A por los Fueros a través de la autonomía

Entre finales de 1918 y principios de 1919, el País Vasco estuvo a punto de lograr un Estatuto de autonomía. Nunca se había estado tan cerca de ello. El peso político y electoral del nacionalismo, unido a las reclamaciones que desde noviembre de 1918 se habían impulsado desde Cataluña a favor de un proyecto de autonomía, reanimaron las antiguas aspiraciones vascas en favor de sus derechos perdidos. No era la primera vez. En noviembre de 1917, las tres diputaciones reunidas en Vitoria habían elevado un mensaje al Rey en el que dejaban clara su «aspiración de obtener, dentro de la unidad de la nación española, las más amplias facultades autonómicas para el feliz y próspero desenvolvimiento de los intereses que les están encomendados».

Señalaban también que Euskadi, tras todos los avatares sufridos, mantenía su querencia por un régimen especial que, en cierto modo, había sido reconocido por el Estado con la instauración de los Conciertos Económicos. Sin embargo, esta fórmula se juzgaba insuficiente, por lo que se proponía la reintegración foral o, en su defecto, una mayor autonomía «basada en una clara separación de funciones entre el Estado y la provincia». Este régimen autonómico se consideraba como un paso transitorio antes de obtener dicha reintegración. La petición fue entregada al entonces presidente del Consejo de Ministros, García Prieto, que prometió estudiarlo. Sin embargo, los vaivenes de la política española, las seis crisis de gobierno siguientes y el hecho de que el documento en cuestión se «perdiese», anularon por completo la iniciativa de los vascos.

A finales de 1918, en noviembre, desde Cataluña se organizó un amplio movimiento político a favor de la autonomía. Este hecho fue interpretado desde el País Vasco como una buena oportunidad para retomar las aspiraciones planteadas un año antes. A rebufo de las pretensiones catalanas –el conflicto era serio para el Estado–, los vascos rediseñaron su proyecto. Así, a finales de 1918, Romanones, presidente del Consejo, creó una comisión extraparlamentaria con la intención de que se abordase la elaboración de los estatutos catalán y vasco. Llamó a los representantes de todos los grupos políticos, a todas las tendencias.

Como señaló José de Orueta, uno de los representantes vascos de entonces, «revelaba, al par que buen deseo, un sano espíritu democrático y moderno y el conocimiento de la vida parlamentaria». No obstante, las buenas intenciones de Romanones no sirvieron de mucho. Los conservadores de Dato se negaron a asistir, ante lo cual los catalanes también rechazaron participar. De nada servía trabajar por una autonomía si no contaba con el consenso político necesario. Con aquella negativa, los conservadores españoles, como señaló Orueta, «podrían envanecerse de haber hecho fracasar el intento más serio que Gobierno alguno haya hecho por la autonomía, pero también pueden considerarse siempre responsables de dejar pendiente la solución racional a ese problema que ha de perdurar en España y ha de traer, mientras no se resuelva, constantes quebrantos y preocupaciones a la nación». Buena profecía, sin duda.

A pesar de todo, Romanones impulsó una ponencia general para la elaboración de una propuesta de estatuto catalán y, de forma paralela, se creó una subponencia, compuesta por Chalbaud, Senante y Orueta, para el estatuto vasco. Ambos grupos trabajaron a fondo aunque en el primer caso, la elaboración de un estatuto para Cataluña, se hizo sin la participación de un solo catalán. No ocurrió lo mismo con los vascos. Estos sí contaron con la colaboración activa de las tres diputaciones y con los ayuntamientos. En su propuesta se pedía la reintegración foral, adaptada a la época en cuestión o, en su defecto y siempre de una manera transitoria, la adopción de un régimen autonómico en el que quedaran perfectamente delimitadas las competencias de ambas administraciones, la central y la de las instituciones vascas.

Como curiosidad, en aquel proyecto se reconocía la cooficialidad entre el español y el euskera. De hecho, se estableció la obligatoriedad de conocer la lengua vasca para todos los trabajadores de la administración. Entre las competencias previstas dentro del ámbito vasco y que habrían de caer en manos de las diputaciones, figuraban el fomento a la instrucción, la beneficencia privada y pública, las obras y servicios hidráulicos, la agricultura, minería, industria y el comercio.

El trámite posterior recayó en Niceto Alcalá Zamora, que realizó el dictamen para presentarlo al Congreso. Lo cierto fue que el trabajo del que con el tiempo habría de convertirse en primer presidente de la II República vació bastante el contenido del proyecto autonómico vasco inicial. Sin embargo, y tras el fracaso frente a los catalanes, la propuesta de Alcalá Zamora no era mala del todo. A pesar de todos los intentos y trabajos, el proyecto fue rechazado por el Congreso en febrero de 1919. Nunca se había estado tan cerca de la autonomía y, lo que era más importante, nunca hasta ese momento el País Vasco había estado tan cerca de retomar un camino conducente de cara a la reintegración foral, pues este era el punto en el que coincidían buena parte de las fuerzas políticas vascas. Al menos hasta principios de 1919, puesto que a lo largo de aquel año la situación política habría de cambiar bastante.

Las ilusiones se disolvieron. Para José de Orueta, protagonista de aquellos días de negociación y tensiones, aquel fracaso no anulaba por completo las ansias vascas de autonomía. Todo lo contrario. A su juicio, estaba muy claro que «las personas que han querido y han podido estudiar algo nuestros deseos, se han compenetrado de que pedimos algo muy justo, muy racional.