Las diputaciones exigen a 300 empresas que devuelvan las ayudas prohibidas por la UE

Superan los 1.800 millones y proceden de las 'vacaciones fiscales' y otras deducciones

MANU ALVAREZ M.ALVAREZ@DIARIO-ELCORREO.COM
Los miembros del Tribunal de Justicia Europeo en la sede Thomas More de Luxemburgo. / AP/
Los miembros del Tribunal de Justicia Europeo en la sede Thomas More de Luxemburgo. / AP

Antes del 11 de septiembre, las diputaciones forales entregarán a la Comisión Europea la lista de las empresas vascas que se han beneficiado, desde el año 1996, de algunas ayudas fiscales que han sido calificadas como «ilegales» por la UE. Algunos días antes, esas mismas empresas, unas 300 en toda la comunidad autónoma según las estimaciones, recibirán una carta de las diputaciones en la que se les comunicará una desagradable noticia: deberán devolver a las arcas públicas las ayudas fiscales de las que se beneficiaron a partir del año 1996 -son las conocidas 'mini vacaciones fiscales' y las deducciones de hasta el 45% en las inversiones industriales- de forma inmediata. Las mismas estimaciones apuntan que las ayudas a devolver ascienden a unos 1.800 millones de euros.

El 11 de septiembre -fecha terrible donde las haya- es el plazo límite que ha dado la Comisión Europea para que las haciendas forales le comuniquen el listado detallado de las sociedades, así como la relación de actuaciones que se han practicado para recuperar unas ayudas que la Comisión ya calificó como contrarias a la normativa de la UE en julio de 2001. Le avala, ahora sí, una sentencia del Tribunal de Luxemburgo de finales del pasado año, que es como una 'espada de Damocles'. Si las diputaciones no siguen las 'instrucciones' comunitarias, habrá una multa diaria hasta que cumplan. La conclusión ha sido inmediata: no hay escapatoria. Las haciendas forales han decidido rendirse y entregar las listas.

Y habrá más

Todo hace presagiar que no será la única entrega. El próximo septiembre, la Corte de Luxemburgo verá otro recurso similar presentado por la Comisión, referido a otras ayudas anteriores en el tiempo: las 'vacaciones fiscales', la exención total del Impuesto de Sociedades concedidas a las empresas de nueva creación entre los años 1993 y 1995 en Euskadi. Y, vistos los antecedentes, se espera una resolución similar y también la 'advertencia' de una nueva multa diaria. El número de empresas afectadas en este caso no es muy grande y la trascendencia económica también es marginal.

La carta que enviarán ahora las diputaciones no será una sorpresa para los receptores. Desde hace ya varios días, los servicios de las haciendas forales han iniciado comunicaciones privadas con las empresas afectadas, para indicarles la 'mala nueva'. Algunos funcionarios de las haciendas forales y varias decenas de asesores fiscales han visto notablemente trastocados sus planes de vacaciones. Las declaraciones de impuestos de esas 300 compañías, correspondientes a toda una década, van a ser rehechas -en muchos casos a mano, porque no hay programas informáticos para el Impuesto de Sociedades de los primeros años-; se eliminarán las deducciones 'ilegales' y se calculará la deuda fiscal. Un trabajo de chinos para una factura inesperada.

Entre esos tres centenares de compañías se encuentran las principales empresas del País Vasco, algunas de ellas cotizadas en Bolsa, que hicieron grandes inversiones entre los años 1996 y 2000. Algunas de ellas, en especial las cotizadas, ya habían tomado medidas de precaución en sus cuentas de resultados y habían provisionado -una especie de limbo para los beneficios dudosos- las deducciones aplicadas.

Algunas compañías se juegan en esta historia más de 100 millones de euros -no se descarta que varias decenas de ellas presenten un recurso ante la Justicia española-, porque hicieron grandes inversiones en esos años y aplicaron una legislación que, creyeron de buena fe, tenía todas las bendiciones. Pues no. A las haciendas forales se les había olvidado -hay consenso en considerar que fue algo intencionado- pedir la autorización de Bruselas.