Denuncian relaciones sexuales entre educadoras y menores del centro de Zumarraga

Una vista del exterior del centro de menores Ibaiondo, en Zumarraga./Morquecho
Una vista del exterior del centro de menores Ibaiondo, en Zumarraga. / Morquecho

Un juzgado de Bergara investiga los hechos, desvelados por un representante de los vigilantes de seguridad de las instalaciones de internamiento

JAVIER PEÑALBA

Vigilantes de seguridad del centro de menores Ibaiondo, situado en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, denuncian la existencia de «relaciones íntimas» entre jóvenes que permanecen recluidos y educadoras, al igual que otras irregularidades, como un «peligroso tráfico e introducción y hallazgo de sustancias estupefacientes» dentro de la propia instalación. Esta situación, según se dio a conocer este jueves, fue puesta en conocimiento de la Policía en julio por el entonces portavoz de quince vigilantes que fueron subrogados a la empresa Delta y que desarrollan su actividad profesional en dicho centro de internamiento. La Dirección de Justicia afirma desconocer la existencia de dicha denuncia, que calificó de «barbaridad», y adelanta su disposición a colaborar con las autoridades judiciales.

La denuncia fue interpuesta a las 13.52 horas del 27 de julio en las dependencias del Cuerpo Nacional de Policía en San Sebastián. La misma está firmada por Óscar Bruña, que en la fecha de los hechos actuaba en nombre propio y como portavoz de quince de los dieciséis vigilantes de la empresa encargada de la seguridad en el complejo de reclusión de menores infractores. Bruña, que junto a otros dos compañeros fue objeto de un expediente disciplinario laboral que derivó en su despido, actualmente no presta su servicio en Ibaiondo.

La denuncia consta de 31 páginas y en la misma se aportan «19 documentos probatorios» que suman otros 59 folios más. En los mismos se detallan «delitos e infracciones administrativas», según indican los propios denunciantes, de los que, afirman, era conocedor el director del centro, de quien aseguran que «no solo no obró conforme a la legislación», sino que «conculcó nuestro deber de informar de la comisión de dichos delitos ante las fuerzas de seguridad para su persecución o seguimiento, caso de ser judicializados».

En la denuncia, el portavoz detalla que los hechos acontecieron entre septiembre de 2012 y el pasado mes de marzo. Desvela en este sentido, «el habitual y peligroso tráfico e introducción y hallazgo de sustancias estupefacientes» dentro del centro. Cifra en más de una treintena los casos en los que los vigilantes han intervenido sustancias estupefacientes tanto cuando intentaban introducirlas como ya dentro.

Traslado al juzgado

Sin embargo, lo que realmente destaca del contenido de la denuncia son las supuestas «relaciones íntimas» que, según afirma, mantienen los internos menores de edad y el «personal educativo». Fuentes consultadas indicaron que en los últimos cuatro años se habrían detectado al menos dos casos en los que dos educadoras habrían tenido relaciones con sendos internos.

De igual manera, advierten de la «desprotección de los menores frente a casuísticas de descontrol emocional», que son abordadas con la «aplicación de castigos y denegación de asistencia médica», aun cuando está protocolizada.

Fuentes consultadas indican que tras la recepción de la denuncia y «ante la gravedad de la situación descrita», los agentes de la Policía Nacional pusieron los hechos en conocimiento del juzgado en funciones de guardia de Bergara, donde se han incoado las oportunas diligencias. Asimismo, trasladaron el caso a la Fiscalía Provincial.

El denunciante asegura que las presuntas irregularidades habían sido elevadas tanto a los responsables de la empresa Delta Seguridad, a través de la persona destinada a la coordinación para los palacios de Justicia y centros de menores, como a la Dirección de Seguridad de Justicia de Gobierno vasco y también a la directora de Trabajo y Justicia.

Fuentes del Departamento vasco de Justicia dijeron este jueves desconocer la existencia de denuncia alguna en tal sentido, según manifestó Loly de Juan, directora de Justicia. «A día de hoy no tengo ninguna información ni conocimiento de semejante barbaridad», señaló.

De Juan mostró asimismo su extrañeza de que el firmante de la denuncia «jamás nos haya informado de todo ello, a no ser que se haya producido en los últimos meses. Yo, desde luego, no tengo ninguna comunicación. Ni siquiera tengo constancia de que se hayan incoado unas diligencias judiciales. El Departamento, la Dirección de Justicia e incluso el director de Ibaiondo, con el que he hablado hace unos minutos, no tienen información de la existencia de dicha denuncia», señala De Juan.

Desde Justicia afirman que «jamás» han tenido conocimiento de la existencia de relaciones íntimas entre menores ingresados y el personal educativo. «Habríamos actuado de inmediato si lo hubiésemos sabido», precisó Loly de Juan, al frente del cargo desde el año pasado.

No obstante, la directora reconoció que los intentos de introducción de droga son relativamente habituales, «pero son intentos y los vigilantes, que hacen muy bien su labor, los incautan casi siempre». De Juan, destacó que en cuanto se les dé traslado del contenido de la denuncia, «colaboraremos con la justicia. Los hechos que se denuncian son muy graves y nosotros estaremos para clarificarlos».

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