El demandante de Etxebide se hace mayor: 41,5 años de media

Hoy, sin embargo, este perfil ha cambiado radicalmente: sólo uno de cada tres de sus 65.792 demandantes actuales baja de esa edad y, además, el 60% del total ha encontrado ya otra forma de independizarse, pero aspira a mejorar su calidad. Mario Yoldi, director de Planificación y Procesos Operativos de Vivienda del Gobierno vasco, reconoce que el solicitante se ha hecho mayor «en reflejo de la evolución de la propia sociedad», pero también mete el dedo en la llaga: «Hay gente que en otros tiempos tenía expectativas y hoy no las tiene, ni siquiera opta a una vivienda protegida porque no se la puede permitir».

El responsable autonómico se refiere precisamente a la juventud actual. Un sector de población que, según dónde se ponga el baremo, disminuye a pasos agigantados. Porque sólo un 10,8% de los demandantes de Etxebide tiene ya menos de 30 años y apenas otro 1,7% entre 24 y 18, el mínimo permitido para optar a sorteos de viviendas protegidas. «Hablamos de unas franjas de edades que en la actualidad carecen en gran medida de ingresos propios para plantearse un alquiler y mucho menos la compra; no tienen capacidad de demanda y ya ni se apuntan», se sincera. No es baladí que, precisamente entre los 18 y los 19 años, el desempleo se dispare en Euskadi al 23,7% «muy por debajo del 13,4% autonómico que había en 2016».

De ahí que sean los 'adultos' los que van ocupando su lugar en la lista. Especialmente las personas entre 40 y 49 años, que representan ya el 28,2%, casi el doble que el porcentaje que presentaba el mismo registro hace nueve años. Y lógicamente, a mayor edad -la media general se eleva a 41,5 años-, cambia también el estado civil: el 27,3% son casados, once puntos más que en 2008, tiempo desde el que se ha multiplicado por cuatro el número de divorciados -11,1%-. Muchos de ellos, además, son inscritos «de larga duración», ya que uno de cada cinco ronda la década de espera a un piso protegido. Así que, a su juicio, «es lógico que muchos se hayan ido a vivir por su cuenta, principalmente en régimen de alquiler, sólo o compartido, y seguramente un gran número esté ahora mismo recibiendo la prestación complementaria de vivienda, que garantiza hasta 250 euros mensuales, que concede el propio Gobierno vasco».

En cualquier caso, casi todos ellos se entremezclan en otro grupo más amplio, el marcado por la precariedad económica. De hecho, bajan cada vez más los demandantes que demuestran tener cierta solvencia -sólo el 8,2% tiene ingresos anuales de entre 25.000 y 39.000 euros-, mientras que se dispara el número de las personas sin ningún tipo de recursos propios, que representan ya a casi una de cada cuatro. Yoldi vuelve a ser tajante a la hora de interpretar estos datos: «Recogemos a la gente a la que le ha ido mal, a la que más le ha golpeado la crisis».

Entre ellos el propio director de Planificación incluye a la mayoría de la población extranjera, que en los últimos años casi triplica su presencia en las listas del Servicio Vasco de Vivienda y supone ya el 29,5% de los inscritos. «En este caso la explicación es el aumento de la movilidad demográfica, con una mayor llegada de inmigrantes atraídos por la incipiente recuperación económica, pero que, en consecuencia, se caracterizan por su escaso poder adquisitivo», matiza Yoldi.

Con todo, según el último informe del Observatorio Vasco de la Vivienda, la realidad es que el número de solicitudes con las que trabaja Etxebide es cada vez menor. Las actuales 65.593 personas inscritas suponen prácticamente la mitad que hace una década. Una reducción que el propio responsable del departamento atribuye también al aumento de ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes, así como a las mayores exigencias que ha ido requiriendo el propio servicio para ofrecer su intermediación en la búsqueda de una vivienda protegida a precios asequibles.

«Ahora cada dos años exigimos una renovación de la solicitud y que el titular se decante por la compra o el alquiler -el 82% elige ya esta última opción-, cuando antes no había plazos determinados y, además, se podían simultanear las dos peticiones, lo que duplicaba los datos finales». El reto, en cualquier caso, sigue siendo el mismo que hace 30 años: situar la política pública de vivienda como un «rol estratégico para facilitar el acceso de los colectivos con más dificultades».