El último cartucho

Y es que los 500.000 ungulados que se abaten anualmente se convertirán en breve en 1.500.000 más, y los 10.000 accidentes que se producen con animales salvajes ni se sabe. En definitiva, pérdidas millonarias en la agricultura e inseguridad vial, y todo porque a algunos políticos de medio pelo no les gusta esta práctica y aprovechan el momento para intentar acabar con la caza, por mucho que genere 6.500 millones anuales.

La caza es una actividad natural, legal, debidamente reglada, sostenible y parte del acervo cultural. En definitiva, esencial a todas luces. Así y todo, tienen que pagar los cazadores cantidades importantes en licencias, seguros, tarjetas federativas, mantenimiento de los perros, veterinarios, acotados y un sinfín de archiperres. Afortunadamente da la impresión de que el miedo guarda la viña y que al fondo del túnel empieza a verse un poco de luz. Túnel del que todos hablan, pero pocos aportan por encender la linterna.

Así las cosas, algunos ya lo entienden, como es el caso de Castilla y León, permitiendo a los cazadores poder moverse por toda la región, tanto para las especies menores como mayores en todas las modalidades. No lo olvidarán los cazadores. Galicia, Extremadura, Baleares, Canarias y la Comunidad de Madrid también son más permisivos en sus confinamientos perimetrales. Por el contrario, los cazadores vascos de la menor siguen con su confinamiento perimetral. No así los de la mayor, que están haciendo bien sus deberes, evitando en lo posible el gravísimo riesgo que supondría la P.P.A.

Poco más de un mes queda para el cierre de la caza menor, ¿tanto cuesta dar la razón a los que la tienen y están pagando con su esfuerzo y dinero los animales motivo de su afición?