Seguridad rechaza indemnizar el alquiler frustrado de un helicóptero para la Ertzaintza

La licitación para el arrendamiento de la aeronave grande se publicó en febrero de 2021. Tras varios requerimientos de documentación a Seprogal, se adjudicó en octubre de 2022 a Babcock, empresa que después se retiró, y se declaró desierto el concurso, trámite recurrido por la UTE gallega, la segunda en puntuación.

En noviembre de 2023, la viceconsejería de Administración y Servicios excluyó la oferta gallega, aunque tras un recurso tuvo que continuar con el proceso. Finalmente, el Gobierno vasco renunció a la adjudicación del contrato en enero de 2025 alegando razones de «interés público» por el gran lapso de tiempo transcurrido, porque se encontraba en proceso de compra de un nuevo aparato y porque ya no existían las supuestas «razones operativas» que aconsejaban este tipo de aeronave. Seguridad argumentaba que la demora en el proceso de adjudicación les obligó a buscar otras opciones en el mercado «que asegurasen la disponibilidad de una flota de helicópteros que diera respuesta a las necesidades que, en materia policial y de búsqueda y rescate, ha de atender la Ertzaintza».

La firma presentó un recurso ante la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que quedó suspendido mientras avanzaba la vía administrativa. Descartan que exista un «interés público» y reprochan al Gobierno vasco que haya iniciado concursos paralelos para adquirir otros helicópteros. «No es que hayan pedido uno en medio del concurso, sino 14 helicópteros», protesta Javier Murua, gerente de Seprogal, que recuerda que el Gobierno vasco ha tardado «seis meses en contestar el recurso y luego se queja de la dilación del proceso». De hecho, en este tiempo, Seguridad ha adquirido dos nuevos aparatos 'gemelos', igual que los viejos H135, con menos capacidad y potencia que el que pretendía alquilar.

Las aeronaves antiguas, que databan de 1996, obligaban a volar a la unidad de helicópteros de la Policía autonómica con un solo rescatador y a llenar el depósito a la mitad para reducir el peso por la falta de potencia. En 2023, los ertzainas se negaron a realizar rescates en el mar al haber caducado el flotador de esas máquinas.

El último helicóptero comprado, con visión nocturna y flotadores en los patines para realizar acciones en zonas acuáticas con seguridad, llegó al hangar de la base de la Unidad de Vigilancia y Rescate (UVR) de la Policía autonómica en Iurreta el pasado 22 de julio. El lehendakari, Imanol Pradales, presidió la presentación de la aeronave. «Queremos dotar a la Ertzaintza de los mejores medios porque queremos que sea una Policía integral que dé un servicio integral», dijo. El Gobierno vasco ha invertido 8,3 millones en este segundo helicóptero, con un contrato de mantenimiento. El anterior se estrenó en junio de 2024.

El director de Recursos Generales, que firmaba el informe desestimatorio de la indemnización, alegaba que la mayoría de las facturas presentadas por la UTE correspondían a «viajes y seguros» de fechas muy posteriores al plazo de presentación de ofertas, que culminó en junio de 2021. Seprogal y Bigas Grup mantienen que «si no hubiesen estado inmersos en la licitación y no hubiesen tenido que defender durante años su derecho a ser adjudicatarios del contrato, nunca habrían incurrido en tales gastos».

En la actualidad, han presentado alegaciones al rechazo a su reclamación y se encuentran a la espera de respuesta oficial. En caso de que, finalmente, Lakua mantenga su negativa a indemnizarles, reactivarán el recurso en lo Contencioso para que sean los jueces los que decidan si el interés público justifica la renuncia al concurso o no.

«La pérdida que nos han supuesto estos casi cinco años de concurso tiene que ser resarcida. Además, han esperado al final de todo para renunciar», advierte Murua, en declaraciones a este periódico. «La Ertzaintza podrá hacer rescates, pero sólo cerca de la base y de uno en uno. Los políticos no saben de helicópteros y no se han dejado asesorar», critica.