Los últimos fusilados en el cementerio de Derio

El secuestro y asesinato de Esteban Aguirre, encargado de la central eléctrica de Abadiño, constituye un caso excepcional en la crónica negra vizcaína de aquellos años. Más que nada, porque se trata de uno de los contados crímenes sobre los que apareció información en los medios: era una época de férrea censura previa en la que se vetaba cualquier noticia sobre sucesos sangrientos, para apuntalar así la ficción de que el golpe de Estado había traído consigo un periodo de beatífica paz social. Los diarios de aquella época fueron seguramente los más aburridos de la historia, como resultado de una política de información restrictiva que se aflojaría en los 50 con la aparición de semanarios como 'El Caso'. Solo se permitía (o más bien se ordenaba) la publicación esporádica de algún hecho delictivo que sirviese para ensalzar la actuación de las fuerzas del orden.

El de Aguirre fue uno de esos casos ejemplarizantes: las crónicas aparecieron en todos los medios precedidas de efusivos elogios a la Guardia Civil, que merecía «un aplauso cordial, entusiasta» por su «excelente servicio» y su «acierto y celo». Según informó el instituto armado a través de la prensa, dos hombres se habían presentado el 28 de agosto de 1943 en el domicilio de Esteban Aguirre, de 59 años y padre de siete hijos. Se identificaron como inspectores de Trabajo y le explicaron que tenía tres denuncias por irregularidades en la distribución de fluido eléctrico: revisaron las instalaciones de la central y se comprometieron a regresar tres días después con el ingeniero jefe.

En su lugar, lo que llegó fue una citación, que convocaba a Esteban a la Jefatura de Industria de Bilbao para prestar declaración. Obediente, tal como mandaban los tiempos, el encargado de la central se trasladó a la capital vizcaína el 2 de septiembre. Su familia ya no lo volvió a ver. Según denunció su esposa, Melitona, al día siguiente apareció en su casa «un sujeto bien trajeado» que, en nombre de su esposo, le pidió todo el dinero en metálico que tuviese y el talonario de cheques, ya que Esteban iba a permanecer detenido hasta que abonase la multa que le habían impuesto. La mujer le entregó 1.950 pesetas y el talonario. Un par de días después, le llegó un telegrama desde Bilbao en el que, supuestamente, su marido la avisaba de que partía hacia La Rioja.

Melitona no se lo creyó y acudió al cuartel de la Guardia Civil en Durango. Al poco de comenzar la investigación, apareció un cadáver en un barranco de Playabarri, en Erandio. Estaba en ropa interior y tenía la cabeza destrozada, pero Melitona no tuvo ninguna dificultad para identificar al desventurado Esteban. Según las conclusiones del instituto armado, el vecino de Abadiño había sido víctima de una cuadrilla de malhechores formada por tres españoles y un portugués, a los que también se atribuía el violento asalto a un vendedor ambulante en Lemoa, con un botín de 600 pesetas, y el robo con amenazas en el domicilio del encargado de Tubos Bergman, en la calle Gordóniz de Bilbao, donde consiguieron 500.

Según la reconstrucción de los hechos que hicieron los investigadores, Esteban llegaba ya a la Jefatura de Industria cuando, a la altura del número 13 de la calle Correo, lo interceptó uno de los delincuentes, que se ofreció a hacer una gestión en su favor. Tras pasar unos minutos en el interior de la oficina, el individuo le aseguró que había dejado todo «en vías de solución» y le invitó a visitar una central eléctrica recién instalada: con ese engaño le llevó hasta Playabarri, donde aguardaban sus tres cómplices «ocultos entre la maleza». Le ataron, le amordazaron y le exigieron que escribiese a su mujer para pedirle 35.000 pesetas, pero Esteban «no se intimidó» y «se negó rotundamente». Siempre según la versión de la Guardia Civil, fue entonces cuando le robaron las 250 pesetas que llevaba encima, lo despojaron del traje y los zapatos, lo mataron de un tiro en la cabeza y lo desfiguraron a pedradas. Después del asesinato consiguieron el talonario a través de Melitona, pero no se atrevieron a hacer efectivo el cheque por 32.000 pesetas que llegaron a falsificar.

Los cuatro sospechosos fueron detenidos en un bar de Bilbao a mediados de septiembre, tras «una accidentada persecución», y pasaron «a disposición de la autoridad militar». Tan solo un mes después, los periódicos publicaban la noticia de la ejecución de tres de ellos –Román Uría, Julián Anchía y Manuel Antonio Vieira, porque el cuarto recibió el indulto– con el neutro titular de costumbre: 'Sentencia cumplida'. No eran más que diez líneas que acababan con la frase fatídica: «Fueron ajusticiados en Derio».