Alquiler estancado

Un estudio del Departamento de Vivienda constata, un año más, que los vascos están reñidos con el alquiler. Esta fórmula de acceso a la vivienda sólo se encontraba el año pasado en el 5,4% de los hogares de Euskadi, un porcentaje aún más bajo que la media española del 7,7%, y a años luz del 50% que llega a alcanzar en otros países europeos. Se trata de una alergia a habitar un inmueble arrendado enraizada en una filosofía vital que liga la estabilidad del proyecto personal o familiar a la consecución de una escritura de propiedad. Tal mentalidad se ha visto abonada por la escasa movilidad laboral y las facilidades de las últimas décadas para adquirir un piso -e incluso una segunda residencia-. Las administraciones que se duelen de la incapacidad de los ciudadanos para flexibilizar su obsesión por la propiedad tampoco han sabido o querido reorientarla, en una época de disponibilidad crediticia y exaltación de los bienes inmuebles como valor financiero y fuente de ingresos para los ayuntamientos. Tampoco el elevado precio de los alquileres en el País Vasco atrae demandantes: la hipoteca mensual es aún más cara, pero se destina a un bien propio. La situación se complica cuando se repara en que los ciudadanos no sólo no desean convertirse en inquilinos, sino que tampoco arriendan sus viviendas desocupadas por temor a complicados pleitos para recuperarlas.

Vivir de renta, sin embargo, sí parece la primera opción, siquiera de modo temporal, para dos colectivos relevantes: los jóvenes que aspiran a emanciparse y los inmigrantes. Ambos, claro está, condicionados por unos ingresos limitados que les vetan el acceso a la hipoteca, en particular en un momento de tipos al alza. En estos dos sectores debería centrarse una política de impulso a la vivienda social que, en el caso del Gobierno vasco, ya apunta medidas prometedoras como la anunciada para 2008 de destinar al alquiler el 50% de las promociones de inmuebles protegidos. Esta iniciativa debería acompañarse de la creación de estímulos para implicar al sector privado en la creación de un mercado de arrendamiento suficiente y asequible. Algo que no será fácil lograr con ideas de dudosa legalidad y complicada aplicación práctica como el proyecto de la Consejería de Vivienda para gravar con un canon los pisos vacíos.

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