La tasa de residuos industriales queda en manos del Parlamento

Desde entonces, en febrero pasado, se ha producido el desastre del vertedero de Zaldibar. Pues bien, el texto legal que ahora será enviado al Parlamento no introduce ninguna novedad sobre la problemática de los residuos con respecto al articulado de hace año y medio. Ni siquiera la tasa por vertidos industriales que el propio Ejecutivo autonómico ha dicho que está decidido a impulsar.

La consejera de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, argumentó que haber realizado en este momento cambios en el texto legal para introducir el canon, por ejemplo, habría retrasado considerablemente su tramitación. Se reafirmó en que la intención del Gobierno es que la ley incorpore en el trámite legislativo aportaciones de los diferentes partidos para «fortalecerla» y «enriquecerla».

Entre estos añadidos, la consejera espera que se aborde el gravamen para la producción de desechos, un problema acuciante desde el colapso del vertedero de la localidad del Duranguesado. «La tasa puede ser incluida en la ley», indicó Tapia, que mostró su apoyo a un instrumento que «servirá para que las empresas industriales hagan las inversiones necesarias para que los residuos que se generan sean los menores posibles y para colaborar con la economía circular».

El asunto queda, por lo tanto, en manos del Parlamento, donde el Gobierno sustentado por PNV y PSE cuenta con mayoría absoluta. La industria vasca sigue atenta a la posible puesta en marcha del canon porque supondría un eventual aumento en los costes de producción, en un momento especialmente delicado a nivel social y económico por la pandemia.

Por lo demás, la futura ley de Administración Ambiental pretende aportar mayor transparencia en las tramitaciones de proyectos y autorizaciones de funcionamiento de las empresas contaminantes, según avanzó Tapia. También se quiere dar un papel protagonista a los ciudadanos en la defensa del medio natural. Se aspira a promover su participación en la toma de decisiones.

La consejera también valoró que la nueva normativa introduce el término «fiscalidad ecológica» para destinar su recaudación a costear medidas vinculadas a la protección del medio natural. Y «simplifica los trámites ambientales», aunque mantiene, advirtió, «las mismas exigencias de calidad».

En el ámbito sancionador, se establece la prohibición de contratar con la Administración o la imposibilidad de obtener ayudas públicas en los casos en los que se haya cometido infracciones muy graves o graves hasta que no se ejecuten las medidas correctoras y se satisfaga la multa impuesta. Asimismo, el Gobierno prevé publicar un listado con nombre y apellidos de aquellas personas o compañías que han sido castigadas en firme por atentar contra el medio natural.