Noviembre de 1922: Una huelga general contra los malos tratos policiales

Los días 8 y 9 de noviembre de 1922, hace un siglo, Bilbao y la margen izquierda vivieron una huelga general de participación masiva, que generó apoyos fuera de los sectores obreros, pero también críticas. Como en el resto de España, se vivían meses de una gran tensión social, en los que fueron frecuentes los enfrentamientos. No tuvieron en Bilbao la abundancia y radicalidad que alcanzaron en Barcelona, pero forjaron un clima convulso.

«La Casa del Pueblo anuncia que está acordada la huelga general a partir del día de hoy», anunciaba 'El Liberal' el 8 de noviembre. «Coacciones, detenciones, incidentes», describía 'El Noticiero Bilbaíno' al día siguiente. «La pretendida huelga general»: 'El Nervión' le quitaba importancia. «Bilbao permanece 48 horas bajo el dominio de la Casa del Pueblo» era la versión del 'Euzkadi', que atribuía el conflicto a la deficiente política social. Hubo interpretaciones para todos los gustos.

«No fue general la huelga», aseguró 'La Gaceta del Norte' indignada, pero el cotejo de los distintos periódicos y la versión del Instituto de Reformas Sociales (IRS) permite asegurar que el éxito de la convocatoria fue rotundo y que a las diez de la mañana del 8 de noviembre el paro era casi pleno, con la salvedad de algunos talleres e imprentas donde «se trabajó por obreros no asociados a las Casas del Pueblo». Esta anotación del IRS sugiere que en la huelga estaba en juego la capacidad de presión social de los sindicatos obreros, identificados con las Casas del Pueblo socialistas.

Aquella huelga general tuvo una singularidad: no había una reivindicación laboral. Protestaba contra la forma en que la policía y la justicia habían perseguido a obreros a los que habían atribuido la autoría de un gravísimo delito sin más base que declaraciones obtenidas con malos tratos.

Todo arrancó del asesinato, en enero de 1921, de Manuel Gómez, el gerente de Altos Hornos de Vizcaya. El crimen recibió la repulsa general, incluyendo la de los socialistas y principales organizaciones obreras.

El problema residió en cómo lo investigó la policía. Muy pronto se percibió que algo no marchaba bien. Al de una semana había más de 15 detenidos, lo que convertía al atentado -en el que habían participado cuatro o cinco personas- en una gran conspiración. Siguieron las detenciones. Una nota de aquellas fechas: «El vecindario [de Sestao] tiene el absoluto convencimiento de que Ramón González no tuvo ninguna participación en ningún hecho delictivo». A fines del mes se liberaba a cinco detenidos, procesaba a 18 y buscaba a media docena. Cuando menos, fue una instrucción desmesurada.

Sobre los detenidos sólo pesaban pruebas circunstanciales, delaciones forzadas y, según se afirmó en su momento, declaraciones logradas por medio de malos tratos, que habían arrancado confesiones sin nada que las corroborase. Así lo declaró en su día el acusado Fernando Ropezuelo, que «habla de malos tratos y presenta un cuadro inquisitorial»: «los bajaron a la cuadra en Sestao, le desnudaron, y apalearon, le arrojaron agua por la cabeza para reanimar, le metieron cañitas por las uñas y le colgaron de una escalera. En estas condiciones hubo de confesarse autor del delito».

Se impuso la idea, al menos entre los obreros, de que los acusados lo eran como consecuencia de las torturas y malos tratos. La mayoría de los procesados fueron sobreseídos. Sólo fueron a juicio cuatro: José Antuñano Díaz, Román Álvarez Cea, Jesús Vallejo Ajamil y Fernando Ropezuelos Villalobos.

Para el juicio se señaló la fecha del 12 de junio de 1922. Por entonces, se vivía una huelga en las fábricas de hierro, que afectaba a unas 20.000 familias y duraba ya varias semanas, con incidentes violentos; la provocaba la decisión de Altos Hornos de Vizcaya de reducir drásticamente los sueldos (hasta un 20%), por la aguda crisis económica. La expectación ante el juicio fue extraordinaria. La Guardia Civil tomó los aledaños del palacio de justicia, que estaba en la calle María Muñoz. Fue una sesión tensísima, por los enfrentamientos de los defensores con el fiscal y el juez. Los acusados proclamaron su inocencia y aseguraron que las declaraciones en las que se habían autoinculpado las habían realizado tras torturas y coacciones, sin tener ninguna relación con el crimen e incluso sin conocerse entre sí, contra lo que aseguraban policía y acusación.

Cuando se confirmó que había desaparecido una declaración en la que denunciaron las torturas, los abogados renunciaron a la defensa. El juicio hubo de aplazarse.

Se señaló la nueva vista para el 8 de noviembre. Los sindicatos -Unión General de Trabajadores, Confederación General del Trabajo y Solidaridad de Obreros Vascos- llamaron a la huelga general «por solidaridad a los procesados en la causa de Altos Hornos». La convocatoria tenía un amplio respaldo, de socialistas, comunistas, anarquistas y nacionalistas, aunque después Solidaridad aseguró que no había firmado oficialmente el manifiesto.

La huelga planteaba una cuestión vidriosa. La señaló 'El Liberal', el periódico republicano-socialista. No tenía dudas sobre que la acusación se basaba en una inadmisible actuación policial, pero señalaba que podía entenderse que se buscaba el sobreseimiento mediante la presión social, no como un acto de justicia. «Fatalmente esta huelga por solidaridad con unas personas, mezclando la acción social con la acción jurídica, es un callejón sin salida».

Los dos días de huelga fueron jornadas de tensión. Hubo explosiones de dinamita en la Peña, que reventaron vías del tranvía a Durango. El segundo día hubo grandes colas a las puertas de las tahonas para conseguir pan y se oyeron tiros en la Plaza Nueva. Hubo aglomeraciones frente a la cárcel, para ver la salida de los presos.

El juicio volvió a suspenderse. No pudo constituirse el jurado, pues para iniciar la selección de sus miembros eran necesarias 28 personas, ya convocadas, y sólo acudieron 27. Algunos periódicos interpretaron que había faltado un potencial miembro del jurado a consecuencia la presión sindical.

Los sindicatos desconvocaron la huelga. Los huelguistas entendieron que la movilización se había saldado con éxito y volvieron al trabajo.

El paro había sido total en las principales empresas. En Altos Hornos de Vizcaya incluso abandonaron el convertidor de acero, con 150 toneladas, una medida extrema. Pararon los principales talleres de Bilbao, Baracaldo y el entorno. La huelga tuvo escasa incidencia en las minas, donde por entonces había muy poco trabajo. No se trabajó en las panaderías, no hubo periódicos y sólo funcionaron algunos trenes y tranvías.

Tras levantarse la huelga, algunos patronos pensaron en mantener cerradas las empresas hasta el día 15, como castigo a los obreros. La propuesta no se llevó a efecto. Algunos entendieron que la huelga general buscaba coaccionar a la justicia y que había sido una especie de dictadura obrera.

El juicio se celebró el 8 y 9 de abril de 1923, en medio de una gran tensión. Esta vez no hubo convocatoria de huelga. Según algunos sectores de la derecha, los sindicatos se habían convencido de que ante la justicia era inútil la presión. El Comité pro-presos aseguró que era tan evidente que los acusados eran inocentes que no hacía falta movilización.

En el juicio, los acusados aseguraron que sus declaraciones inculpatorias se debían exclusivamente a los malos tratos. El veredicto del jurado fue rápido y contundente: les declararon inocentes por falta de pruebas. El mes siguiente se procedió a la revisión del veredicto. Al nuevo juicio, concluido el 28 de mayo, asistieron algunos dirigentes anarquistas. El jurado confirmó la absolución. No llegó a dilucidarse nunca el asesinato del gerente de Altos Hornos de Vizcaya.

Por otra parte, la jornada obrera del 8 y 9 noviembre de 1922 tuvo una seria consecuencia laboral, que afectó a los tranviarios. Requiere un tratamiento o específico.

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