Trabajadores de Osakidetza denuncian que las exigencias de euskera «discriminan» y provocan «pérdida de capital humano»

La plataforma pide que solo la mitad de las plazas incluidas en el proceso de elección de las OPE y las bolsas de empleo de Osakidetza «sean perfiladas» para atender al 18% de la población que exige relacionarse en euskera con esta administración y porque, aseguran, hay tantos puestos en los que se exige el conocimiento del idioma «que no se están cubriendo» y menos en aquellos lugares en los que los pacientes sí que necesitan relacionarse en euskera con los profesionales, mientras que a muchos servicios, incluso a las UCIS, accede personal que no ha aprobado la OPE y sin experiencia previa por dominar el euskera. Este colectivo, conformado por 685 miembros, considera que así se perjudica la asistencia sanitaria e incluso la propia atención en euskera. «Se crean barreras injustas para aquellos profesionales con larga experiencia en Sanidad, que aportan calidad a nuestro servicio de salud y que se ven desplazados y ninguneados. Además, estas medidas limitan la movilidad laboral de los profesionales, dificultando la contratación de personal cualificado. Esto podría tener consecuencias para la calidad y la eficiencia en Osakidetza, privando a la ciudadanía de los profesionales con mayor experiencia», argumentan.

Denuncian que «el colectivo de más de 55 años es el más discriminado por la situación. Gran cantidad de ellos quedan relegados a trabajar un día o dos días». Han ejemplificado diferentes casos, como el de un ingeniero que aprobó la OPE de 2018 con un 95, que trabajó 3 años y cuya jefa no tenía la OPE aprobada ni experiencia, y cuyo puesto ocupa ahora una persona que quedó la 150 en la lista. O un médico desde 2007 que en 2025 sigue sin estabilidad laboral, o de personas que se han marchado a otras comunidades tras 18 años en Osakidetza. Según relatan, se está permitiendo una «pérdida de capital humano, puesto que un buen número de estas personas llevan años trabajando terminan marchándose». Así, piden la exención lingüística a partir de los 55 años, tanto para fijos como para interinos, así como garantizar que todo el personal tenga oportunidades para liberarse y aprender euskera dentro del horario laboral, valorar como mérito los niveles A1 y A2 y las competencias de comprensión, exigir el mismo porcentaje de perfiles lingüísticos (el 50%) a todas las categorías de Osakidetza y recuperar las dos listas de contratación de aprobados y no aprobados como se hacía previamente.

Desde Vox, Amaia Martínez apuntó que «puntúa más un C1 que 20 años de experiencia» y recordó que solo un 18% de los pacientes quiere relacionarse en euskera con Osakidetza. «El consejero de Salud tampoco sabe hablar en euskera y eso no quiere decir que no esté capacitado para el puesto», lanzó. Laura Garrido, del PP, aseguró que el su partido ha liderado muchas propuestas para evitar que el euskera se convierta en un aspecto discriminatorio o una barrera. «Se ha convertido en un elemento determinante y de merma de la calidad asistencial y en un escenario de falta de profesionales, es una traba más. Debe imperar el sentido común, se producen situaciones injustas y contradicciones evidentes, estamos perdiendo talento porque se ha convertido en una traba y ahora se quiere contratar personal sin esas capacidades linguísticas, ¿en qué quedamos?».

Desde el PSE, Susana Corcuera apuntó que en un decreto que pactaron con el PNV en febrero de 2024 se recogían la creación de perfiles mixtos para adecuarse mejor a las necesidades de los puestos para dotarse de una mayor flexibilidad, la incorporación de perfiles A2 y garantías para adaptarse a la realidad sociolingüística al no ser lo mismo trabajar en Oion que en Hernani así como mantener la exención a los mayores de 45 años cuyos perfiles sean revisados. Además, aseguró que su partido está comprometido en reforzar la sanidad pública, avanzar en las liberaciones para estudiar euskera y en actuar desde la sensatez en la aplicación de la normativa. «No queremos que se deje de promocionar a personal que no necesita el euskera para su labor», aseguró. Desde EH Bildu, Rebeka Ubera apuntó que Osakidetza también debe garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía, que en otros lugares se exige el C1 para trabajar para la Administración, mientras que aquí «no, no es un requisito y nadie se ha quedado en la calle ni ha sido discriminado». Defendió, por su parte, que hay mucho para mejorar en cuanto a las facilidades para que se pueda aprender, pero que cada persona también debe hacer un esfuerzo personal y que el euskera «no tiene la culpa de la precariedad. No es una barrera, es una oportunidad».

Desde el PNV, Olatz Peón relató que Osakidetza hace grandes esfuerzos para euskaldunizar a su plantilla. Aseguró que los comparecientes proponen medidas que chocan con el marco legal, ya que solo aquellos con plaza fija se pueden acoger a la exención. Por otro lado, defendió que desde 2003 se vienen ofreciendo cursos fuera y dentro del horario laboral, que la aplicación de perfiles se viene haciendo de forma progresiva desde entonces y también en función del tipo de servicio y del entorno sociolingúistico en el que se sitúan. Así, en el primer plan el 33% de las plazas estaban perfiladas, en 2021 el 46% y en 2024 el 58%, aunque de éstas el 26% aún no tienen el PL correspondiente porque están en proceso. «No es bueno contraponer derechos. Las liberaciones dependen de varios factores, como el cumplimiento del plan de euskera y organizativas, que son públicas, pero siempre hay una excusa para no hablar euskera, como me dijo una vez un escritor».