Las estafas detectadas en la RGI se duplican este año

Estos datos se conocen después de la gran estafa destapada estos días. O.N., senegalés de 41 años, ideó una trama con la que ha conseguido estafar a Lanbide más de un millón de euros a lo largo de una década, según informaron ayer fuentes oficiales. Se trata del mayor desfalco en ayudas sociales descubierto en Bizkaia en los últimos años y de los más importantes del País Vasco. El «ideólogo», como le califica la Policía Nacional en la nota de prensa que confirmaba ayer la información publicada por EL CORREO, «creó 62 identidades falsas» para burlar los controles de la Renta de Garantía de Inserción, conocida como RGI, el salario que la sociedad vasca otorga a personas en riesgo de exclusión.

Junto con él fueron detenidos otros 22 inmigrantes, la mayoría de ellos originarios de Latinoamérica, El Sahel -donde se ubican países como Senegal, Mali, Nigeria o Sudán- y el Magreb. O.N. utilizaba al resto de miembros de la organización para que se presentasen físicamente en las oficinas de Lanbide con pasaportes y documentación falsificados para hacerse pasar por esas identidades ficticias y solicitar las ayudas sociales que en Euskadi se conceden a personas y familias en situación de necesidad. Él volaba a menudo a su país de origen. Los investigadores llegaron a contabilizar hasta una treintena de viajes, lo que indicaba su elevado nivel de vida, incompatible con el de una persona que cobra la RGI.

El principal investigado «aleccionaba» al resto de los implicados para que presentaran solicitudes de ayuda en diferentes localidades vizcaínas como Durango, Iurreta, Santurtzi, Berriz, Basauri o Getxo. El grupo tenía divididas sus tareas. Mientras unos completaban los trámites para cobrar el salario social, otros se encargaban de alquilar viviendas y empadronar en ellas a las «personas inventadas» por la organización. En la mayoría de los casos, los dueños de los pisos o habitaciones arrendadas desconocían la actividad ilegal.

Cuando se detecta una de estas irregularidades, el salario social que percibían los infractores se suspende de forma cautelar inmediatamente. Por comparar, en 2021 el número de perceptores de la RGI en el País Vasco fue de 53.695, con subidas y bajadas en función de los meses, mientras que el pasado mes de mayo, las personas que recibían la ayuda eran 50.391.

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, recordó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, que los casos de fraude en el cobro de ayudas sociales «son minoritarios» y valoró que existe «un control permanente para detectarlos» tanto de los responsables de Lanbide como de los distintos cuerpos policiales.

Zupiria admitió que «no a menudo, pero sí de vez en cuando», los casos de estafa en las ayudas sociales son «noticia» y se felicitó de que, «tanto esta operación como otras anteriores que ha desarrollado la Ertzaintza», permitan detectar» las ilegalidades que se puedan estar produciendo para «restaurar esta situación».

Una nueva Ley, que se encuentra ya en tramitación parlamentaria, incluirá novedades en el control de la RGI, que se revisará cada tres meses a todos los perceptores. Además, se creará una unidad de inspección, por la que «resultará mucho más fácil acceder, pero también más difícil engañar», explicó una portavoz del Departamento de Empleo.