El PP recurre ante el Constitucional la Ley de Aguas vasca por sobrecargar los recibos a los consumidores

Considera que la normativa, que incluye un canon que supone una "doble imposición", invade competencias municipales y forales

EUROPA PRESS BILBAO

Los parlamentarios del PP Antón Damborenea y Esther Martínez han explicado el contenido del recurso, presentado la pasada semana por diputados del grupo del PP en el Congreso contra la Ley vasca de Aguas, aprobada en el Parlamento vasco el pasado 23 de junio. Los populares denuncian que diversos artículos y disposiciones de esta ley contradicen varios preceptos constitucionales y consideran que el canon que establece la Ley de Aguas "carga un nuevo costo en el recibo del agua" para financiar la Agencia vasca de Aguas.

Según ha explicado Damborenea, el recurso contra la Ley de Aguas denuncia que esta normativa establece un canon que grava el volumen de agua consumido, "algo que ya hacen evidentemente todas las ordenanzas municipales que regulan el consumo del agua", por lo que "se grava por segunda vez" a los consumidores y es contrario al ordenamiento jurídico vigente que impide "la doble imposición". Asimismo, el PP destaca que la Ley vasca invade competencias de las diputaciones forales porque, "además de inventarse un impuesto nuevo que grava algo que ya pagamos, dice a los ayuntamientos cómo deben regular sus ordenanzas fiscales y una serie de materias más".

De esta manera, "pretende quedarse con recursos fiscales municipales e ignora la Disposición primera de la Constitución, que dice que se respetarán los derechos de los territorios históricos, el Concierto Económico, ese que dice que en materia fiscal y en el caso de haciendas locales son las diputaciones forales y las juntas generales las únicas que tienen competencia para regular y legislar esa materia", denunció el parlamentario del PP. En este caso, según ha añadido, "nos encontramos con el Gobierno vasco y el Parlamento vasco regulando materia fiscal propia según el Concierto Económico de haciendas locales".

El recurso del PP indica también que las comunidades autónomas no pueden gravar bienes situados fuera de sus límites y recuerda que gran parte del agua utilizada por el Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia procede del embalse de Ordunte, ubicado en la provincia de Burgos.

Contaminación

Por otro lado, el PP denuncia que la Ley de Aguas "vulnera totalmente el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad que prohibe la Constitución. En este sentido, Damborenea ha criticado que "teóricamente" la Ley se basa en la Directiva 2000/60 de la Comunidad Europea que establece como principios la recuperación de costes, lo que "ya hacen las tasas municipales", y el hecho de que "quien contamina paga".

No obstante, destacó que, en el caso del canon de la Ley de Aguas, "no paga nada quien contamina y, desde luego, no paga más quien contamina más", sino quien consuma más. Con ello, lamentó, "el principio ecológico desaparece".

Finalmente, ha denunciado que la normativa vasca establece "una especie de bonificación" de hasta el 95% del canon, pero determina si se realiza sobre la base imponible o sobre la cuota, ni cómo se accede a ella, de modo que "queda desregulado de forma que el Gobierno vasco decidirá" sobre quién accederá a estas bonificaciones. De esta manera, Damborenea ha censurado que, además de vulnerar los principios de la Constitución, vulnera "la libre competencia".