Una última oportunidad para liberar a Pablo Ibar, el español que cumple cadena perpetua en Estados Unidos

Fueron unos veinte minutos de vídeo. Era junio de 1994. Con esa captura de pantalla, un mes después las autoridades de Miami identificaron como autor de los hechos a un detenido por otro delito. El acusado de matar a Casimir Sucharski, Sharon Anderson y Marie Rogers era Pablo Ibar, norteamericano hijo de españoles migrantes, nacido en 1972.

Ese día comenzó una larga batalla legal que todavía se libra, en la que se enfrentan, por un lado, los que buscan demostrar su participación en la matanza, encabezados por la Fiscalía. Por otro, los que sostienen que es inocente, como clama el propio Pablo Ibar.

En la primera fase, que duró varios años, hasta el 2000, y en la que incluso se declaró nulo uno de los juicios, Ibar fue condenado a la pena capital. Había un testigo que le incriminaba y restos de ADN en la ropa abandonada en el lugar, revuelta con otros cuatro perfiles que no fueron identificados. El sudor de la que quedó impregnada cuando el homicida se secó la cara, gesto captado también en la grabación, no correspondía con el de Ibar.

Estuvo en el corredor de la muerte de una prisión estatal durante 16 años. No admitió el crimen ni siquiera si eso significaba seguir vivo. En 2016 el máximo tribunal de ese estado abolió ese tipo de castigo en Florida y la condena de Ibar fue anulada. Se celebró otro juicio, que dictó la pena por prisión perpetua.

Sus defensores, agrupados en la Asociación Pablo Ibar – Juicio Justo, han apelado dos veces, la primera vez en 2012 con el argumento de una defensa defectuosa con un abogado de oficio. No funcionó. En la última, un tribunal del Circuito de Apelaciones denegó un nuevo juicio. «Ha sido una montaña rusa emocional», reconoce el abogado Joe Nascimento, que le defendió en el último juicio.

Ahora, tres décadas más tarde del crimen, la organización que le apoya tuvo una carambola del destino: alguien contactó por correo electrónico con uno de los 'webmaster' de la asociación. Dijo que conocía a los verdaderos asesinos. Aportó nombre y apellidos de quien apretó el gatillo y el alias del otro, aseguran en la plataforma, que recauda fondos para costear estos procesos, que rondan los 300.000 euros. «Sin este apoyo es absolutamente seguro que Pablo ya habría sido ejecutado. Así de crudo», dice Nascimento.

Con este testimonio, completado con «investigaciones» de la asociación, presentaron un nuevo recurso, como anunciaron esta semana. «Hemos formulado ya una apelación en base a pruebas recientemente descubiertas, proporcionadas por una persona que nos informó que los verdaderos perpetradores son otras dos personas», dijo Andrés Krakenberger, portavoz de la Asociación Pablo Ibar, en una rueda de prensa celebrada el lunes. «Demuestran que no tuvo nada que ver con el triple asesinato, ni estuvo en el lugar».

Este testigo, cuya identidad se reservan, ha aceptado presentarse en el juicio y no vive en Estados Unidos, tampoco en España. Dijo que participó en un allanamiento de morada con los dos asesinos, y se lo contaron. «Se enteró de la situación de Pablo por los medios de comunicación», sostiene Daniel Tibbitt, abogado actual de Ibar.

No es la primera vez que la defensa señala a otro posible autor de los hechos, en un intento de, al menos, sembrar la dura razonable en el jurado, si se logra repetir el juicio. En 2008 «no siguió adelante porque el ADN no coincidía con la persona denunciada», reconoce Nascimento. «Pero suponemos que esta vez sí prosperará. Tenemos una extensa declaración jurada del testigo que ha sido remitida al al tribunal junto con nuestra moción». El supuesto culpable tendría antecedentes penales por delitos violentos y «conexiones con carteles colombianos de droga» en esa época, según sus pesquisas.

El siguiente paso ahora busca que se realice una vista oral, que consiste en que las partes se reúnan con el juez con el nuevo testigo. «Intentaremos demostrar que en el último juicio Pablo no habría sido declarado culpable si el jurado hubiese tenido esta información», dice Tibbitt. «Esperamos poder convencer al juez, pero existe la posibilidad de que no nos dé la razón», reconoce. Los abogados esperan que la vista se realice en dentro de «seis meses, aunque no hay plazos establecidos para esto».

Ibar, dicen sus abogados, quiere «reunirse de nuevo con su gente querida». Hace diez años dijo en una entrevista que, si quedaba en libertad, se mudaría a España. Ahora tiene una nueva esperanza que podría reforzase o desvanecerse cuando se resuelva su petición.