PNV y PSE escenifican su nueva sintonía con un plan de choque para acelerar la construcción de vivienda en Euskadi

«Esta nueva normativa modifica seis leyes ya en vigor y propone soluciones concretas para garantizar el derecho a la vivienda y dinamizar el mercado inmobiliario», han asegurado tanto Aitor Esteban como Eneko Andueza. Los líderes de PNV y PSE han ofrecido una estampa muy poco habitual en la Cámara de Vitoria. Han comparecido juntos, en la que era su primera aparición pública, para presentar una ley. La escena, más allá de la importancia del anuncio, buscaba acallar las dudas sobre las relación que mantienen las dos formaciones, que gobiernan mano a mano en las principales instituciones de Euskadi.

La iniciativa presentada hoy acarreará reajustes respecto a la Ley del Suelo que Euskadi tiene en vigor desde 2006 y que ahora mismo se consideran una barrera para hacer frente al problema de la vivienda. De hecho, Esteban ha llegado a afirmar que la actual legislación «no es flexible y bloquea» la construcción de viviendas. No obstante, ni él ni Andueza han realizado ningún tipo de autocrítica por la responsabilidad de sus partidos, que gobiernan en Euskadi desde hace décadas, en la aprobación de esas leyes autonómicas que nos han conducido al escenario actual.

Los cambios acordados se realizan a través de una nueva norma porque la reforma de la ley ya existente requeriría varios años de trabajos parlamentarios. Y reducir tiempos es precisamente uno de los asuntos centrales del plan de choque: entre la batería de medidas propuestas aparece la de agilizar la concesión de licencias urbanísticas para iniciar la ejecución de nuevas promociones. Entre los «mecanismos que ayuden a aligerar plazos» aparece la nueva figura del «silencio administrativo positivo».

En este aspecto, será clave el papel de los ayuntamientos, que tendrán más facilidades para poner a disposición del Gobierno vasco suelo municipal, que quedará recogida en una nueva «reserva estratégica» de parcelas, y podrán agilizar la tramitación de los permisos burocráticos municipales para poder acometer promociones de vivienda. «Algunos consistorios tendrán que demostrar a partir de ahora su implicación», ha deslizado Andueza en referencia a los municipios gobernados por EH Bildu.

A ese respecto, la mayoría absoluta que suman PNV y PSE en el Parlamento garantiza que la nueva ley tendrá una plácida tramitación. El secretario general del PSE ha advertido, de hecho, que «no va a permitir que nadie desvirtúe» el articulado presentado hoy.

Otra de las cuestiones llamativas es la del porcentaje de VPO que deberá incluir cada nuevo proyecto. Ahora mismo el 75% de los pisos que forman parte de cada promoción que empieza a ejecutarse deben estar calificados como públicos, con lo que eso supone en la limitación de precio, un baremo que está retrayendo a las constructoras. Al parecer no les salen los números con ese cupo de vivienda libre así que el plan de choque autoriza a reducir el porcentaje de VPO hasta el 60%. La decisión la tendrán que tomar los ayuntamientos y de saque no gusta a todo el mundo. EH Bildu, principal fuerza local con 107 alcaldías en Euskadi, ya se ha mostrado en contra.

Con esta propuesta, el Gobierno vasco asume el reclamo de una buena parte del sector de la construcción en Euskadi, que atribuía el «frenazo» en la edificación a los «elevados» porcentajes exigidos de VPO y al escaso beneficio que generan esas promociones. De hecho, el Departamento de Vivienda calcula que en Euskadi hay suelos paralizados por distintos motivos en los que se podría levantar hasta 75.000 pisos protegidos. «No hay un territorio en España con exigencias tan altas como las nuestras», lamentó en marzo, cuando anunció que se estaba trabajando en una nueva norma, el consejero Denis Itxaso.

La Ley de Medidas Urgentes apuesta además por allanar el camino para la segregación de pisos de gran tamaño y la reconversión de lonjas en vivienda y la intervención en los municipios que sean declarados zonas tensionadas. En Bizkaia ya tienen esta catalogación Barakaldo y una zona de Galdakao, y están en disposición de hacerlo Bilbao, Bermeo, Balmaseda, Basauri, Berango, Erandio, Portugalete, Santurtzi, Sestao, Sondika y Urduliz. La idea es decretar por ley la suspensión automática en todas las localdiades que sean identificadas como zona tensionada de la emisión de licencias para pisos turísticos y la creacuión de un régimen sancionador para multar a los propietarios que apliquen alquileres por encima de los topes que marca la normativa para estos casos.