitar e estos cuerpos de funcionarios o de intervención».

Veintiún miembros

El plan, finalmente, será supervisado por una consejo consultivo de 21 miembros en el que no figura ninguna asociación de víctimas del terrorismo. Algo que el propio Landa no consideró «extraño» ya que, según dijo, este grupo, que ofrecerá una «visión crítica y externa» al plan, debe estar integrado por representantes cualificados técnicamente. A pesar de todo, aseguró que «los intereses de las víctimas están legítimamente asumidos» en el proyecto.

El órgano, en el que sí participará la directora de la oficina de Atención de Víctimas del Terrorismo, Maixabel Lasa, estará compuesto por un presidente, diez representantes de las instituciones (4 del Ejecutivo, 3 de las diputaciones y 3 de Eudel) y otros diez miembros de organismos sociales (1 representante del Ararteko, 1 de la UPV, 4 del Consejo Escolar y 4 de ONGs).