El Supremo libra a un bilbaíno de la pensión a su hija, de 30 años y mala estudiante

Vista del Tribunal Supremo./REUTERS
Vista del Tribunal Supremo. / REUTERS

Llevaban más de una década pleiteando: él se había quedado en paro y ella seguía matriculada en la Universidad pese a su «deficiente aprovechamiento»

Luis López
LUIS LÓPEZ

Tras más de una década de pleitos, Eloy O.M., bilbaíno residente en el barrio de Miribilla, va a poder dejar de pagar a su hija de 30 años, Tamara, la pensión que estaba a punto de llevarle a «una situación de absoluta indigencia». Lo dicen los magistrados del Supremo. Para adoptar esta resolución tuvieron en cuenta que el hombre, tras quedarse en paro y agotar la prestación, percibe un subsidio de 426 euros al mes. Y que la joven, que cursa «estudios de química industrial», no es muy diligente ya que pese a llevar estudiando desde 2007 no hay ninguna «previsión cierta de cuándo va a finalizar la fase de formación académica».

Según relata el abogado del padre, Iván Metola, todo comenzó hace más de una década. Eloy se separó de la madre de Tamara y le pagó la pensión correspondiente a su hija hasta que fue mayor de edad. Sin embargo, en 2007 la joven demandó a su progenitor pidiéndole una prestación de 500 euros para afrontar sus estudios de «ingeniería química industrial». El 24 de mayo de aquel año el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao impuso a Eloy un pago de 350 euros al mes hasta que Tamara terminase su formación.

Año y medio después, en noviembre de 2008, el hombre demandó a su hija en Madrid -allí reside ella- porque no tenía noticias de su aprovechamiento académico y le resultaba cada vez más difícil afrontar los pagos. Luego sabría, según su abogado, que en los dos primeros cursos la chica únicamente había aprobado dos asignaturas de las 22 de las que se había matriculado, no habiéndose presentado a un elevadísimo número de exámenes.

350 euros era la pensión inicial, que luego fue rebajada a 150. El hombre únicamente percibía un subsidio de 426 euros

Todo este proceso ha puesto al padre al borde de una situación de «absoluta indigencia»

Sin embargo, el juzgado de instancia madrileño quiso dar otra oportunidad a la joven. Sí admitía que sus resultados académicos «sólo pueden ser calificados de deficitarios», y que de seguir así se quedaría sin pensión. Pero se la mantuvo. Esta resolución fue recurrida por Eloy ante la Audiencia Provincial de Madrid, que tampoco le dio la razón.

Las cosas se torcieron aún más para el hombre porque en 2010 se quedó en el paro, y en 2012 se le agotó la prestación por desempleo, de manera que únicamente cobraba el subsidio de 426 euros. De ellos, 350 se los llevaba la pensión de Tamara. Así que «presentamos otra demanda en 2012 pidiendo la extinción de alimentos por imposibilidad económica del padre y por falta de aplicación en los estudios», dice el abogado de Eloy.

Una rebaja

En este caso, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Madrid desestimó la extinción, pero redujo la cuantía a 150 euros al mes en una sentencia de 2013. Entonces, la hija ya tenía 25 años. El padre volvió a recurrir a la Audiencia para lograr la extinción, pero desestimaron el recurso. Y nos ponemos en junio de 2015.

Entonces decidieron acudir al Supremo en casación porque ya había jurisprudencia sobre este tipo de asuntos en el sentido que defendía el padre. Y en esta ocasión, el alto tribunal sí le ha dado la razón en una sentencia conocida esta semana. Aunque los magistrados admiten que la manutención de los hijos es una obligación incluso aunque sean mayores de edad siempre que sigan estudiando, sí se exige a la progenie cierta diligencia que en este caso no se da. Porque no hay ninguna «previsión cierta de cuando va a finalizar la fase de formación académica». Además, la chica «puede y debe desarrollar, como ha hecho en ocasiones, trabajos remunerados». Es más, el Supremo critica a la joven porque tiene incluso más posibilidades de encontrar un empleo que su padre, a quien ha estado a punto de colocar en una situación «de absoluta indigencia».

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