Los acusados vascos del 'caso Ardines' tratan de anular las escuchas y sus declaraciones

En primer lugar tomó la palabra Javier Beramendi, abogado de Nieva, quien solicitó la nulidad de más de una veintena de autos dictados por la jueza de instrucción de Llanes autorizando, entre otras cosas, la intervención de los teléfonos móviles de su defendido y su entorno familiar, así como la instalación de balizas y micrófonos en sus vehículos. Todo esto, afeó el letrado, basado únicamente en «la sospecha de una posible infidelidad» y siendo la grabación que Nieva envió a la familia de Ardines «lo único que le vincula con los hechos». Se trata de una conversación entre el concejal y Katia Blanco, esposa del acusado, grabada por este a escondidas y en la que se da a entender la existencia de una relación sentimental entre ambos. Beramendi criticó también que los investigadores de la Guardia Civil no siguieran, a su parecer, otras líneas como las enemistades con vecinos y empleados municipales que el cargo de concejal le granjeó a Javier Ardines, así como otras infidelidades y la presencia de ADN de una mujer en el coche, las vallas y el cadáver.

Luis Mendiguren, quien ejerce la defensa de Muguruza, hizo especial hincapié en la declaración que su cliente prestó en el cuartel de la Guardia Civil de Bilbao en calidad de testigo en diciembre de 2018. «Casi un mes antes ya hay un auto del que se extrae que ya estaba siendo investigado y se permite la intervención de su teléfono, pero aún así se le toma testimonio como testigo durante siete horas sin leerle sus derechos ni contar con un abogado», afeó el letrado. E indicó cómo durante dicha declaración su defendido llegó a autoinculparse «sin que los agentes lo detuviesen». A este respecto, Fernando Barutell, el abogado de Kelli, llegó a aseverar que dicha declaración «hace daño a la vista». Especialmente duro con los investigadores, el letrado apuntó que «no todo vale» y afeó que «sobrepasaron la línea con el visto bueno de la jueza instructora».

Los letrados trataron también de convencer a la sala de que los autos de incomunicación dictados el 18 de febrero de 2019, horas antes de las detenciones, no estaban suficientemente motivados por no existir la sospecha de que se tratase de un grupo criminal ni de que pudiese haber más implicados o destrucción de pruebas. Como consecuencia de esta incomunicación, aseveró el abogado de Benatia, Adrián Fernández, los detenidos «no tuvieron información ni pudieron ser asesorados por un letrado» y su defendido llegó a declarar tanto en sede policial como judicial ante «las presiones o consejos de los investigadores, quienes le aseguraron que tenían numerosas pruebas contra él y que iba a ser mejor que contase su versión».

Por su parte, la fiscal Belén Rico y el abogado de la familia de Ardines, Raúl Martínez Turrado, trataron de desmontar uno a uno los argumentos de las defensas. Así, aseveraron que los autos de incomunicación cumplen con todos los parámetros de la ley y apuntaron a la gravedad de un delito que «se cometió de forma coordinada y organizada por varias personas». Así, recalcaron que «existen indicios suficientes» contra los arrestados y que era necesario «determinar fehacientemente la participación de cada uno» en los hechos y, al mismo tiempo, evitar que pudieran «urdir una trama que entorpeciera la investigación». Del mismo modo, rechazaron que tanto Benatia como Muguruza hubiesen declarado bajo presión y recordaron que no fue hasta el trámite de cuestiones previas cuando aparecieron por primera vez estos argumentos, manteniendo los abogados silencio hasta entonces. Por último, fiscal y letrado respaldaron también las escuchas y demás intervenciones y aseveraron que «se trataron todas las líneas de investigación en profundidad», descartando todas salvo la que condujo a Nieva. Por todo ello, su petición a la sala presidida por Jesús Chamorro y compuesta por Ignacio Vidau y José Ignacio Pérez-Villamil fue la de desestimar los recursos presentados por las defensas.