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En los últimos años, los daños causados por las inundaciones en Euskadi se han reducido del orden de «un 21%». Esto responde, en opinión del director general de la Agencia Vasca del Agua, Asier López, a que el trabajo desarrollado por el Gobierno vasco «va ... en la línea de lo que hay que hacer». Pero todavía queda mucho por delante. 80.000 personas residen en zonas en riesgo de verse afectadas por riadas, desastres naturales que se pretenden mitigar con la inversión de 128 millones en la defensa ante inundaciones a lo largo de esta legislatura.
El dato lo ha ofrecido el responsable de URA en su primera comparecencia desde su nombramiento el pasado octubre ante la Comisión de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Parlamento vasco, a petición de EH Bildu para «conocer si estamos preparados» ante situaciones como la vivida a finales de octubre en Valencia. El objetivo es reducir en torno un 20% la población afectada. Este año, por ejemplo, se destinarán 26 millones a la fase cuatro del Zadorra en Vitoria; a actuar en el Cadagua a su paso por el barrio de Aranguren, en Zalla; y a intervenciones en Andoain y Soraluze.
La agencia se encuentra en plena fase de revisión del riesgo en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental, que se renueva cada seis años, y espera tener a finales de este año los nuevos mapas de peligrosidad y, a lo largo del próximo, el plan de gestión. El «riesgo cero», ha advertido, «no existe», ya que es «imposible sacar a todo el mundo» de las zonas inundables porque «nuestro desarrollo ha ocupado sitios que eran del río». Sin embargo, las actuaciones para devolver a los cauces su espacio natural sí que están consiguiendo que cada vez sean más quienes pasan de estar en una zona T10 (con riesgo cada diez años) a una T500.
La portavoz de EH Bildu, Amancay Villalba, ha puesto sobre la mesa la «posibilidad» de eliminar «viviendas e infraestructuras» en zonas de «alto riesgo», algo que López ha descartado por razones legales. Los planes urbanísticos anteriores a las normativas más exigentes con la construcción de viviendas u otro tipo de dotaciones en espacios inundables siguen vigentes. Sin embargo, «cualquier actuación» que vaya a darse en esas zonas requiere de una «autorización de obra» que, en ese caso, debería ajustarse «a la ley actual», por lo que se implantarían medidas para ir «reduciendo el riesgo».
En ese sentido, ha explicado, los técnicos de la agencia preparan cada año alrededor de un centenar de informes sobre planes de ordenación, otros ochenta de planes especiales o de detalle y en torno a 1.500 expedientes de tramitación de obras, en los que se aseguran que de que todo «se articula en función de la normativa».
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