Las multas del Gobierno vasco por uso fraudulento de la vivienda protegida suman 240.747 euros en 18 meses
El motivo por el que más se sanciona es la no ocupación del piso
Las inspecciones del Gobierno vasco para comprobar que la vivienda protegida cumple su función social ha dado como resultado sanciones por importe de 240.747 euros en el último año y medio. El consejero de Vivienda, el socialista Iñaki Arriola, ha dado a conocer este dato en el Parlamento en respuesta a una pregunta del parlamentario de su partido Eneko Andueza.
Solo tres días después de darse a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional que avala la expropiación del uso de los pisos libres deshabitados durante más de dos años o la imposición de un canon para forzar su alquiler, Arriola ha informado de que en 2017 se inspeccionaron 9.502 viviendas de las 75.000 que componen aproximadamente el parque de protección oficial. Es decir, un 12,6% del total. En los seis primeros meses de este año se han hecho 7.277 inspecciones.
Fruto de esta acción y de la comprobación de denuncias, en este periodo de tiempo se han incoado 270 expedientes sancionadores a otros tantos propietarios. «El motivo más frecuente para sancionar es la no ocupación de la vivienda protegida, que, como sabe, debe ser utilizada como residencia principal y permanente por el adjudicatario», ha detallado el consejero. La ausencia prolongada y no justificada de la vivienda de protección oficial ha supuesto 26 multas.
En tercer lugar se sitúa el alquiler no autorizado del piso, con 12 sanciones. Entre ellas, Arriola ha destacado la impuesta a un propietario que puso en alquiler su vivienda de VPO en una conocida plataforma para alojamientos turísticos. Por ello, ha tenido que pagar una multa de 1.500 euros por la no ocupación permanente de la vivienda y otra de carácter grave de 10.000 euros por alquiler no autorizado.
Arriola ha añadido que la intención de su departamento «es mantener la intensidad en el control de la utilización de la vivienda protegida, por lo que en próximas fechas el número de inspectores va a pasar de los ocho actuales a diez».
