Tumban de forma definitiva la exigencia de euskera para ser policía en San Sebastián

La convocatoria para cubrir dos plazas de Policía Local aprobada en Junta de Gobierno el 20 de diciembre de 2022 es declarada nula. Gana el particular defendido por el abogado Francisco Ignacio López Lera. Pierde el Ayuntamiento que ayer reaccionó en boca del alcalde Eneko Goia, quien aseguró que resulta dañado «el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en uno de los dos idiomas oficiales».

El TSJPV no ve motivos para admitir el recurso porque no aprecia un error en la aplicación de la jurisprudencia «sino más bien un juicio diferente de la valoración sobre la exigencia del nivel B2 a las dos plazas convocadas». En definitiva, asume la tesis de que no es necesario acreditar tal conocimiento de euskera para desempeñar las labores de policía municipal. De hecho, asegura que la Administración no aporta pruebas que justifiquen la exigencia.

El nivel B2, calificado como avanzado, permite ser capaz de comprender la mayor parte de los textos referentes a temas generales, así como poder interactuar con fluidez en contextos cotidianos. Es el título al que acceden muchos estudiantes que finalizan la ESO y el anterior escalón al EGA, equivalente al C1.

El miércoles los alcaldes de las localidades guipuzcoanas de Usurbil y Astigarraga dieron a conocer que sus procesos de elección de guardias municipales han recibido recursos por requerir el nivel C1. Ambos defendieron que las personas que ostentan ese cargo «deben ser capaces de hablar con propiedad en euskera con los vecinos, así como hacer un buen uso del idioma en informes escritos».

Donostia había exigido un peldaño menos pero, según los tribunales no es necesario. El TSJPV pone el énfasis en que el Servicio de Euskera del Ayuntamiento no ha justificado la relación entre el conocimiento del euskera del policía local y el derecho del ciudadano a ser atendido en su lengua. Hace suyo el postulado de que «las funciones propias de Agente de la Unidad de Prevención Permanente de la Guardia Municipal no exigen, por principio, que todos los integrantes de la referida unidad conozcan el euskera». Llega a argumentar, incluso, que tal servicio no se presta de manera individual y que «se considera suficiente con que uno de los miembros de la pareja tuviera conocimiento de euskera».

Las administraciones vizcaínas tampoco están siendo ajenas a este tipo de sentencias durante los últimos meses. En enero se conoció que el TSJPV ratificaba la anulación de una OPE para cubrir o estabilizar 77 plazas de administrativo convocada por la Diputación de Bizkaia al considerar que los requisitos de euskera eran «desproporcionados». La portavoz foral, Leixuri Arrizabalaga, ratificó ayer que se recurrirá en el Supremo. Un juzgado de Bilbao también tumbó el año pasado otro concurso del Ayuntamiento de Barakaldo para estabilizar 181 empleos porque la exigencia lingüística sobrepasaba lo permitido por la Ley de Función Pública.