La fiscal dice que el acusado violó y mató a golpes a Sara, la niña de 4 años, por «su odio a los rumanos»

Los integrantes del tribunal popular, que tardó más de tres horas en constituirse, escucharon, visiblemente acongojados, la parte en la que la representante del ministerio público les advertía sobre la dureza de las imágenes que tendrían que ver en próximas sesiones para valorar mejor las explicaciones de los médicos forenses. A las imputaciones que la fiscal fue desgranando sobre la madre de la niña, Davinia Muñoz, y su expareja, Roberto Hernández, los encausados se mostraron inexpresivos. Solo en alguna ocasión, el presunto autor del crimen levantó la vista para hacerle algunas indicaciones en voz muy baja a su abogado defensor.

Davinia, la militar que estaba en su puesto de Comunicaciones del Palacio de Capitanía cuando le avisaron de que su hija pequeña estaba muriéndose en el hospital se enfrenta, al igual que su expareja sentimental, a la prisión permanente revisable por asesinato. Pero ella se mostró prácticamente ausente durante toda la sesión. Ni tan siquiera pestañeó cuando la acusación pública le recriminó por «saber y ser consciente de que su hija era objeto de malos tratos por su pareja y permaneció pasiva, sin ejercer su deber de madre para impedirlo. No la protegió y la abandonó y por eso fue agredida sexualmente y acabó muriendo». La acusación considera que, aunque en su entorno «saltaron todas las alarmas», Davinia «dio prioridad absoluta» a conservar a su entonces pareja, que la protegía a toda costa y que «era indiferente» a lo que le pasara a su hija pequeña, tesis que tratará de demostrar con el testimonio de familiares, policías y médicos. «De hecho, Davinia nunca mencionó que conviviera con ellas un hombre, ni a la Policía ni a las funcionarias de Servicios Sociales y al principio desvió la atención sobre las lesiones de la niña hacia su anterior pareja, el padre de Sara, argumentando que la maltrataba psicológicamente, de forma que la Policía derivó el asunto al juzgado de violencia contra la mujer» , recordó. Es por ello que se le considera autora por omisión del maltrato, las lesiones, la violación y el asesinato y, a mayores, se le imputa un delito de abandono de familia.

Adelantó la fiscal al jurado que la base acusatoria principal de este caso, sin testigos directos «porque todos los hechos se cometieron en la intimidad del hogar familiar», son los informes médicos que atestiguan «las lesiones reiteradas». Tanto los testimonios de los pediatras que «se alarmaron y llamaron a la Policía» el 11 de julio, cuando Davinia llevó a su hija Sara al hospital Campo Grande, como los análisis forenses sobre las lesiones que le causaron la muerte a la niña y otras anteriores. Y la prueba de la violación. «Los forenses vieron que se le había penetrado parcialmente por vía vaginal y anal, y murió por los golpes que tenía».

Para la Fiscalía, la autoría de estas agresiones reiteradas que acabaron con la vida de la menor está clara y hay indicios suficientes que señalan a Roberto. «Existe una coincidencia temporal entre las lesiones de la niña y la permanencia del acusado en el domicilio», subrayó. Era él quien se quedaba en casa al cuidado de la pequeña y de su hermana Andrea, también menor, cuando la madre se iba al trabajo. Además, «hay pruebas de que estaba obsesionado con la niña, se levantaba muchísimas veces por la noche, cuando Davinia dormía, para ir a la habitación de las menores. Y la niña le tenía miedo, le evitaba». Otro indicio que apuntalaría la culpabilidad del encausado, según el ministerio público, es que se mostraba reticente a que se llevara a la pequeña al médico cuando ocurrieron las lesiones más graves y se oponía también a que intervinieran los tíos maternos de la pequeña e incluso las empleadas de servicios sociales.

Para adelantarse a uno de los argumentos que seguramente empleará la defensa, basado en que no había ADN de Roberto en el cuerpo de la menor, la fiscal Álvarez indicó que «los forenses explicarán que la penetración puede hacerse con objetos o con el dedo y si no hay semen es muy difícil encontrar restos porque, además, el acusado tuvo tiempo de lavar a la niña». Los vestigios que sí se encontraron en el registro de la vivienda de la Rondilla y de las prendas personales realizado por la Policía fueron cabellos de Sara y sangre de ella en el interior de un pantalón corto que el acusado utilizaba para dormir, además de restos de ADN del reo en las uñas de la niña, que le habría arañado en las manos y en los brazos.

También tratará de debilitar durante el proceso otro de los argumentos centrales de la única declaración realizada por Roberto, en la que insistió en que fue él quien llamó al 112 alertando de que la niña estaba muy mal. «Pero no llamó directamente, lo hizo cuando, tras llamar a Davinia, esta no le contestó, llamada en la que perdió once minutos».

El juicio arrancó al filo de las dos de la tarde. Después de que la letrada de la Administración de Justicia leyera las peticiones de condena que realiza la Fiscalía y las acusaciones para los procesados por seis delitos de lesiones, maltrato habitual, violación a menor de 16 años, asesinato y abandono de familia, el presidente del tribunal, Feliciano Trebolle, pidió al jurado que se pronunciara sobre si era conveniente que se desarrollara la vista a puerta cerrada o, por el contrario, que fuera audiencia pública aunque con algunas limitaciones para preservar el honor de la niña asesinada. El jurado se decantó por esta segunda opción, la preferida también por el veterano magistrado.

La otra cuestión que se resolvió antes de que comenzara la vista fue la petición de suspensión realizada por el letrado Ángel Núñez, defensor del acusado, hasta que se realizara una prueba, el estudio del teléfono de su representado para determinar su ubicación entre el 22 de julio al 2 de agosto de 2017. A ello se opusieron el resto de las partes por considerar que la prueba era «extemporánea». El defensor insistió en que su intención no era demorar el juicio y en que esta prueba era necesaria para «un juicio justo», pero Trebolle declaró «improcedente» la suspensión de la vista. No obstante, sí aceptó remitir a la Policía Científica el teléfono del acusado para realizar un estudio sobre su localización entre los días 11 al 22 de julio de 2017, ya que esta prueba se había pedido con anterioridad y se había admitido.

La tardanza por la dificultad en constituirse el jurado y alguna incidencia técnica retrasó la programación del primer día, de manera que solo hubo tiempo para escuchar la intervención del ministerio fiscal. Para hoy está previsto que presenten sus estrategias las acusaciones, así como los letrados de ambos procesados. Davinia Muñoz y Roberto Hernández declararán ante el jurado, a no ser que se acojan a su derecho a no hacerlo.