«Castigo de los malos y ejemplo para todos»: una ejecución pública en Bilbao en 1810
Durante el dominio francés, el Tribunal Criminal Extraordinario de Vizcaya condenó a muerte a Andrés de Barayazarra por algo más que una serie de robos
La sentencia se cumplió a las 11 de la mañana del viernes 19 de enero de 1810. Condenado «con arreglo á las Leyes y Reales ... decretos á la pena de Garrote» por el Tribunal Extraordinario de Vizcaya, Andrés de Barayazarra, «vecino de la Ante-Iglesia de Luno», fue ejecutado en la plaza pública de Bilbao. Los vizcaínos tuvieron noticia de ello a través de un bando que el «Señor Corregidor de este Señorío» y presidente del tribunal, Tiburcio García Gallardo, ordenó imprimir, hacer circular y leer en los púlpitos de las iglesias.
¿Qué había hecho el reo? El bando contaba «delineados fielmente» los excesos «y conducta criminal» de Barayazarra, «y su suerte inevitable, para que los buenos descansen sobre la protección de las Leyes, teman el castigo de los malos y sirva de exemplo a todos».
El 27 de noviembre de 1809, aquel «hombre criminoso y abominable» se reunió con otros tres cerca de Gernika. Después de exigir comida y apoderarse de un caballo por la fuerza en Errigoiti, el grupo se dirigió «a la Ante-Iglesia de Axpe de Busturia». A medianoche, asaltaron la casa de Francisco de Ibaizabal, en la que entraron armados con fusiles y sables tras derribar la puerta. «Amenazaron de muerte á toda la familia, apremiándoles á la entrega de cuanto tuviesen». Como no encontraron dinero, robaron un caballo y se llevaron a Ibaizabal, «á fin de que les dirigiese a la tienda de aguardiente, que tenía en la misma Ante-Iglesia a distancia de media legua, para apoderarse del dinero que hubiese en ella». De camino, asaltaron otra casa, en este caso la de Juan Bautista de Achirica, al que quitaron «600 reales en dinero» y un par de hebillas de plata. Maltrataron a su hijo, al que ataron y «condugeron con Ibaizabal á la expresada tienda, en donde cogieron 500 reales». Las víctimas lograron huir.
Los asaltantes, «reunidos con otros armados, pasaron á la casa de D. Ignacio Martin de Bulucua, entraron en ella á viva fuerza» con Barayazarra como jefe. Robaron «620 reales en dinero, una capa, un capote, varias camisas, un paraguas, y el caballo, en que montó Barayazarra, y partió despidiéndose de los robados con la mayor desemboltura».
Añadía el bando que los cómplices de Barayazarra, «irritados de la conducta de este criminal», se rebelaron contra él y trataron de arrojarlo dos veces a una fragua «quedando de resultas imposibilitado para seguirles». Se escondió en un molino, «fue preso, y entregado al Tribunal Criminal Extraordinario». Este, «convencido perfectamente de sus delitos», lo condenó a muerte.
Severidad
¿Por qué una pena tan severa? Porque el de Barayazarra no era un grupo de bandidos. O, en todo caso, no era solo eso. Entre noviembre de 1809 y los primeros meses de 1810, la situación en Bizkaia estuvo marcada por la guerra de guerrillas contra la ocupación francesa, que mantenía el control principalmente de los núcleos urbanos y las plazas fuertes, pero tenía dificultades para someter al campo y mantener el control absoluto de todo el Señorío.
En noviembre de 1809 el Señorío estaba bajo la autoridad de un gobierno militar impuesto por Napoleón, con el general Pierre Thouvenot como gobernador general de las provincias vascas, aunque todavía se mantenían las instituciones y autoridades tradicionales del país. Los cargos fueron ocupados por colaboradores afines o indiferentes hacia el nuevo régimen que, desde enero de 1809, estaban obligados a prestar un juramento de fidelidad a José I Bonaparte, hermano de Napoleón y rey impuesto por este.
La caída
Al cambiar las tornas, Tiburcio García Gallardo, corregidor durante el dominio francés, tuvo que emigrar y sus bienes fueron incautados. Pero pudo regresar y se dedicó a la enseñanza en el Trienio Liberal en el Colegio de Educación de Bilbao. En 1827, según Guiard, «se vio tan rendido que suplicó alguna renta por calidad de imposibilitado en la carrera de corregimientos».
Según escribió Guiard, «las autoridades establecieron un régimen de policía riguroso, reteniéndose en los militares muchas atribuciones de las corporaciones». Para reprimir a las partidas armadas y castigar a los desafectos, a propuesta del comisario regio Francisco Amorós y Anedano se creó el Tribunal Criminal Extraordinario de Vizcaya, instancia que no dejaría un buen recuerdo: según un documento municipal de 1816, «su facilidad en sacrificar víctimas, enviando á muchas á la muerte y otras á presidios y encierros espantosos hizo que en breve fuese el terror no sólo de esta Villa sino el de todo el país en muchas leguas en contorno, tanto que su crueldad se hizo proverbio».
El tribunal estaba presidido por Tiburcio García Gallardo, que era teniente general del corregidor del Señorío antes de la ocupación, y estaba formado por próceres locales seleccionados por su lealtad al régimen bonapartista. Durante 1809, siempre bajo dirección directa de las autoridades francesas, dictó varias sentencias de muerte, aunque fue en enero de 1810 cuando se mostró más riguroso: el mismo día en que Barayazarra fue ejecutado murieron con él otros cuatro reos.
García Gallardo se benefició de las ventajas que confería la adhesión a José I. Fue condecorado en 1811 con la Cruz de la Orden Real de España, galardón que llevaba aparejada una renta anual de 30 000 reales, una suma considerable en la época, y a la que el pueblo llamaba 'Orden de la berenjena' debido al color morado de la cinta.
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