Denuncian que la venta de 2.500 hipotecas con deudas a un fondo buitre afecta a «centenares» de familias vascas
Stop Desahucios Euskadi denuncia en el Parlamento vasco que la firma compradora, «con sede en Irlanda», ya ha judicializado los primeros casos e incluso logrado que se subasten varios pisos
«La venta de 2.500 hipotecas con deudas ha dejado a centenares de familias vascas en las garras de los fondos buitre». Rosa García, representante de Stop Desahucios Euskadi, ha sido tajante este martes al denunciar en el Parlamento vasco la venta el pasado «28 de julio» por parte de Kutxabank de un paquete con estos préstamos afectados por diversos grados de morosidad a la firma Zima Finances, por el que ha recaudado 240 millones de euros. A su juicio, la entidad compradora ya ha iniciado las demandas judiciales para reclamar la deuda a estos propietarios con recibos de sus créditos impagados e incluso ha logrado ya la subasta de algunos pisos, como en el que todavía vive Laura en Vitoria. «Ella está amenazada por un desahucio que tan solo está pendiente de una orden judicial en cuanto se reclame formalmente su desalojo», según ha explicado Salvador González, también miembro de esta plataforma.
Saben que las 2.500 hipotecas vendidas al fondo de inversión se reparten entre Madrid, Málaga y el País Vasco, pero no pueden concretar la cifra de afectados en la comunidad autónoma. «Nos estamos enterando de casos de forma casi personal y tenemos constancias de varios en Gipuzkoa y Álava, aunque también los habrá en Bizkaia, y seguro que a raíz de esta denuncia pública van a notificarnos muchos», ha subrayado Rosa García durante su comparecencia en la comisión parlamentaria de Planificación, Territorial, Vivienda y Transportes.
Según ha lamentado, aunque esta actuación sea «legal», no es «ética», porque deja as los afectados «en una situación de emergencia terrible, en una absoluta indefensión». Entre otras razones, porque las entidades financieras en España se han adherido al «C´odigo de Buenas Prácticas Bancarias», que les imposibilita a desalojar a un cliente moroso de su piso por no pagar la hipoteca. «La ley establece cinco años de moratoria a cuotas muy bajas, para ayudar a esta familia a superar el mal momento y hacer frente a los pagos», ha añadido. En cambio, los fondos de inversión «no están sometido a estas limitaciones», por lo que han empezado casi de inmediato a exigir judicialmente el pago de las cantidades adeudadas bajo la amenaza del desahucio.
Salvador González, por su parte, ha criticado la actuación «especulativa» de estos fondos porque están reclamando la totalidad de las deudas, cuando «han pagado por estas hipotecas mucho menos». En ese sentido, ha asegurado haber corroborado de «aunque el precio medio que les ha costado cada uno de estos préstamos ronda los 99.000 euros, en algunos casos están reclamando hasta 400.000».
Desde los grupos parlamentarios Íñigo Martínez Zatón, de Elkarrekin Podemos-IU, ha remarcado que «ésta es la muestra más salvaje que he visto de la subasta colectiva del derecho a la vivienda». En su opinión, el objetivo de Kutxabank es «sanear sus cuentas quitándose de encima activos tóxicos, es decir, a todas aquellas personas que debido a la crisis tiene problemas para pagar la hipoteca». En su opinión «sería justa una aprobación pública» a la entidad financiera, por no tener en cuenta las consecuencias que genera esta decisión, y ha pedido «prohibir la actividad de todos los fondos buitre en torno a la vivienda» en Euskadi.
Desde el grupo de los Socialistas Vascos, María Jesús San José se ha sumado a las críticas por la «situación insoportable» en la que esta venta ha dejado a los afectados. Y, en ese sentido, ha remarcado las medidas que se aplican en el País Vasco para frenar en la medida de lo posible las consecuencias de un desahucio.
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iñigo Fernández de Betoño ha criticado el «salto cualitativo que ha dado Kutxabank en la venta de sus activos tóxicos». Según ha explicado, en 2014 ya vendió a un fondo de inversión por 930 millones de euros varios suelos y promociones sin terminar de construir. Además, en 2019 recaudó otros 358 millones con la venta de «préstamos personales, y ahora se ha lanzado a las hipotecas».
Irune Berasaluze, del grupo Nacionalistas Vascos, se ha mostrado partidaria de que desde el Gobierno central se aprueben «leyes más garantistas» para proteger a los compradores de vivienda. En en plano autonómico, ha subrayado que las instituciones, «hacen buenas políticas de vivienda dentro de sus competencias y aquí hay menos desahucios que en otros lugares, además no tan relacionados con el impago de hipotecas sino con el de alquileres».
Desde Stop Desahucios han agradecido la solidaridad de todos los representantes políticos, aunque han echado en falta compromiso «para plantear medidas que impidan que estas subastas se vuelvan a producir». «Sabemos que Kutxabank prepara un nuevo lote, que denomina 'Proyecto Lezama', que afectará de nuevo a propietarios vascos para pagar sus hipotecas, porque las previsiones de esta crisis so presentan terribles», ha zanjado Rosa García.
