'Capullo' (Cristina Cuesta e Irene Cuesta)

'Capullo' (Cristina Cuesta e Irene Cuesta)

Asesinaron a nuestro padre Enrique Cuesta un 26 de marzo de 1982 junto a uno de sus escoltas, el policía nacional Antonio Gómez. Nuestro padre era protegido por escoltas porque el anterior delegado de Telefónica, Juan Manuel García Cordero, había sido secuestrado y asesinado el 23 de octubre de 1980, cuando nuestro padre era subdelegado en Guipúzcoa. Tras el atentado, decidimos permanecer en San Sebastián porque mi madre y nosotras éramos vascas, nuestra familia, nuestros amigos, nuestras referencias estaban en San Sebastián. Teníamos veinte y catorce años. Cobramos la indemnización del Ministerio de Interior. La muerte de nuestro padre se consideró un accidente laboral y su viuda cobró la misma indemnización y pensión que habría percibido si a mi padre, al ir a trabajar, le pilla un coche. Hasta 1992, diez años después, con el cambio de ley, nuestra madre no percibió pensión extraordinaria por atentado terrorista. Con todo, la situación económica, en nuestro caso, no fue lo peor.

Lo peor fue vivir en un ambiente social de justificación y comprensión de aquel crimen que marcó y cambió nuestras vidas para siempre. Convivir entre pintadas de exaltación del terrorismo, cruzarnos cotidianamente con personas que hacían gala de ser amigos de los matones, soportar reacciones de miedo o cobardía de conciudadanos enfermos moralmente. Soportar un ambiente de impunidad para el verdugo y de culpabilización para las víctimas. Esconder nuestra condición de víctimas, no nombrar, no denunciar en alto. Intentaron emponzoñar el nombre de nuestro padre diciendo tras el atentado que era un represor colaborador de los poderes del Estado español. Firmaron el crimen como Comandos Autónomos Anticapitalistas: nuestro padre no tenía ni vivienda ni coche propios. Durante los primeros años algunos conocidos nos preguntaban en qué andaba metido nuestro padre para acabar así y nos recomendaban que debiéramos olvidar, por nuestro bien. Algún cura que otro se negó a dar una misa en su memoria diciendo que «ya estaría en el cielo». Tardamos un tiempo en ser conscientes de la absoluta inocencia de Enrique Cuesta y Antonio Gómez, y de la absoluta maldad de sus asesinos.

Los terroristas decidieron acabar con unas personas de las que no sabían nada. Eran vascos como nosotras, no habían pasado ni hambre ni necesidad, habían podido estudiar en euskera, votar a partidos diferentes, salir a tomar cervezas, trabajar y llevar una vida normal, pero decidieron convertirse en fanáticos, libre y conscientemente. Otros muchos jóvenes huérfanos, heridos y humillados decidimos ser personas decentes. Juan Antonio Zurutuza Sarasola, alias 'Capullo', imputado en el asesinato de nuestro padre y su escolta, y de otras tres personas más, además de secuestro y estragos, escapó a Sudamérica, volvió a Francia, se casó con una rica empresaria de la zona de Hendaia, a veinte kilómetros de donde presuntamente asesinó, se le implicó en el blanqueo de dinero de ETA y hasta hace tres duros y largos años no pasó ni un solo minuto en la cárcel. Al ver su rostro en el periódico, una amiga nos contó que frecuentaba las marisquerías de la zona. Sus crímenes fueron prescribiendo y el azar y la suerte quiso que, como gerente de una empresa de distribución de productos españoles implicada en dar cobertura económica a ETA, fuera detenido por la Policía francesa.

A partir de ese momento empezó un calvario legal y judicial que evidencia las lagunas todavía existentes en la lucha por la derrota del terrorismo: una legislación que debería orientarse a la imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo para evitar que sujetos de esta calaña, de ininterrumpida carrera criminal, pudieran vivir en la impunidad y reírse abiertamente de sus víctimas y de las democracias constitucionales. Una colaboración entre Estados democráticos que todavía tiene mucho por hacer, especialmente respecto a los crímenes terroristas que se cometieron en aquellas décadas del horror y del terror y que han dejado desamparadas judicialmente a tantas víctimas.

Estamos inmensamente contentas. Nunca pensamos que podría llegar este momento. Celebramos la suerte que tenemos porque los hechos y los avances legales se han concatenado a nuestro favor. Agradecemos a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a las policías de España y Francia, a la determinación de los gobiernos que firmaron el tratado de extradición de Dublín su trabajo y su dedicación. Somos conscientes de la importancia de este caso. Por primera vez se extradita a un nacional propio y por primera vez se tiene en cuenta la prescripción del país demandante. Muchos terroristas duermen hoy más intranquilos. Se han aplicado la lógica y el sentido común.

Nos acordamos y nos sentimos muy responsables de todas aquellas víctimas que no obtendrán nunca reparación, así nos sentíamos nosotras hace nada. Nos comprometemos a trabajar por que se considere al terrorismo delito de lesa humanidad y los terroristas, al igual que los nazis, sean perseguidos en todo tiempo y lugar. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosas de nuestro comportamiento, que creemos que, junto al de todas las víctimas del terrorismo, durante esta larga y tortuosa historia no acabada ha sido y es ejemplar. Al fin y al cabo a este sujeto, por los tres asesinatos por los que se le va a juzgar, se le aplicará un Código Penal que, como mucho, si la sentencia es condenatoria, le mantendrá en prisión previsiblemente de quince a diecinueve años. Aún le quedará tiempo de disfrutar de sus nietos, cosa que nuestro padre jamás podrá hacer.