El tabaco la lía en Hacienda

Páginas web como hojas-de-tabaco.online, leaf-kg.com o trezo.de ofertan, lo mismo en alemán, polaco o castellano, un abrumador escaparate con hojas de 'virginia', «de sabor suave de tabaco rubio»; 'burley', «con contenido de nicotina moderado y bajo en azúcares»; y de otras variedades, a partir de unos 14 euros el kilo, gastos de envío aparte. La tarifa cae a 10 euros si el encargo asciende a un mínimo de cuatro kilos. Para que se hagan una idea, de un kilo de hojas a granel pueden salir unos 1.500 pitillos. La red también está llena de tutoriales para no perderse en el proceso de manufactura. Cualquier duda en torno al pedido se solventa, en el mejor de los casos, a través de una dirección de email o de un número de Whatsapp. Esos mismos sitios comercializan todo lo necesario para culminar la elaboración de cigarrillos, como máquinas de corte, tanto eléctricas como manuales, fusibles, peines o rodillos. Eso sí, si les quedan en 'stock'. Varios de esos artículos lucen estos días el cartel de «agotado».

La mejor prueba de la buena marcha de este lucrativo negocio data del otoño de 2015, cuando la Guardia Civil y Philip Morris España unieron fuerzas para poner coto a un contrabando que crecía como la espuma. Aquel convenio, por el que la multinacional armó al cuerpo de equipos de cámaras acuáticas para examen de carga, sistemas de visión nocturna, dos furgonetas tipo escáner y un centenar de dispositivos móviles dotados de un sistema integrado para verificar la autenticación y rastreo de productos del tabaco, disparó las incautaciones de tabaco en hoja. La primera se produjo a las seis semanas de la firma del acuerdo. Una denuncia de la asociación de estanqueros de Jaén permitió asestar el mayor golpe al contrabando de tabaco conocido hasta entonces en España.

En la 'operación Picado', la Guardia Civil de Jaén y la Agencia Tributaria se incautaban de nada menos que 41,5 toneladas de picadura de tabaco y detenían a una docena de personas. Finalmente, un único sospechoso se sentó en el banquillo de los acusados. Se trataba de Javier S. M., un empresario madrileño de 34 años, administrador único de la mercantil que adquiría la hoja de tabaco y la distribuía al margen de los canales establecidos, al que, hace un par de años, la Audiencia provincial de Jaén le acabó imponiendo una condena de tres años de cárcel y una multa de casi 307 millones de euros por contrabando y delito fiscal. En 2015, el año de su arresto, la facturación de su negocio, con sede en Fuenlabrada, superaba los 4,5 millones anuales.

Durante el proceso, quedó probado que el acusado compraba tabaco en rama al por mayor en España, Grecia o Bangladesh, que luego compactaba, humedecía, uniformizaba y vendía en paquetes de un kilo a través de una web. Según Hacienda, esa mercancía era susceptible de ser fumada mediante una sencilla operación de picado manual. El valor del tabaco que le incautaron ascendía a 87,7 millones de euros. El fisco consideró que dejó de ingresar cerca de 25 millones.

El asunto terminó en el Supremo, que acaba de darle la vuelta con un fallo que despenaliza la venta de hojas para fumar sin necesidad de rendir cuentas al fisco. En el texto del dictamen, el alto Tribunal deja clara la naturaleza semántica de un debate complejo. «¿Constituyen 'labores de tabaco' las hojas que preparaba, empaquetaba y comercializaba el recurrente?», se pregunta. La Ley de 1992 sobre los impuestos al tabaco no solo castiga su contrabando, sino también el de las «labores de tabaco». Estas son, indica la normativa, «los cigarros y los cigarritos», «los cigarrillos», «la picadura para liar» y «los demás tabacos para fumar». El Supremo descarta que la actividad de Javier S.M. encaje en alguno de los dos últimos epígrafes, dado que afecta a «tabaco cortado o fraccionado de otro modo, hilado o prensado en plancha, y que sea susceptible de ser fumado sin transformación industrial ulterior». Y la hoja necesita esa transformación posterior.

Los magistrados -con la discrepancia de dos de ellos- abogan por sacar este espinoso asunto del ámbito penal, por lo que han fallado absolver al empresario de contrabando. Eso sí, sugieren al legislador que solucione «esa hipotética laguna o desajuste» para que la ley quede «bien definida y no incierta». «Los órganos judiciales penales -concluyen- no pueden efectuar ese seguramente necesario correctivo valiéndose de mecanismos interpretativos proscritos por el derecho penal».

Tanto el Comisionado para el Mercado de Tabacos, el órgano regulador dependiente del Ministerio de Hacienda, como la Mesa del Tabaco, que aglutina a todos los agentes implicado en la cadena de producción, quieren asumir por ahora el nuevo escenario. Desde el departamento gubernamental que lidera la socialista María Jesús Montero afirman que se encuentran «analizando los argumentos jurídicos de la sentencia para conocer sus implicaciones y efectos, y así determinar cómo actuar». No parece claro, entre otras cosas, porque no existe jurisprudencia a este respecto, recalcan. Para ello se necesitan al menos dos sentencias emitidas por el Supremo en el mismo sentido, «y solo hay una».

La agrupación de agricultores y transformadores, fabricantes y distribuidores de tabaco, por su parte, considera necesaria la intervención del «legislador» para que «ofrezca una aclaración adicional sobre el delito de contrabando de hoja de tabaco». «El objetivo es que no se pueda comercializar para ser fumada tras una mínima manipulación sin cumplir con la regulación vigente, como ocurre en el caso juzgado», enfatizan desde la Mesa del Tabaco. Entretanto, la lucha contra el contrabando no descansa. A partir del próximo 20 de mayo, las cajetillas incorporarán una especie de DNI que aportará a la Policía información valiosa sobre su procedencia.