La violenta huelga de los tranviarios bilbaínos de 1922

El conflicto fue consecuencia de la huelga general contra los malos tratos que tuvo lugar el 8 y 9 de noviembre. Entre los tranviarios el seguimiento había sido altísimo. La empresa anunció el 8 que los tranviarios que no acudieran al trabajo el día siguiente se considerarían «dimisionarios». Es decir, quedarían despedidos.

Seguramente, dos circunstancias animaron a la empresa a una medida tan radical. Tenía el apoyo del Gobernador Civil, que exigía un normal funcionamiento del servicio y haría lo necesario para restablecerlo. Y, sobre todo, la consideración de que la plantilla de tranviarios resultaba «poco disciplinada» y proclive al conflicto social. En dos años habían realizado tres huelgas: 29, 30 y 31 de julio de 1921, contra el embarque de tropas a Melilla; 1,2 y 3 de septiembre para pedir la dimisión del Gobernador Civil y los días 17 y 18 de abril de 1922, como protesta por la rebaja de jornales mineros. La compañía alegaba que ninguno de estos conflictos arrancaba de problemas laborales de los tranviarios, que (aseguraba) tenían buenos salarios, así como apoyos en casos de enfermedad y retiro. En el concepto de la empresa, la protesta contra el juicio de noviembre de 1922 a los acusados del asesinato del gerente de Altos Hornos venía a ser la gota que desbordaba el vaso.

Entre estos trabajadores estaban bien asentados los comunistas, seguidores del partido creado el año anterior. Los socialistas criticaban su radicalización. «Se introdujeron estos elementos diciendo que iban a hacer un paraíso de esta región y nos han traído un infierno», por la facilidad con que recurrían a las pistolas, se quejaban en abril de 22.

El 9 de noviembre los tranviarios no volvieron al trabajo y la empresa declaró disuelto el escalafón, lo que era tanto como despedirlos. Se presentaron al trabajo el día siguiente, pero la empresa comunicó que para readmitirlos tenían que presentar una solicitud individual y que se reservaba el derecho de admisión, por lo que no todos los tranviarios recuperarían el puesto de trabajo. Los tranviarios se negaron a aceptar estas condiciones y continuaron en huelga.

Al principio, los tranvías que circulaban los conducían guardias de seguridad, después comenzaron a hacerlo solicitantes recién admitidos, sin experiencia de trabajo. Hubo numerosos accidentes en los tranvías, algunos con varios viajeros heridos.

El conflicto, largo y tenso, se fue enconando. La compañía endureció las condiciones de trabajo, con un nuevo cuadro disciplinario, que preveía duras sanciones cuando se produjese alguna falta. Los tranviarios exigían la admisión de todos, el abono de los salarios perdidos y la expulsión de algunos trabajadores hostiles a la huelga.

El 12 de noviembre se celebró un mitin en la Casa del Pueblo de Bilbao (calle Laguna). Asistieron mil personas y «tomaron parte en este acto algunos compañeros tranviarios y representantes de las diversas organizaciones de Vizcaya». La reunión da alguna clave para entender qué pasó. No asistió nadie por el partido socialista. Hablaron dos tranviarios, pero el peso lo tuvieron tres dirigentes comunistas que no trabajaban en la empresa, Juan Pozas, Leandro Carro y Oscar Pérez Solís. El primero interpretó la huelga general del 8 y 9 de noviembre de forma distinta a la convocatoria. Aseguró que había sido por la desconfianza que les infundió el jurado del juicio -oficialmente había sido en protesta contra los malos tratos a los detenidos-. Todos llamaron a que los tranviarios resistieran, por contar «con el apoyo de la clase trabajadora», porque los esquiroles «se cansarían muy pronto» al no estar acostumbrados a los trabajos y porque en la huelga general habían luchado por la justicia.

Contra lo que se había supuesto, no se convocó una huelga general en apoyo a los tranviarios. «No hay plazo para declarar la huelga general. Las sociedades obreras cuentan con otros procedimientos de solidaridad» resumió El Liberal, el periódico próximo a los socialistas. Verosímilmente esta decisión defraudó a los tranviarios, cuyo despido se la ha producido por una huelga solidaria.

Hubo varios intentos de negociación con la mediación del alcalde, pero continuaron las diferencias. La empresa admitió algún tipo de reincorporación de los despedidos, pero siempre tras peticiones individuales, reservándose el derecho de admisión y respetando a los trabajadores que había contratado desde la huelga general. Los esquiroles se convirtieron en el principal objeto de repulsa por parte de los tranviarios. En diciembre la atención de éstos se desplazó hacia la búsqueda de solidaridad obrera. «¡Luchad, tranviarios! No desmayéis un solo momento»: el comunicado de la Casa del Pueblo, sin embargo, no comportaba apoyos concretos.

Y estaba apareciendo la violencia. En octubre estallaban algunas bombas en vías y cerca de las instalaciones que tenía la empresa entre Basurto y la Casilla, luego en otros sitios. El 4 diciembre se produjo el primer atentado mortal. Fermín Zubiaga, de Murgia, contratado en noviembre, fue asesinado al volver a casa, en la calle Virgen de Begoña: le impactaron 16 tiros.

Por otra parte, se resquebrajaba la unidad de los huelguistas, que hablaban «de defecciones», por parte de trabajadores «pobres de espíritu». Quince trabajadores habían solicitado la readmisión. Por otra parte, proliferaban las amenazas a los esquiroles. El 16 de diciembre cayó gravemente herido Ricardo Rodríguez, en la calle Autonomía: era de Balmaseda y unas semanas antes había solicitado trabajo en los tranvías; murió unos días después.

El lunes 18 de diciembre fue el día clave. De pronto la gran mayoría de los tranviarios en huelga solicitaron el reingreso, en las condiciones que dictaminaba la empresa. ¿Qué había sucedido? No quedó claro, aunque el cambio de opinión fue masivo. Probablente resultó decisiva la reunión de sociedades obreras celebrada en la Casa del Pueblo el domingo. De las 29 sociedades convocadas sólo asistieron 10 y únicamente 7 votaron a favor de la huelga general, sabiéndose que las que no acudieron discrepaban de la convocatoria: sólo 7 de 29, por tanto. Un periódico recogió que los tranviarios que pidieron la readmisión estaban «hartos de promesas de las sociedades obreras; y que, como ninguna solución práctica se les ofrecía, optaron por volver al trabajo». Es posible que también influyese en el desánimo la deriva violenta del conflicto, que les quitaba apoyos de la opinión pública.

Esa misma noche se produjo el atentado más grave. En Ollerías Bajas dispararon contra el trabajador Restituto Salvador, de León, tranviario las últimas semanas, y Vicente Carracedo, cabo de seguridad muy popular en Bilbao. El primero murió inmediatamente, el segundo al día siguiente. Lo resumió El Liberal: «El pleito tranviario está costando mucha sangre. La huelga vencida». Es posible que los dos titulares, consecutivos, establecieran alguna relación causa efecto.

Fueron readmitidos 186 obreros. Quedaron fuera entre 60 y 90. A algunos no les admitieron el reingreso, que habían solicitado. Durante unas semanas se aseguró que la huelga continuaba, pero los tranvías volvieron a funcionar con normalidad. Hubo todavía una víctima más: Tomás Charpe, que fue tiroteado junto a la plaza Elíptica en febrero, entendiéndose que se debía a la actitud radical que había adoptado contra los huelguistas. En el conflicto hubo además varios heridos.

En la huelga de tranviarios chocaron dos nociones del movimiento obrero, la de los comunistas, que admitían enfrentamientos violentos, y la socialista, que optaba por las negociaciones, hegemónica la década anterior.