Se hace camino al andar

INAXIO OLIVERI Y ENEKO OREGI
Se hace camino al andar

El artículo 'No imponer, no impedir' de Josu Jon Imaz ha situado en primera línea del debate político dos cuestiones principales tras el fracaso negociador ETA-Gobierno y la ruptura del alto el fuego: continuar con el proceso político a pesar de lo que haga ETA y cómo abordar y desarrollar el mismo.

Con independencia del énfasis puesto por los protagonistas sobre la prioridad de la acción policial y la deslegitimación social y política de ETA y su entorno, parece existir un amplio acuerdo en el mantenimiento, mejor diríamos en la recuperación, de la dinámica política, ya que no parece políticamente conveniente ni éticamente asumible convertir a ETA en el árbitro decisorio de la política vasca y paralizar o reiniciar los procesos de normalización en función de su voluntad o conveniencia. En consecuencia, el Gobierno vasco y los partidos deben recuperar la iniciativa para abordar la consecución de un nuevo acuerdo político. Acuerdo sobre cuyo alcance final existen muy diversas concepciones, pero sobre cuya necesidad, salvo en el caso del PP, parece haber una amplia aceptación de los partidos y la sociedad vasca.

En este sentido, creemos que no debe esperarse más. Creemos que el país no puede dar por congelado, hasta el momento en que ETA quiera, un acuerdo que debe:

-Proporcionar estabilidad a la política vasca y posibilitar un mayor grado de convivencia.

-Incrementar un autogobierno que proporcione más y mejores instrumentos para asegurar el desarrollo del país y el bienestar de la ciudadanía;

-Asegurar un mayor grado de asunción y reconocimiento de nuestra realidad nacional.

Ahora la cuestión es cómo abordar y desarrollar el proceso, y aquí comienzan las dificultades; básicamente, en cómo debe ser y sustanciarse democráticamente el proceso interno en el seno de la propia sociedad vasca y sus partidos políticos y en la asunción o no del mismo por el Estado y el correspondiente reconocimiento jurídico. En esta cuestión no se produce únicamente la tradicional diferenciación nacionalismo-estatalismo, sino que aparecen diferencias importantes en el propio seno del nacionalismo vasco.

Diferencias que adquieren un carácter de debate ideológico, que algunos tienden a plantear siempre en términos de ortodoxia, olvidando que la acción política no puede basarse únicamente en el irrenunciable principio de legitimidad y que debe tener muy en cuenta si es conveniente y posible en el momento en que se plantea. En concreto, en el caso que nos ocupa, si es conveniente para el proceso de construcción nacional una mayor división social y política y, en segundo lugar, si un acuerdo exclusivamente nacionalista es materializable. En nuestra opinión, la transversalidad es más que un mero acuerdo entre partidos de diferente adscripción nacional; es, o debe ser, un pacto social a impulsar por los partidos alrededor de la construcción nacional que respalde y garantice un acuerdo político interno y con el Estado.

Las denominaciones de 'soberanistas' y 'autonomistas' que en una burda simplificación califican a las dos posiciones básicas no se corresponden, a nuestro entender, con la realidad. Que sepamos, nadie ha renunciado ni renuncia a los principios finalistas; nadie reniega del derecho a la soberanía, de la capacidad de decisión, de la territorialidad La cuestión se debe centrar en la estrategia a desarrollar, en cuál es el mejor camino y el más efectivo teniendo en cuenta la realidad política, territorial y social para que nuestro país siga siendo una realidad nacional y consiga el estatus político preciso para impulsar y asegurar esa realidad nacional en las actuales circunstancias.

La estrategia basada en el acuerdo interno transversal, pacto con el Estado y referéndum parece plantear un escenario menos ambicioso de reivindicación nacionalista, pero asegura un acuerdo interno de convivencia político-social, una mayoría en los tres territorios (básica para la estabilidad y la cohesión territorial) y posibilidades de acuerdo con el Estado y de plasmación jurídica.

El acuerdo mayoritario nacionalista, consulta por mayoría simple y negociación con el Estado, conlleva, además de los azares de una mayoría quizá no suficiente, a su casi seguro rechazo o a una rebaja del mismo por el Estado, seguramente inaceptable tras la consulta, a un mayor alejamiento nacionalismo-estatalismo en el País y a la llamada confrontación democrática con el Estado, de imprevisibles y desconocidas consecuencias e indeseada por la mayoría de la ciudadanía.

Cierto es que las experiencias catalana y navarra no dan precisamente argumentos para defender las posibilidades de éxito de la primera, pero ¿es más viable la otra? Siguiendo el razonamiento que se está utilizando, ¿cómo va a aceptar el Estado un acuerdo no suscrito en Euskadi por ninguna de las fuerzas estatales, si se niega que vaya a aceptar uno transversal? ¿Qué instrumentos o capacidades tenemos para imponerlo? ¿Qué instancias internacionales abogarán por ello? ¿Cuál es la alternativa?

La tarea de quienes hoy ostentan responsabilidades políticas es posibilitar que una sociedad heterogénea, con diversas maneras e intensidades de adscripción al hecho nacional logre una mayor cohesión en torno a un proyecto de autogobierno que vaya colmando las aspiraciones mayoritarias.

Desde esta perspectiva, un acuerdo que signifique un avance en la construcción nacional exige:

-Mayoría cualificada que asegure un apoyo mayoritario en el que se reconozcan las diferentes culturas y tradiciones políticas. Es cierto que la mayoría simple es una regla habitual de la democracia, pero la estabilidad y legitimación social del acuerdo básico para la convivencia interna y la relación con el Estado precisa un mayor apoyo. De hecho, para decisiones menos trascendentales, como la elección del ararteko, director general de EITB, presidentes de diversos consejos o incluso en las reglamentaciones internas de los partidos en determinados casos, se exigen mayorías cualificadas;

-Que todos puedan formular sin condicionamiento alguno sus respectivas posiciones para, sin renuncias ideológicas, acordar un marco democrático inclusivo;

-Una definición del estatus que reconozca, con las garantías precisas para el mantenimiento de una situación política y social estable, la capacidad de decisión y posibilite un acuerdo con el Estado, sin que ello signifique renuncia alguna a la materialización de proyectos de más largo alcance, sea cual sea su naturaleza.

Para lograrlo, para que el proceso a iniciar tenga posibilidades de éxito, creemos que debe abordarse con generosidad, lucidez e inteligencia políticas. En este sentido, creemos que los partidos de obediencia estatal y adscripción nacional española, el PSOE fundamentalmente, tienen que situarse ante el hecho de una comunidad, la vasca, con un alto sentimiento de pertenencia a una realidad nacional que precisa de un estatus específico. Los nacionalistas vascos, por nuestra parte, aun siendo mayoritarios, debemos ser conscientes de que el acuerdo y el convencimiento son los instrumentos más importantes de que disponemos para avanzar en la nación vasca que queremos construir.

Por ello, el acuerdo, sea el que sea, no será perfecto ni resolverá todas las contradicciones y conflictos en el seno de nuestra sociedad sino, por el contrario, será una amalgama de concesiones mutuas, un conjunto de soluciones parciales atacables desde diferentes ópticas e intereses, pero, por ello mismo, capaz de dar cabida a todos o a la inmensa mayoría.

No hay soluciones mágicas. El ejercicio de la política constituye un delicado equilibrio entre utopía y pragmatismo, de manera que los objetivos vayan concretándose en avances reales que atraigan e ilusionen y no queden en reivindicaciones no materializadas que producen alejamiento y frustración.

A pesar de los pesares, de los que ya hemos señalado alguno, y de la decepción causada por el presidente Zapatero, creemos que la vía que defendemos plantea menos riesgos y ofrece más posibilidades de avance en el autogobierno. De hecho en las pasadas conversaciones entre PNV, PSE y Batasuna se llegó a un preacuerdo satisfactorio, que ETA se encargó de dinamitar. Por el contrario, la otra vía nos conduce a una confrontación estéril y a la parálisis política.

No debiéramos olvidar que estos años de limitado autogobierno han incrementado la adscripción de la ciudadanía al vasquismo y a un proyecto político propio y que sólo este incremento garantizará un proyecto nacional vasco. No debiéramos olvidar que se hace camino al andar.

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